El Partido Popular votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería. Los ‘populares’ han tomado esta decisión después de la reunión entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Durante las últimas horas habían reclamado la declaración de la “emergencia migratoria” en todo el país. Y, además, tras la Conferencia Sectorial de Inmigración que ha sentado a las regiones con el Ministerio de Infancia, han expresado el malestar porque no ha acudido la responsable de la cartera, Sira Rego, sino cargos intermedios.
Según ha podido saber RNE de fuentes del PP, le desean al Gobierno “suerte” con “sus socios” de Junts para sacar adelante la modificación del texto legislativo. Sin el Partido Popular, los catalanes son fundamentales este martes para que prospere la votación de la reforma de la Ley de Extranjería. Sin embargo, los de Puigdemont defienden que solo apoyarían la iniciativa si se excluye a Cataluña del reparto de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo descarta aceptar esta posición. Y, si la vía parlamentaria fracasa, el Gobierno pretende reformar su articulado por decreto ley.
La nueva normativa aspira a fijar una distribución obligatoria cuando las plazas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla estén al 150% de ocupación.
Esta tarde, tras la Conferencia Sectorial de Inmigración, varias comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia, Aragón o Cantabria, han evidenciado las dificultades para alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Así, han denunciado el “colapso” que sufren fruto de la “crisis migratoria” por lo que han solicitado, entre otras medidas, el aumento de la financiación o la celebración de una Conferencia de Presidentes.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha salido “sin obtener ninguna respuesta” por parte del Gobierno a sus demandas, según ha lamentado.
Dávila ha explicado que en el encuentro “todas y cada una de las comunidades autónomas” han “reiterado” las “serias dificultades” para atender a los menores extranjeros no acompañados, tal como les corresponde.
En este sentido, ha asegurado que salen de la Sectorial “sin el compromiso del Gobierno de una financiación adecuada al dimensionamiento de estos recursos”, así como “sin un compromiso de convocar la Conferencia de Presidentes” que reclama la Comunidad de Madrid para abordar esta cuestión y “sin un compromiso de declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional”, pues, ha insistido Ana Dávila, esta crisis migratoria “afecta a todas las comunidades autónomas”.
Murcia y Extremadura lamentan la falta de financiación
Por su parte, el Gobierno regional de Murcia, también en manos del PP, ha lamentado que el Ejecutivo central “siga sin un plan de acción y sin financiación para abordar la crisis migratoria que está afectando a todo el país, principalmente, a las comunidades de Canarias, Ceuta y Melilla, y también a la propia Región de Murcia”.
Según un comunicado de la Comunidad Autónoma, la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha trasladado ese planteamiento a la reunión del Ministerio con las comunidades autónomas, y expuso que es “inadmisible que, a estas alturas, el Gobierno de Sánchez siga sin asumir su responsabilidad y nos convoquen a una Conferencia Sectorial sin unas políticas migratorias y sin fondos económicos que ayuden a las comunidades y a los municipios a gestionar la acogida de forma equitativa y con garantías, no solo en la primera acogida, sino en el medio y largo plazo”.
La Junta de Extremadura ha lamentado que la Conferencia ha concluido “sin una respuesta clara por parte del Gobierno central, sin un plan de acción y sin la financiación necesaria“, en la que se ha solicitado una “declaración de emergencia migratoria para resolver la crisis migratoria que atraviesa el país”.
Tras la reunión, el consejero ha reiterado “la falta de política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez”, por lo que ha resaltado que desde la Junta de Extremadura reclaman “una política de Estado en esta materia”, a lo que ha añadido que “si el Gobierno central es incapaz de gestionar la situación que solicite la ayuda de la Unión Europea”, ha apuntado.
La Junta acusa al Gobierno de “desentenderse” de los migrantes extutelados
La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha acusado al Gobierno de “dejar de lado y desentenderse” de los jóvenes migrantes extutelados, ya que “sigue sin un plan de respuesta, ni financiación” ante la crisis migratoria que afronta España y, específicamente, Andalucía.
La consejera ha vuelto a exigir al Ejecutivo que asuma “su responsabilidad y sus competencias directas” en migración y ha recordado que Andalucía cuenta con más de 500 menores migrantes acogidos en su sistema y algunos en unos meses cumplirán la mayoría de edad, por lo que necesitarán recursos de acompañamiento y atención, ha informado en un comunicado su departamento.
