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Política energética, recuento de daños de la 4T

Autor: Redaccion

El costo que la pandemia representará para México palidece con respecto al que tendrá la política energética; opina Luis Serra del Tec de Monterrey

Luis Serra

Decano de la Escuela de Ciencias Sociales

y Gobierno del Tecnológico de Monterrey

Durante décadas, la política energética del país estuvo cimentada sobre las bases del corporativismo posrevolucionario que emergió después de las primeras décadas del siglo pasado. Dicho sistema político se desenvolvió bajo una narrativa de modernidad y desarrollo económico; con aspiraciones de inclusión social, permitiendo así el crecimiento de gran parte de la infraestructura del sector energético actual. El apogeo de esa política ocurrió cuando, en un entorno de percepción sobre escasez del entonces activo más preciado del mundo, México solo necesitaba dedicarse a “administrar la abundancia”.

#Empresas| De acuerdo con el Plan de Negocios de Pemex, se necesitarían hasta 116 millones de pesos en 2022 para el proyecto de Dos Bocashttps://t.co/h6hWQ8LfPt

— Energía Hoy (@energiahoy) May 5, 2021

Sin embargo, esa embriaguez de autosuficiencia perduró hasta 2004 cuando ocurrió uno de los accidentes geológicos más grandes de la industria petrolera. Fue así como nuestro país se vio en la necesidad de repensar su política energética. Por supuesto, no es concebible que las nociones de un modelo de participación privada en la inversión dentro del sector energético en México fueron el resultado del cúmulo de años asociados al despilfarro y la falta de planeación, los objetivos cortoplacistas de gasto corriente y la corrupción, tanto en Petróleos Mexicanos como en la Comisión Federal de Electricidad o en la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Seguridad energética de EPN

La integración comercial cada vez mayor, suscitada a partir del último par de décadas del siglo XX, así como la creciente conciencia sobre los impactos medioambientales del sector, obligaban a dar un golpe de timón. Bajo esa concepción, la reforma constitucional en materia de energía del sexenio de Enrique Peña Nieto estableció el concepto de seguridad energética como uno de los pilares de la política que el país debía perseguir a futuro.

En el proceso de implementación de la Reforma Energética, en un contexto en el que México dejaba de ser un exportador neto para convertirse en un país con una balanza energética deficitaria, se logró la incorporación del país a la Agencia Internacional de Energía. Dicha agrupación fue creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el objetivo de velar por los intereses de continuidad en el suministro de energía para países no productores en un contexto de incertidumbre ocasionado por conflictos geopolíticos durante la década de los setenta.

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Por ello, no sorprende que tal instancia considere a la seguridad energética como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a precios asequibles. Adicionalmente, en esa concepción, la seguridad energética involucra consideraciones de largo plazo, las cuales están relacionadas a las inversiones conducentes para suplir energía conforme al desarrollo económico y las necesidades ambientales. Pero en el corto plazo, la seguridad energética exige la capacidad de los sistemas para reaccionar con prontitud ante cambios rápidos en el balance entre oferta y demanda.

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Definición

A la fecha, no existe una definición universalmente aceptada sobre qué es la seguridad energética. Es un concepto que presenta variaciones de acuerdo a los intereses, vocaciones y condiciones de cada país en el mundo. Asimismo, no se ha mantenido tampoco estático en el tiempo, y ha incorporado en su definición, en cambio, elementos que denotan nuevas realidades. El contexto de cambios en la demanda originados por la pandemia, así como eventos extremos relacionados al Cambio Climático, como lo acontecido a mediados de febrero en Texas, nos recuerda que se vuelve importante considerar la resiliencia de nuestros sistemas energéticos para atender las necesidades de la sociedad.

Por tal motivo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha anunciado un plan de estímulos para la recuperación económica de su nación, sumamente agresivo con componentes de infraestructura para la transición energética. No se trata de un hecho aislado en lo absoluto. China, hasta hace no mucho considerado un país en creciente prosperidad económica, pero “sucio” en cuanto a su matriz energética, todavía dependiente de fuentes fósiles, ha declarado su intención de convertirse en una economía de emisiones netas cero para 2060.

