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Alejandro Giammattei: los duros señalamientos contra el presidente de Guatemala

Autor: Angie Nataly Ruiz Hurtado

Toda una tormenta política rodea a Colombia y a Guatemala desde la noche del lunes. En esa oportunidad, el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunció que emprenderá una serie de acciones legales contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por su desempeño mientras estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) entre 2013 y 2019.

Según Currichiche, Velásquez aprobó acuerdos de cooperación anómalos en medio del proceso contra la empresa brasileña Odebrecht.

Para expertos consultados por EL TIEMPO, la acusación contra Velásquez hace parte de una ola autoritaria emprendida por el gobierno de Guatemala, encabezado en la actualidad por el presidente Alejandro Giammattei.

El actual mandatario es acusado por sectores sociales de reprimir la libertad de prensa y de ejecutar un retroceso en el Estado de derecho.

¿Quién es Alejandro Giammattei y qué críticas hay en contra del actual mandatario guatemalteco?

Giammattei: cuatro intentos para llegar a la presidencia

Alejandro Giammattei asumió la presidencia en enero de 2020, tras hacerse con el triunfo en la segunda vuelta de unos comicios marcados por la abstención.

No obstante, Giammattei no era una cara desconocida para la ciudadanía guatemalteca. Este antiguo médico se había postulado a la presidencia en 2007, 2011 y 2015. Cada una de sus postulaciones con un partido diferente.

Antes de eso, fue candidato a la Alcaldía de Ciudad de Guatemala en 1999 y 2003.

Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), la elección de Giammattei en 2019 ocurrió en un escenario atípico. El candidato Mario Estrada, por ejemplo, fue capturado en Estados Unidos acusado de vínculos con el narcotráfico.

(Le puede interesar: Por qué Guatemala quiere llevar a la justicia al Ministro de Defensa de Colombia)

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.

Al tiempo, Thelma Aldana, exfiscal general de la nación, fue apartada de las elecciones acusada de corrupción y Zury Ríos también fue retirada siguiendo la norma que impide que familiares de ex dictadores aspiren a dirigir el país.

Tras 12 años siendo candidato, Giammattei se hizo presidente en una elección con un nivel de abstención del 61,41%. En aquella ocasión, solo 1.9 millones de personas -de los cinco millones habilitados- le dieron su voto al ahora presidente, que terminará su periodo el 14 de enero de 2024.

Las críticas en su contra

No obstante, el gobierno de Giammattei ha sido objeto de múltiples críticas por parte de la comunidad internacional y de las organizaciones sociales.

“En Guatemala pasaba de agache el autoritarismo. Se habla mucho del autoritarismo en El Salvador, del autoritarismo en Nicaragua, se habla mucho de Venezuela, pero Guatemala ha pasado de agache muy a pesar de que por ejemplo ha habido exceso en el uso de la fuerza en manifestaciones en contra del gobierno, ha habido corrupción en las más altas esferas, ha habido judicialización de la política”, le dijo a este diario el analista Mauricio Jaramillo.

Hace un tiempo, Valeria Vásquez, analista de Control Risks para Centro América, le dijo a EL TIEMPO que “Alejandro Giammattei ha ejecutado un retroceso en el Estado de derecho al moldear un aparato judicial que ha sido puesto a su disposición”.

(Siga leyendo: Washington condena persecución de exfuncionarios anticorrupción en Guatemala)

También lo ve así Human Right Watch (HRW) que en su informe de 2022 señala que “el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado”.

El presidente Alejandro Giammattei y sus aliados profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala

Y es que una de las principales críticas a su mandato ha sido la falta de independencia del sistema judicial. En mayo de 2022, por ejemplo, Giammattei renovó el mandato de Consuelo Porras, actual fiscal general, quien estará en el cargo por cuatro años más.

Porras es acusada por el gobierno de los Estados Unidos de haber participado en “hechos significativos de corrupción”.

De hecho, el Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en la lista Engel y la acusa de obstruir y menoscabar “en forma reiterada investigaciones contra la corrupción en Guatemala con el propósito de proteger a sus aliados políticos y conseguir favores políticos indebidos”.

Pese a ello, tras reelegir a Porras como jefe del Ministerio Público, Giammattei señaló que los señalamientos mediáticos no tenían valor para intentar despojar a Porras de “su capacidad, idoneidad y honradez”.

En su informe de 2022, HRW señala que durante su primer periodo Porras impulsó procesos penales contra jueces, periodistas y fiscales independientes. Al menos 30 abogados y trabajadores del sector público han salido del país en los últimos años denunciando “persecución judicial” por parte de la Fiscalía.

(Además: Guatemala responde a Petro y llama a consulta a su embajadora en Colombia)

Maria Consuelo Porras, fiscal general de Guatemala.