En este sentido, ha advertido de que, a lo largo de los próximos meses, “esta situación llevará a una sobreocupación en los programas de atención a jóvenes migrantes extutelados”. De hecho, ya están casi al 80 por ciento de ocupación los recursos dirigidos a jóvenes migrantes extutelados, ha apuntado la consejera andaluza.
Cantabria, Galicia y Aragón piden una Conferencia de Presidentes
El Gobierno de Cantabria ha reclamado la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar una política migratoria “global y estratégica”, en lugar de tomar medidas puntuales que, a su juicio, “agravan el problema”.
La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha considerado urgente la declaración de la emergencia migratoria a nivel nacional. “La presión migratoria que está sufriendo España en estos momentos es una situación sin precedentes”, ha afirmado en un comunicado Gómez del Río.
“El Gobierno pide inclusión, pero obvia la financiación“, ha lamentado la consejera cántabra, quien ha subrayado que “no puede haber competencias sin financiación”.
La Xunta de Galicia se ha posicionado en la misma línea, ha solicitado la celebración de una Conferencia de Presidentes y la declaración de emergencia migratoria por parte del Gobierno, una herramienta que, han asegurado, permitirá solicitar ayuda a la UE.
Galicia ha mostrado su “solidaridad” con las personas migrantes, si bien ha reivindicado la necesidad de “una mayor planificación” por parte del Ejecutivo central, al que han solicitado que los datos de las personas que lleguen este verano a Galicia se transmitan “con la mayor celeridad y con la mayor exactitud posible”.
Por su parte, Aragón ha defendido que la crisis migratoria no puede abordarse desde la imposición y sin recursos materiales y económicos suficientes, sino que debe tratarse en una Conferencia de Presidentes.
Acerca de la modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés ha lamentado que “el Gobierno de España no quiere negociar ninguna propuesta con nadie más allá de sus socios habituales“.
Además, ha criticado que el borrador con la propuesta del Ministerio al respecto ha sido remitido a las comunidades autónomas con muy poco margen para poder estudiarlo, en la mañana de este lunes.
Canarias pide al Estado que escuche a las comunidades autónomas
La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reiterado este lunes la emergencia que vive el archipiélago en materia migratoria y la necesidad de que el Estado escuche a todas las comunidades autónomas para abordar tanto el traslado de mayores migrantes a otros territorios de la Península como el reparto de menores migrantes que llegan a las costas canarias sin acompañamiento.
“Estamos ante un problema de Estado en el que debemos colaborar desde todas las instancias porque la solución solo pasa por el diálogo y la escucha a todas las comunidades autónomas”, ha indicado la consejera, que ha insistido en que la inmigración es un fenómeno estructural que España debe afrontar como país: “La llegada de nuevas personas a nuestro territorio es una oportunidad, pero también entraña desafíos en materia de atención de servicios sociales que debemos ser capaces de planificar conjuntamente”.
En ese sentido, Delgado también ha aprovechado la presencia de todas las comunidades autónomas para pedir “un esfuerzo por todas las partes” y que “la responsabilidad y el sentido común primen frente a las ideologías” ante la reforma de la Ley de Extranjería que busca facilitar la acogida de menores migrantes en todo el territorio español y que mañana se debate en el Congreso.
Asturias afirma que el reglamento atiende las “consideraciones” de las CC.AA.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias, Marta del Arco, ha afirmado que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, que se va a debatir este martes en el Congreso, tiene en cuenta las “consideraciones” de las comunidades autónomas.
A través de unas declaraciones remitidas por el Gobierno asturiano, Del Arco ha explicado que ha habido “un reconocimiento generalizado” a las propuestas autonómicas “y lo que queda ahora es ponernos a estudiarlo”.
En ese sentido, ha afirmado que el nuevo reglamento “moderniza” y “garantiza derechos fundamentales” al “alinearse” con la normativa europea, “al facilitar la inclusión total de las personas inmigrantes” introduciendo cuestiones relativas al mercado laboral y la formación e introducir cuestiones que afectan a los visados.
