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Sanidad da el primer paso para revertir la gestión privada de los hospitales públicos

Autor: Elena Calvo

El sector privado cree que aumentarán las listas de espera y augura un conflicto competencial que acabará en el Tribunal Constitucional

Sanidad amenaza con una ley que limite la gestión privada de los hospitales públicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen reciente

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen reciente EFE

Elena Calvo

El Ministerio de Sanidad ya había anunciado su intención de llevar a cabo una ley de gestión pública sanitaria para limitar la presencia del sector privado en el sistema público de salud. Mónica García aseguró que se trata de convertir en ley el lema ‘la sanidad pública no se vende, se defiende’. Este lunes, su departamento ha sacado ya a consulta pública el proyecto de la norma, que se llamará ley de gestión pública e integridad del sistema nacional de salud, que tendrá como principal objetivo, según se recoge en el texto, «la limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro».

El documento, publicado en la web del Ministerio de Sanidad, señala que se facilitará la reversión de modelos de privado a público, es decir, que hospitales que en un primer momento estaban gestionados únicamente por la administración y luego pasaron a ser gestionados por una empresa privada (aunque sin perder la condición de públicos para los pacientes) vuelvan a depender exclusivamente de la administración pública.

La norma, prosigue el texto, pretende dar solución a «problemas» como la «pérdida de la capacidad de control en la gestión por parte de las administraciones públicas» o el «blindaje diferencial de los contratos con el sector privado, lo que ha redundado en la necesidad de repercutir doblemente las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión pública en los años en los que ha habido contracción presupuestaria». Sanidad cree que la normativa que hay actualmente al respecto ha permitido que impere la obtención de beneficios económicos a través del sistema sanitario, por lo que considera que son «elementos no deseables» con los que hay que acabar.

Así, el ministerio de García cree que el modelo de colaboración público-privado ha dado lugar a «sistemas paralelos de derivación entre centros sanitarios» en comunidades autónomas «en las que una empresa ha copado una parte significativa del mercado de la gestión privada de centros sanitarios públicos», así como a falta de transparencia en los pagos a las empresas que prestan los servicios.

Aunque el documento no menciona explícitamente estos conceptos, la ministra Mónica García se refirió cuando anunció que su departamento trabajaba en esta norma a que el principal objetivo de la misma sería «evitar la corrupción y la parasitación» del sector público sanitario por parte de empresas privadas.

La futura ley, defendió igualmente la titular de Sanidad, «no significa que no se pueda concesionar, conveniar y que no pueda haber diferentes contrataciones de algunos servicios o de algunas provisiones», pero «la privatización de la sanidad», continuó, «ha servido para que haya más mortalidad y menos calidad», dijo aludiendo a un informe de la Universidad de Oxford sobre el caso de la sanidad británica.

«Evitar que la sanidad se venda al peor postor»

La ministra se ha referido este lunes al inicio de la tramitación de la norma, celebrando que con ella, «se da un carpetazo a la Ley 15/1997 (sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud) que abría la puerta a modalidades de gestión que lo que han hecho ha sido deteriorar nuestro Sistema Nacional de Salud«. En este sentido, ha afirmado que el compromiso de su departamento es «evitar que la sanidad se venda al peor postor» y ha aludido a que la evidencia científica ha demostrado «que de esas nuevas fórmulas de gestión no han salido mejoras en la salud de la población, sino todo lo contrario».

El sector privado, por su parte, lamenta que la ministra hable así de ellos. En concreto, la Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) ha criticado las expresiones «altisonantes e innecesarias» de García, pues a su juicio estas declaraciones «contribuyen a criminalizar la actividad legítima de un sector que siempre ha trabajado con la máxima responsabilidad y consciente del importante papel que desempeña en la provisión de asistencia sanitaria a los ciudadanos», según ha trasladado Carlos Rus, presidente de Aspe, mediante un comunicado.

Un coste de 2.746 millones al año

Además, la sanidad privada cree que es «irreal» que el sistema sanitario se gestione exclusivamente de forma pública y considera que los problemas que ya tiene actualmente irán a más. «La eliminación de conciertos llevarán de forma predecible e irresponsable a una situación de agravamientos de salud en cientos de miles de usuarios, al incrementar previsiblemente las listas de espera, ya en cifras muy elevadas. La colaboración público-privada es la única alternativa para paliar esta situación», ha apuntado Rus. Según sus cálculos, acabar con los conciertos supondría un gasto de 2.746 millones de euros anuales.

Aspe cree también que la norma provocará un conflicto competencial con las comunidades autónomas que puede acabar en el Tribunal Constitucional. «Se está limitando a las comunidades en su capacidad de gestión, eliminando una posibilidad de colaboración que supone un gran alivio en momentos de demanda puntual de algunas intervenciones quirúrgicas, más necesario aún si cabe en los tiempos actuales, en los que los ciudadanos padecen listas de espera en cifras históricas semestre tras semestre», dice el presidente de la alianza.

También el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación Idis) lamenta que la limitación de los acuerdos con el sector privado que impondría la ley «solo se traduciría en problemas para la accesibilidad, el acceso y la atención de los usuarios» del sistema, según han denunciado en una nota remitida a los medios de comunicación. Igualmente, se mantiene a la espera de conocer en qué términos se redacta finalmente la ley. Por otra parte, Idis sí se muestra partidario de un «acuerdo en la creación o renovación de un marco de relación consensuado entre el sector privado y el sector público que permita colaborar en condiciones de seguridad y transparencia para todas las partes, y de calidad y seguridad para los pacientes».

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