“Todas aquellas personas que han jugado un papel fundamental en denunciar la corrupción, en promover persecuciones de casos de alto impacto han sido criminalizadas. Desde el conflicto armado interno no veíamos esos niveles de cierre del espacio cívico y de la libertad de prensa como hoy en día lo estamos viendo”, dice Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

Giammattei también es acusado de cerrar las puertas a la prensa, evitando el acceso a la información, y generando un clima hostil para la prensa independiente en dicho país.

Según las cifras de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), en 2022 hubo 117 ataques y limitaciones hacia la actividad de la prensa.

“Desde un inicio, cuando Giammattei asumió la presidencia, cambió las dinámicas de relacionamiento con la prensa, básicamente cerrando las puertas de Casa Presidencial, no concediendo entrevistas y negando información”, le dijo Méndez a este diario en el pasado.

Desde el comienzo del periodo de Giammattei en 2020, la APG ha registrado 404 ataques contra la prensa: 149 en 2020, 135 en 2021, 117 en 2022 y 3 durante las primeras dos semanas del 2023.

Entre esos ataques se destacan la obstrucción a la fuente, amenazas, intimidación y, sobre todo, el acoso judicial.

El caso más conocido es el del periodista José Rubén Zamora, presidente de ElPeriódico acusado en 2022 de lavado de dinero y tráfico de influencias y cuyo caso desató una fuerte ola de rechazo de las asociaciones internacionales de prensa.

“Le instamos a permitir que los periodistas de investigación trabajen con libertad y seguridad para abrir un nuevo capítulo en la historia de Guatemala, uno que defina al país como líder en la protección de la libertad de expresión en las Américas”, reza en una carta enviada a Giammattei en el mes de diciembre por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

(Siga leyendo: Odebrecht: Fiscalía de Guatemala señala a Iván Velásquez; mindefensa responde)

Ciudadanos y periodistas guatemaltecos realizaron un plantón para protestar en contra de la captura del periodista y presidente de El Periódico José Ruben Zamora.

HRW también señala que durante el gobierno de este político de 66 años se estancaron las condenas por delitos ocurridos durante el conflicto armado (1960 y 1996) y que los ataques contra defensores de derechos humanos se incrementaron.

A ello se suma que el mandatario fue acusado públicamente por testigos de recibir sobornos de empresarios rusos en una trama de corrupción y que su gestión también ha estado marcada por la compra de vacunas de la marca rusa Sputnik, que estuvo señalada de irregularidades por la forma en la que realizaron los pagos de las millones de dosis adquiridas.

Giammattei, en todo caso, ya entró en su último año presidencial en medio de fuertes críticas internacionales y con una aprobación que ronda el 19 por ciento, según datos de 2022 de la firma Cid-Gallup.

(Le puede interesar: Guatemala: detención de periodista reaviva debate sobre acoso a la prensa)

Sobre el caso de Iván Velásquez

Este lunes, tras la decisión del Ministerio Público de Guatemala de emprender acciones legales contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, las relaciones entre Guatemala y Colombia alcanzaron un punto de alta tensión.

Luego de que el presidente Petro defendiera al actual ministro, el presidente de
Guatemala, Alejandro Giammattei, llamó este martes a la cordura a su homólogo colombiano y le aclaró que en ningún caso se trata de una “persecución penal” contra Velásquez.

Pero Giammattei fue más allá en sus declaraciones: “Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego. Las diferencias entre las naciones deben ser resueltas por la vía diplomática para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir”, dijo Giammattei en una entrevista concedida a Efe en Madrid.

Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político

Méndez le dijo a EL TIEMPO que los comentarios de Giammattei respecto al caso Velásquez son una muestra de su talante autoritario.

(Además: ‘El error de un guerrillero’: la ofensa del presidente de Guatemala a Petro)

“Es preocupante porque una forma de determinar si un presidente es autoritario o no es justamente con este tipo de comentarios, porque desafían un orden jurídico internacional, desafían las relaciones diplomáticas”, dice.

Iván Velásquez, ministro de defensa

Foto:

Ministerio de Defensa

La directora de Wola para Centroamérica también señala que, de cara al futuro, las declaraciones de la fiscalía y de miembros del gobierno Giammattei señalan que el proceso contra Velásquez puede llegar hasta las últimas consecuencias.

“No hay, de momento, algo que pueda detener las acusaciones contra Velásquez. Veo muchas posibilidades de que este proceso avance y nos lo muestran también otros procesos de criminalización como el que existe contra la exfiscal Thelma Aldana, que trabajó de la mano de Iván Velásquez y quien tiene cuatro órdenes de captura, pese al respaldo internacional a su trabajo. Esto no tiene un freno, al contrario va en una escalada y por eso mi llamado a que la comunidad internacional ponga sus ojos en Guatemala”, concluye Méndez.

Para Jaramillo, el proceso contra Velásquez puede terminar en una orden de captura, como un mensaje del gobierno y el poder judicial de Guatemala.

“Para mi un escenario es que la fiscalía diga que hay que llegar hasta el final. Están enviando un mensaje a toda la gente que piensa distinto al establecimiento”, concluye el analista.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO 
REDACCIÓN INTERNACIONAL
EL TIEMPO

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