La crisis humanitaria y política que vive Haití es tan relevante como los acontecimientos en la franja de Gaza o en Ucrania, ha subrayado este viernes el subsecretario de Estado de EE UU, Brian Nichols, en una charla con un grupo de periodistas internacionales, entre ellos EL PAÍS. “La situación en Haití es una crisis internacional tan importante como cualquier otro desafío que la comunidad internacional encara hoy”, ha apuntado el alto cargo, al instar a los países a hacer “aportaciones robustas” a la fuerza multilateral que se prepara y los esfuerzos de paz, un día después de que el nuevo Consejo Presidencial de Transición quedase establecido en una ceremonia en el palacio presidencial en Puerto Príncipe.
El flamante primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert, antiguo responsable de Economía y que sustituye al dimitido Ariel Henry, ha quedado ahora encargado del proceso de normalización que debe culminar en unas elecciones y la toma de posesión de un presidente elegido en las urnas en febrero de 2026, el primero desde el asesinato, en 2021, de Jovenel Moïsse.
Es un “momento clave” para Haití, ha apuntado Nichols, que el jueves saludaba la formación del consejo de transición como “un paso vital para el retorno de Haití a la gobernanza inclusiva”. Y en la conversación con la prensa este viernes ha añadido: “Ha habido frustración porque este proceso no haya progresado tan rápidamente como a los haitianos les hubiera gustado, pero es un proceso que finalmente ha permitido que todo el espectro político se haya puesto de acuerdo sobre un camino de consenso”.
El proceso encara desafíos descomunales: mientras los nueve miembros del consejo de transición tomaban posesión de sus cargos el jueves, el sonido de las balas en las cercanías recordaba que el 80% de la capital, y buena parte del país, sigue controlada por las bandas que en los primeros tres meses del año han matado a más de 2.500 personas, una escalada del 53% con respecto al mismo período de 2023, según los datos de la ONU. Esas bandas, ahora unificadas en el movimiento Vivir Juntos, bajo el liderazgo del expolicía Jimmy Barbecue Chérizier, y que impidieron en febrero el regreso al país del primer ministro Ariel Henry ―dimitido el miércoles―, continúan su rutina de asesinatos, violaciones y secuestros; y han prometido bloquear el proceso de normalización política.
Restablecer la seguridad es la prioridad absoluta. Una fuerza multilateral de más de un millar de integrantes, y encabezada por Kenia, debe llegar para apoyar al cuerpo de policía nacional haitiana que se enfrenta esas bandas. Pero su desembarco está aún pendiente de calendario y de fondos: el Gobierno en Nairobi esperaba a la jura del consejo de transición para reactivar los planes de envío, aunque este viernes ha indicado que está listo para retomar los preparativos de una fuerza de la que la ONU considera imprescindible un “despliegue inminente”.
Más acuciante aún es la cuestión de los fondos. Estados Unidos ha prometido, por el momento, 300 millones de dólares (280 millones de euros), de los que 200 millones (186, de euros) serán aportados por el Departamento de Defensa y los otros 100 (93,4 millones de euros) por el Departamento de Estado; así como equipamiento para la policía nacional haitiana. Pero calcula que serán necesarios entre 500 y 600 millones de dólares anuales (entre 467 y 560 millones de euros) para mantener esa fuerza. Nichols ha señalado que el primer año el costo será mayor, y ha expresado su esperanza de que otros países de la región ofrezcan contribuciones significativas.
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“Los países de todo el mundo deben hacer aportaciones robustas a ese esfuerzo. Seguimos involucrando a nuestros socios para que sean generosos a la hora de encarar este desafío”, ha indicado el secretario de Estado adjunto en su encuentro con los periodistas.
La situación humanitaria está al límite: más de 380.000 personas han sido desplazadas por la violencia de las bandas, y la inseguridad extrema continúa complicando el control de rutas de transporte claves y el desarrollo de la actividad económica.
Nichols ha destacado la apertura, desde este jueves, del aeropuerto de Puerto Príncipe como un avance positivo, que se suma al establecimiento del consejo de transición y que permitirá la llegada de aviones que “transporten ayuda humanitaria muy necesitada par Haití”.
Uno de los temores en la región es que la crisis genere una avalancha de solicitantes de asilo en otros países vecinos, una posibilidad que admite el Departamento de Estado, aunque subraya que por el momento no se detectan señales en ese sentido. “El potencial para un acontecimiento de migración masiva en Haití no se puede descartar, pero no percibimos indicios de ello en este momento. No estamos viendo indicios de construcción de barcas en las playas o flujos migratorios mayores desde allí”, ha apuntado Nichols.
El nuevo consejo de transición haitiano tiene ante sí cinco objetivos: además de restablecer la seguridad pública y celebrar elecciones libres, organizar una conferencia nacional y una reforma constitucional; restablecer la justicia y el Estado de Derecho, y lograr la recuperación institucional y económica.
Las estructuras institucionales del Estado haitiano, “debilitadas por décadas de inestabilidad política, han sufrido un colapso espectacular”, declaraba una de las integrantes del Consejo, Régine Abraham, en la toma de posesión. “No solo la calidad, sino la existencia misma de los servicios públicos ofrecidos a nuestra población, se ha visto comprometida”, agregaba.
“Es un momento vitalmente importante”, ha reiterado el secretario de Estado adjunto. Pese a los problemas, “estamos viendo progresos en Haití”, ha afirmado. “Hay una oportunidad para un cambio positivo. Líderes haitianos que mucha gente había dicho que jamás podrían ponerse de cuadro en nada, finalmente se han unido en torno al consejo de transición presidencial… Hay mucho trabajo por hacer para que Haití vuelva a un gobierno democrático completo. Pero hemos visto logros muy importantes en los últimos días”.
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