En los últimos dos años, Stefan Andrés Correa viajó 45 veces desde Estados Unidos a Colombia. La frecuencia en sus visitas lo puso bajo la lupa de las autoridades. Al investigar, descubrieron que el hombre de 42 años era un pederasta que repetía los viajes para abusar sexualmente menores de edad en Medellín, Antioquia. Por ello, el pasado 19 de abril fue capturado en un aeropuerto de Miami acusado de “tráfico sexual de un menor e intento de viaje para mantener una conducta sexual ilícita”. De acuerdo con comunicados de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos, fue detenido cuando, de nuevo, pretendía viajar a Colombia.
En la detención, las autoridades de Estados Unidos le encontraron nueve celulares en los que tenía numerosas pruebas de sus delitos. En los dispositivos tenía desde grabaciones de los abusos sexuales —que compartía con otros adultos— hasta conversaciones con un proxeneta en Colombia que, al parecer, era su intermediario con las niñas en Medellín. La emisora W Radio publicó algunos segmentos de las conversaciones entre Correa y el proxeneta, en las que el estadounidense reitera su preferencia por niñas de entre 11 y 12 años y detalla cómo deber ser su contextura física. En un fragmento, aún más crudo y escabroso, el sujeto exige que las niñas deben soportar las torturas a las que él desee someterlas, a cambio de regalarles celulares y pagarles 300.000 pesos (alrededor de 75 dólares).
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció por primera vez sobre el caso este martes. En su perfil de X señaló que la captura de Correa se logró gracias a la acción coordinada entre su administración y las autoridades de Estados Unidos. Ese mismo martes, Correa quien trabajaba como farmaceuta en Florida, estaba enfrentando una audiencia de imputación por cargos que podrían condenarlo a una sentencia de al menos 15 años en prisión, pero que podría llegar a la cadena perpetua.
El arresto de Correa se suma a los de más de una docena de extranjeros que han sido detenidos en el último año por delitos de tráfico y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Colombia, en su mayoría, cometidos en la capital de Antioquia. El caso más reciente y que logró gran visibilidad fue el de Timothy Alan Livingston, otro ciudadano norteamericano acusado de explotación sexual tras ser encontrado con dos menores de edad en un hotel.
El caso de Livingston fue clave para dar con Correa pues, según reveló Gutiérrez en una rueda de prensa este miércoles, una de las niñas que fue abusada por Livingston indicó la presencia de otro estadounidense. “Cuando se entrevistan las víctimas de Timothy Alan se llega a la información de este sujeto, [Stefan Andrés Correa], quien pagaba el arriendo y la alimentación de las niñas en diferentes sitios de la ciudad para seguirlas explotando sexualmente”, afirmó el alcalde. Gutiérrez también alertó sobre la existencia de una mafia que se lucra de la explotación sexual de menores de edad, de la que tanto Livingston como Correa eran clientes. El coronel Edwin Urrego, de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, confirmó a varios medios la existencia de una red de pedofilia liderada por colombianos que por la web ofrece servicios sexuales con menores de edad a extranjeros.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre el caso Correa. Hace algunas semanas, el presidente Gustavo Petro anunció que Colombia iba a solicitar la extradición de Livingston, aunque Univisión ha informado que ni siquiera los familiares del pedófilo tienen certeza de su paradero. Tampoco se ha pronunciado el Ministerio de la Igualdad, donde está vacante hace una semana el viceministerio de la Mujer, tras la renuncia de Diana Gómez, ni lo ha hecho el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esas instituciones son decisivas en la lucha contra un flagelo que no solo se vive en Medellín, sino en otras grandes ciudades como Cartagena, Cúcuta o Bogotá.
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