ATLANTA –
Las cárceles de Georgia ahora deben revisar el estatus migratorio de los reclusos y, según la nueva ley, la policía acusó a un venezolano del asesinato de una enfermera de secundaria en el campus de la Universidad de Georgia.
El gobernador Brian Kemp firmó la legislación el miércoles en el Centro de Capacitación en Seguridad Pública de Georgia en Forsyth. La mayoría de las disposiciones entran en vigor de inmediato.
El gobernador republicano aprobó una legislación separada que requeriría una fianza en efectivo para 30 delitos graves más y evitaría que personas y organizaciones benéficas pagaran la fianza de más de tres personas al año a menos que calificaran para una compañía de fianzas. Esta ley entrará en vigor el 1 de julio.
Kemp dijo el miércoles que el proyecto de ley de inmigración, HB 1105, “se convirtió en una de nuestras principales prioridades después de la muerte sin sentido de Laken Riley a manos de alguien que estaba en este país ilegalmente y ya había sido detenido después de cruzar la frontera”.
José Ibarra fue arrestado bajo cargos de asesinato y agresión por la muerte de Riley, de 22 años. Los funcionarios de inmigración dijeron que Ibarra, de 26 años, ingresó a Estados Unidos sin autorización en 2022. No se sabe si solicitó asilo o no. El asesinato de Riley desató una tormenta política cuando los conservadores utilizaron el caso para culpar al presidente Joe Biden por el fracaso de la inmigración.
“Si una persona ingresa ilegalmente a nuestro país y comete otros delitos en nuestras comunidades, no permitiremos que sus delitos queden impunes”, dijo Kemp.
Los opositores advierten que la ley convertirá a la policía local en policía de inmigración y hará que los inmigrantes sean menos propensos a denunciar delitos y cooperar con las autoridades. Los opositores también señalan estudios que muestran que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que los estadounidenses natos.
La ley tiene requisitos específicos de que los funcionarios penitenciarios deben comunicarse con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para determinar si los reclusos se encuentran en el país ilegalmente. Anteriormente, la ley de Georgia sólo alentaba a los funcionarios a hacerlo, pero la nueva ley tipifica como delito “deliberada y deliberadamente” no verificar el estatus migratorio. La ley también niega financiación estatal a los gobiernos locales que no cooperan.
La ley también exige que las cárceles locales que se sabe que tienen un acuerdo 287(g) con ICE ayuden a los funcionarios penitenciarios locales en la aplicación de la ley de inmigración. No está claro cuántas solicitudes se aceptarán porque la administración del presidente Biden ha rechazado el programa, que no permite a las fuerzas del orden locales realizar arrestos de inmigrantes específicos fuera de las cárceles.
Los republicanos han dicho que el Proyecto de Ley 63 del Senado, que exige una fianza en efectivo, es necesario para mantener a los delincuentes tras las rejas, aunque anula la enmienda de 2018 del exgobernador Nathan Deal para permitir a los jueces liberar a la mayoría de las personas acusadas de delitos menores sin derecho a fianza.
“Hemos visto una y otra vez que algunas de nuestras ciudades o pueblos han sido una puerta giratoria para los delincuentes”, dijo el vicegobernador republicano Bert Jones.
Los defensores de la medida señalaron que los jueces todavía tienen la discreción de fijar fianzas muy bajas. Una parte separada de la enmienda de 2018, que requiere que los jueces consideren la capacidad de pago de una persona, sigue siendo ley.
Pero la medida podría poner tras las rejas a acusados pobres cuando se les acusa de delitos por los que es poco probable que vayan a prisión, provocando una sobrepoblación en las cárceles de los condados de Georgia.
