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Colombia evaluará cómo está la lucha contra los delitos ambientales

Autor: EDWIN CAICEDO

Colombia hace parte de los 17 países más biodiversos del mundo y se encuentra bajo una amenaza latente: los delitos contra la vida silvestre y los bosques. En ese escenario, el 8 y 9 de mayo se dio lugar a un encuentro en Bogotá con el cual se dio inicio a un proceso para evaluar las respuestas de la justicia frente a los delitos contra la vida silvestre y los bosques.

Este ejercicio de autoevaluación nacional del denominado Marco de Indicadores del Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre (ICCWC) es liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el acompañamiento técnico del proyecto ECOS, un esfuerzo conjunto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

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El Marco de Indicadores se ha diseñado para representantes de instituciones nacionales, y ofrece un conjunto de 50 indicadores de desempeño distribuidos en ocho resultados clave para una efectiva aplicación de la ley.

La aplicación del Marco de Indicadores, según explica la UNODC, tiene como objetivo proporcionar información crucial para identificar oportunidades de mejora, tanto en las normas como en la actuación de los agentes encargados de aplicar la ley. Estos cambios pueden traducirse en mejoras legislativas, metodologías de investigación y herramientas que permitan una respuesta más efectiva ante los delitos contra la vida silvestre y los bosques. Además, esta herramienta permite evaluar la capacidad de aplicación de la ley a nivel nacional y la efectividad de las acciones adoptadas por los Estados para combatir estos delitos ambientales.

En ese sentido, esta semana se reunieron en Bogotá representantes técnicos de actores clave del Sistema Nacional Ambiental para empezar a trabajar en dicho Marco de Indicadores. Con una participación de todas las regiones de Colombia: Atlántico, Pacífico, Región Andina, Amazonía, Orinoquía e Insular, el ejercicio reunió a 43 entidades y más de 98 funcionarios pertenecientes a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional (DICAR, SIPOL, SIJIN, DIJIN), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, rama Judicial, Comando General de Fuerzas Militares), Parques Nacionales Naturales, Institutos de Investigación, Cooperación Internacional, entre otros.

SANTANDER DE QUILICHAO (CAUCA, COLOMBIA), 13/02/2015.- Vista aérea hoy, viernes 13 de febrero de 2015, de una mina ilegal de oro ubicada en la zona rural de Santander de Quilichao, en el departamento de Cauca (Colombia). Además de registrarse problemas de seguridad por el control de esta minas de grupos armados y bandas criminales, los líderes de resguardos indígenas has promovido movilizaciones para hacer frente a esta práctica y rechazarla debido a su impacto ambiental negativo. La minería ilegal afecta el ecosistema directamente por el uso de mercurio y otros metales, que contamina los ríos, así como por el desvío del cauce de los ríos, la excavación sin control y la tala. Según cifras recientes de la Agencia Nacional de Minería de Colombia, el 83 % de los metales preciosos que se producen en Colombia proviene de explotaciones ilegales y, hasta la fecha, solo hay 442 títulos de explotación minera legal de oro y metales preciosos. EFE/Christian Escobar Mora

La minería ilegal es otro de los grandes flagelos del país.

Foto:EFE

Una vez finalizado este proceso de autoevaluación y análisis, se espera presentar un Reporte País para finales del primer semestre de 2024, que incluirá un diagnóstico detallado de la situación actual, así como una serie de recomendaciones y una hoja de ruta que permitirá hacer un seguimiento de las oportunidades de fortalecimiento de la respuesta estatal.

Durante la inauguración de la iniciativa, Luz Stella Pulido, directora (E) de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, resaltó las acciones realizadas por el Estado en preparación para la COP16, pero también hizo hincapié en la necesidad de mejorar y fortalecer la respuesta a nivel nacional.

Asimismo, Jessica Rossen, Directora de la Oficina de Desarrollo Económico y Ecosistemas Sostenibles de Usaid Colombia, destacó el compromiso de fortalecer el cuidado de la cuenca amazónica y la coordinación con el Estado, resaltando la importancia de este evento y las iniciativas que fomentan la articulación transnacional para combatir los delitos ambientales.

En 2021 fueron deforestadas 170.000 hectáreas en Colombia. Así se ven algunas zonas en Chiribiquete.

La deforestación es probablemente el mayor flagelo entre los delitos ambientales del país. 

Foto:Ministerio de Defensa

Por otro lado, Olivier Inizian, Representante Regional Adjunto de UNODC para la Región Andina y Cono Sur, subrayó la importancia de este evento en el contexto de varias iniciativas de cooperación internacional en la lucha contra los delitos ambientales.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE
@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE 

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