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Maduro cercena el derecho electoral de migrantes venezolanos – DW – 19/04/2024

Autor: Ramon Cardozo Alvarez
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostiene un libro con su fotografía con el título:
Las elecciones presidenciales están programadas para el 28 de julio en Venezuela.Imagen: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

El pasado martes 16 de abril concluyó la jornada especial de inscripción y actualización del Registro Electoral de Venezuela, de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

Según los resultados preliminares anunciados por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, un total de 604.964 jóvenes venezolanos se inscribieron como nuevos votantes, mientras que 847.999 personas cambiaron su centro de votación, lo que suma casi un millón y medio de movimientos.

Estas cifras son notablemente deficientes. De acuerdo con expertos independientes y oenegés especializadas en temas electorales, se estima que más de 7,3 millones de venezolanos necesitan inscribirse por primera vez o actualizar sus datos.

Así que todo apunta a que, como máximo, el operativo solo logró subsanar el 20 por ciento del desfase del Registro Electoral. Es probable que el número real sea aún mucho menor.

Enorme desfase del Registro Electoral

Para el politólogo venezolano Héctor Briceño, doctorado por la Universidad de Rostock, “estos magros resultados confirman que el operativo y la infraestructura se diseñaron deliberadamente para ser insuficientes frente al considerable desfase del Registro Electoral”.

Además, en el caso del operativo en el exterior, “más que insuficiente, se diseñó con la intención de obstaculizar las inscripciones y actualizaciones de los venezolanos migrantes”, sostiene el experto en materia electoral.

Tanto en Venezuela como en el exterior, “es evidente que detrás de ese diseño hay una intencionalidad política”, concluye Briceño, quien es investigador del Centro de Estudios de Desarrollo (CENDES), de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y estudia estos comicios presidenciales para el Observatorio Global “Comunicación y Democracia”.

La actuación del CNE, según el experto electoral, no solo constituye una violación de los derechos y garantías electorales de los venezolanos, sino que también tiene un impacto significativo en el padrón electoral. Es evidente que el régimen de Maduro, a través del CNE, está manipulando el padrón electoral y promoviendo la baja participación en las elecciones presidenciales de julio.

Fecha anticipada y compromiso simulado

El 5 de marzo de este año, el CNE convocó las elecciones presidenciales para el 28 de julio de 2024. La selección de una fecha tan anticipada por parte del CNE ha puesto en riesgo muchos de los procesos que garantizan la transparencia y equidad de las elecciones en Venezuela. Uno de los procesos más afectados ha sido la actualización del Registro Electoral, que presenta un enorme retraso.

Esta situación era de conocimiento público, ya que varias oenegés especializadas en temas electorales venían alertando, desde hace varios años, de que el CNE no cumplía con su función de procurar una actualización eficaz, oportuna y correcta del Registro Electoral.

Durante las negociaciones de Barbados, los representantes de la Plataforma Unitaria lograron incluir en el acuerdo el compromiso del régimen de Maduro de actualizar el Registro Electoral Permanente. Sin embargo, en la práctica, el régimen solo simuló honrar este compromiso.

Insuficiente operativo de inscripción 

Se estima que, hasta finales del año pasado, más de 1,5 millones de venezolanos habían migrado dentro del territorio nacional y requerían, por tanto, actualizar sus datos en el Registro Electoral. Además de este grupo de venezolanos, organizaciones como la asociación civil Súmate calculan que por lo menos 3 millones de jóvenes aún no están inscritos en Registro Electoral. 

