California se ha convertido en el primer estado de Estados Unidos en prohibir que los distritos escolares exijan al personal notificar a los padres sobre cambios en la identificación de género de sus hijos. La ley, firmada por el gobernador Gavin Newsom, impide que profesores y personal escolar revelen la identidad de género o la orientación sexual de un estudiante sin su consentimiento.
La legislación busca proteger a estudiantes LGBTQ+ en hogares hostiles, según sus defensores. Sin embargo, los opositores argumentan que dificulta la transparencia entre escuelas y padres. Esta medida se enmarca en un debate nacional sobre los derechos de los padres y los estudiantes LGBTQ+ en los distritos escolares.
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Los detalles de la ley y su aplicación
Brandon Richards, portavoz de Newsom, destacó que la ley protege tanto a los estudiantes como la relación entre padres e hijos, evitando la intervención inapropiada del personal escolar en asuntos familiares. La ley responde a políticas previas en algunos distritos de California que requerían notificar a los padres si un estudiante solicitaba un cambio de identificación de género, lo que fue rechazado por funcionarios demócratas estatales.
Jonathan Zachreson, defensor de políticas de notificación a los padres, criticó la ley por considerar crucial informar a los padres para mantener la confianza entre escuelas y familias. En todo el país, varios estados han intentado imponer restricciones a la atención médica de afirmación de género y exigir notificaciones sobre la identidad de género de los estudiantes.
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El debate en la Legislatura de California fue intenso, con legisladores LGBTQ+ compartiendo experiencias personales sobre la dificultad de revelar su orientación sexual a sus familias. El asambleísta Bill Essayli, opositor de la ley, criticó a los líderes demócratas por bloquear un proyecto de ley que habría exigido notificar a los padres sobre cambios en la identidad de género de sus hijos.
En el Distrito Escolar Unificado de Secundaria de Anderson, se aprobó una política de notificación a los padres el año pasado, pero el sindicato de maestros recomendó a los docentes no aplicarla debido a una disputa laboral. Shaye Stephens, profesora y presidenta del sindicato, señaló que estas políticas colocan a los docentes en una posición injusta y potencialmente insegura para los estudiantes.
