El tenso statu quo que reina tras los últimos ataques y represalias entre Israel e Irán ha supuesto un alivio momentáneo para una comunidad internacional aterrada ante la escalada del conflicto en Oriente Próximo. Pero la situación es demasiado precaria y volátil como para bajar la guardia. De ahí que la UE se apreste también a dar su visto bueno este lunes a la ampliación de sanciones contra Irán después de Estados Unidos y el Reino Unido, que el jueves anunciaron nuevas restricciones contra el régimen de Teherán.
Fuentes comunitarias y diplomáticas dan prácticamente por seguro que los ministros de Exteriores y de Defensa reunidos este lunes en Luxemburgo aprobarán la ampliación de las sanciones impuestas desde 2022 —tras el comienzo de la invasión rusa en Ucrania— a Irán por la producción y transferencia de drones a Moscú, para incluir también los misiles. Es una medida reclamada desde hace tiempo por varios Estados miembros, que acusan a la Comisión de haber “arrastrado los pies” demasiado tiempo en esta materia, extremo que Bruselas rechaza.
Al mismo tiempo, debería lograrse un acuerdo político para extender estas restricciones también a otros lugares de Oriente Próximo y castigar así el envío de drones o misiles iraníes a entidades no estatales aliadas de Teherán en la región, como los hutíes en Yemen, Hezbolá en Líbano o las milicias proiraníes en Irak.
Cuentan para ello con el mandato explícito de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, quienes en su cumbre extraordinaria en Bruselas la semana pasada, acordaron que la UE “tomara más medidas restrictivas contra Irán”, especialmente en materia de “vehículos aéreos no tripulados [drones] y misiles”, con el fin explícito de contribuir a la “desescalada y la seguridad en la región”.
Aunque la cuestión está sobre la mesa desde hace tiempo, nadie cuenta con que los altos responsables europeos lleguen a un acuerdo por ahora para una tercera sanción planteada: incluir a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas de la UE. Es un paso ya dado por Washington y reclamado también por algunos Estados europeos. Pero entre los Veintisiete sigue habiendo dudas tanto sobre si se puede legalmente dar ese paso (que requiere primero una decisión nacional al respecto, es decir, que un tribunal de alguno de los países de la UE la declare organización terrorista), como si —y eso es lo principal— es conveniente darlo y cerrar así aún más las estrechas vías de diálogo con Teherán.
Una alta fuente comunitaria indicaba en vísperas de la cita en Luxemburgo que, en todo caso, sería un gesto “simbólico, sin consecuencias prácticas”, porque la Guardia Revolucionaria ya está incluida en todos los demás regímenes de sanciones de la UE contra Irán. “Los tenemos ya en la lista por armas de destrucción masiva y por violaciones de derechos humanos. Así que las principales consecuencias ya están en marcha desde hace años”, subrayó.
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En cualquier caso, extender las sanciones ahora es considerado un “mensaje político” contundente tras el ataque sin precedentes con misiles y drones contra Israel la madrugada del 13 de abril. La comunidad internacional, que pide contención a todas las partes, espera dejarle claro así al régimen de Teherán que no permitirá que incendie la región. Un mensaje que EE UU y Reino Unido ya enviaron el jueves, cuando anunciaron nuevas sanciones contra varias organizaciones militares, individuos y entidades involucrados en la industria de drones y misiles balísticos de Irán.
La amenaza de sanciones europeas no es música nueva para Teherán. El régimen iraní lleva años bajo distintos regímenes de restricciones europeas, tanto por las violaciones y abusos de derechos humanos cometidas sobre todo dentro de sus fronteras —y reforzadas desde la represión de las protestas tras la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial en septiembre de 2022— como por su “apoyo militar a Rusia” y sus “actividades de proliferación nuclear”.
Tras las sanciones relacionadas con la guerra rusa en Ucrania, Irán es el país que más personas y entidades al que la UE ha impuesto restricciones: actualmente están en vigor un total de 473 sanciones financieras y 283 prohibiciones de viajar a territorio europeo, que afectan a 284 individuos y 189 entidades.
EE UU, mano dura con Irán desde 1979
La batería de sanciones contra Irán es la más extensa y punitiva que EE UU mantiene contra cualquier país. Miles de individuos y entidades, iraníes y extranjeras, se ven afectadas por ellas desde que Washington empezara a penalizar a la República Islámica en 1979 para forzarla a liberar a los capturados en su Embajada en Teherán durante la crisis de los rehenes. Desde entonces, y siguiendo los vaivenes de una relación casi constantemente hostil, los castigos se han extendido contra las actividades nucleares, las violaciones de los derechos humanos y la fabricación y venta de armamento contraria a lo contemplado en el derecho internacional. Y, ahora, contra la belicosidad de Irán hacia Israel.
EE UU bloquea todos los activos iraníes en su suelo e impide casi todo tipo de comercio de este país con Irán, a excepción de alimentos, material agrícola, fármacos, equipos médicos y otros productos humanitarios. También prohíbe la asistencia externa y las ventas de armamento.
Sus sanciones tienen como uno de sus grandes objetivos al sector energético iraní —uno de los grandes pilares de la economía nacional— y a las empresas extranjeras que inviertan o compren en esa industria. Pero también castigan al sector financiero y el banco central, así como diversos sectores de su economía, incluido el naviero, la construcción, la minería, los textiles, la automoción y las manufacturas. Penalizan asimismo a cargos del Gobierno iraní y el comercio de armamento.
Washington atribuye a la presión que ejercieron las sanciones el que Irán accediera a firmar en 2015 el tratado multilateral conocido como JCPOA, o Plan de Acción Conjunto y Exhaustivo, por el que Teherán aceptaba limitar su programa nuclear y someterlo a las inspecciones internacionales a cambio de la retirada de las sanciones occidentales relacionadas con sus actividades nucleares.
El pacto saltó por los aires con la llegada a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, que en 2018 reimpuso todas las sanciones revocadas y añadió otras nuevas, en lo que su Administración describió como una “política de máxima presión” para obligar a Teherán a negociar un acuerdo mucho más estricto. El régimen iraní nunca se sentó a esa mesa.
Durante el mandato del demócrata Joe Biden, Washington ha impuesto nuevas sanciones contra cientos de entidades iraníes por su papel en la venta ilícita de armas, la violencia contra los manifestantes y otras violaciones de los derechos humanos, la transferencia de material militar a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania, y la detención ilegal de nacionales estadounidenses. A las que se suman las impuestas esta semana contra la industria de drones, el sector automovilístico e individuos como castigo tras el ataque contra Israel.
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