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COP26 rumbo a la descarbonización

Se espera que la Conferencia de las Partes a celebrarse el próximo noviembre de este año (COP26) sea el foro para la discusión sobre los detalles del plan maestro que incluye a más de 20 sectores de la economía global para articular acciones que conduzcan a una descarbonización en el planeta para mitad de siglo. No obstante, queda claro que las transformaciones requeridas involucran un esfuerzo colaborativo entre sectores, regiones, líderes, ciudades y países.

Es precisamente en esta coyuntura en la que la política energética de nuestro país es afín con las ideas y las condiciones que existieron en el mundo hace varias décadas. Y por eso aparece completamente ajena a una realidad que no solo afecta a sus habitantes, sino que más pronto que tarde, se traducirá en algo más que costos económicos o en pérdida de posiciones en rankings de atracción a la inversión, entre otros. El costo que la pandemia de COVID-19 representará para México palidece, con respecto al que tendrá la política energética que el Gobierno federal actual persiste en ejecutar.

Las estrategias para implementar con éxito un proceso de descarbonización de las economías generan beneficios económicos netos. Así lo evidencia un estudio realizado por investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Dirección de Cambio Climático del Gobierno de Costa Rica, Rand Corporation, la Universidad de. Costa Rica y el Tecnológico de Monterrey (TEC). En alrededor del 99% de los escenarios. hacia 2050, el plan de descarbonización de dicho país presenta beneficios económicos superiores a sus costos y, utilizando supuestos base, podría arrojar beneficios netos hasta por 41 mil millones de dólares (mmd) entre 2020 y 2050.

Los costos de la política energética actual

¿Qué nos sugiere esto? Hay una mala noticia y una buena noticia. El recuento de los daños de la política energética de la Cuarta Transformación (4T) ha sido ampliamente discutido en términos de los efectos que tiene para el dispendio de recursos públicos en empresas productivas del Estado (EPE) que, supeditadas a sus liderazgos sindicales y su correspondiente atractivo político-electoral, se niegan a transformarse en organizaciones de generación de valor.

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Asimismo, se han enfatizado las consecuencias que tiene en términos de perjuicios para los consumidores el retornar a modelos de suministro energético controlados por monopolios que además son ineficientes y generan pérdidas financieras en diversas líneas de negocio. De igual manera, se ha recalcado que las acciones de facto en la regulación del sector a través de órganos reguladores cooptados por el Ejecutivo en favor de los actores preponderantes (y del Estado), a pesar de contar con un marco institucional que propugna lo contrario, envía las señales inadecuadas para procurar certidumbre con respecto a la inversión.

También se ha discutido que desdeñar la transición energética hacia fuentes renovables, en favor de otros insumos de origen fósil tiene no solo como consecuencia el incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), sino que también habrá afectaciones a la salud pública tangibles a partir de concentraciones de partículas PM10. No obstante, el recuento de los daños de la política energética de la presente administración tiene consecuencias de largo plazo que no son visibles el día de hoy y que, desafortunadamente, puede quedar enterradas en la memoria colectiva.

Una buena noticia

La buena noticia es que, si bien, la política energética está entrampada en las filias y fobias (o en los objetivos políticos) de un solo individuo, existen oportunidades cuyos planteamientos pueden sembrarse desde el ámbito local. Más de 700 ciudades en 53 países diferentes se han adherido a la agenda global para la consecución de emisiones netas cero hacia 2050. Esto significa que por cada ciudad que firmó el compromiso en diciembre de 2020 por primera vez, seis más se han sumado en los últimos cinco años. En junio de 2021, el país contará con el ejercicio electoral más grande de su historia. Este es el momento de ser partícipe de un esfuerzo global desde lo local. ¿Quién levanta la mano?

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