Para atender esta demanda en el territorio de Venezuela, el lapso establecido por el CNE en el cronograma electoral fue excepcionalmente breve, limitado a tan solo treinta días, en un marcado contraste con los ocho meses asignados para este tipo de operativo en la elección presidencial de 2013.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Hidrobo Amoroso, en el centro, flanqueado por Carlos Enrique Quintero, a la izquierda, y Rosalba Gil, a la derecha, habla durante la toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, en Caracas, Venezuela, el viernes 25 de agosto de 2023.
CNE ha puesto en riesgo muchos de los procesos que garantizan la transparencia y equidad de las elecciones en Venezuela, opina Ramón Cardozo.Imagen: Ariana Cubillos/AP Photo/picture alliance

Por otra parte, el número de puntos de inscripción habilitados a nivel nacional también sufrió una reducción significativa en comparación con 2013, cuando se contó con 1.300 puntos. En esta ocasión, apenas fueron 315.

Es decir, frente a un desfase importante del Registro Electoral, el CNE optó, de forma deliberada, por asignar una fracción mínima del tiempo y de la infraestructura que había dispuesto para la elección presidencial de 2013.

Adicionalmente, el CNE no desarrolló una verdadera campaña de información y motivación a la inscripción, tal como lo exige la ley y como se había comprometido en Barbados. Lo que primó, sobre todo en relación con el extranjero, fue más bien la desinformación.

Bloqueo intencional del derecho al voto en el exterior

Según la Plataforma R4V, el número de migrantes y refugiados venezolanos se estima en 7.722.579, o sea, casi ocho millones. Entre el 70 y 80 por ciento de ellos son mayores de edad. Esto significa que aproximadamente 5,8 millones de potenciales electores venezolanos en el exterior necesitan actualizar sus datos o inscribirse por primera vez en el Registro de Electores.

Briceño sostiene que este enorme desafío requería una estrategia y una infraestructura mucho más amplia que la que el CNE decidió implementar y habla, en consecuencia, de un “bloqueo intencional” del derecho al voto de los migrantes venezolanos.

Para atender esta descomunal demanda en el exterior, el CNE solo habilitó a algunos de los consulados. Muchos venezolanos no pudieron inscribirse porque, en su país de residencia, no había un consulado habilitado o estaba muy alejado de su ubicación. En Alemania, por ejemplo, solo estuvieron habilitados los consulados de Berlín y Frankfurt.

Por otra parte, durante el operativo, “no se cumplieron cabalmente las fechas establecidas, ni los horarios estipulados, a causa de diferentes motivos ajenos a los electores”. Estos incluyeron la  “demora en la llegada de los equipos, caídas frecuentes del sistema, retrasos del personal, limitaciones del espacio físico”, entre otras, según señalan 18 oenegés venezolanas en su solicitud de extensión del lapso de inscripción.

De acuerdo con la solicitud, en el consulado de Tenerife, hubo un retraso de 10 días; en Santiago de Chile y Berna, de 15; en Viena y Bruselas, de 16; en Buenos Aires, de 17; en Vigo y Milán, de 22; en San José, de 23. Y esta lista no es exhaustiva, pues, por ejemplo, en Berlín, el registro abrió apenas el 8 de abril.

Adicionalmente, agrega la solicitud, el proceso fue extremadamente lento por la exigencia del CNE de recaudos que “no figuran en la actual legislación electoral venezolana”, como: a) pasaporte vigente y b) residencia permanente (con tres años de antigüedad y un año por vencer).

En suma, los datos confirman que la infraestructura fue insuficiente, el escaso tiempo asignado se redujo, en algunos casos, entre un 50 y 77 por ciento, y el proceso, además de lento, fue extremadamente restrictivo.

Votantes en el extranjero: mayor circuito electoral de Venezuela

Finalmente, el politólogo Briceño destaca que los 5,8 millones de migrantes en edad para votar convierten al voto del exterior en la circunscripción más grande dentro de una elección nacional en Venezuela.

Esta cifra de potenciales electores supera incluso la suma de las circunscripciones electorales de los estados Zulia y Miranda, que son las dos más grandes del país y alcanzan juntas los 4,7 millones de electores.

Esto explica el interés político del CNE en impedir que la mayoría opositora en el exterior pueda votar en las próximas elecciones presidenciales.

(rml)

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