LOS ÁNGELES – Estados Unidos deberá dar albergue seguro y saludable a los niños migrantes que cruzan de forma irregular al país y no dejarlos en lugares al aire libre, determinó una jueza federal en una demanda que busca darles protección a los menores que ingresan con sus familias al país.
La jueza Dolly M. Gee del Tribunal de Distrito de California Central ha estado a cargo del litigio que está basado en el llamado “acuerdo Flores”, que obliga desde hace décadas al Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) a brindar protección a los menores que cruzan la frontera solos pero exime a aquellos que viajan acompañados.
La magistrada estableció que todos los niños migrantes tienen derechos incluso si están esperando ser procesados por los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, sigla en inglés).
Gee ordenó que los menores deben ser “rápidamente” procesados. “CBP debe dejar de retener menores al aire libre”, escribió la jueza, que exceptuó el tiempo en el que los menores esperan para ser transportados a los albergues o centros del CBP.
El fallo responde a un litigio iniciado en 2018 en respuestas a las exigencias de la orden ejecutiva que firmó el expresidente Donald Trump (2017-2021) en la que se modificaba el ‘acuerdo Flores’.
El acuerdo, firmado en 1997 tras años de litigio, establece que las autoridades federales no pueden mantener en centros de detención a menores indocumentados por más de 20 días y que se les debe garantizar bienestar.
Ante la llegada masiva de familias migrantes, los abogados que defienden el ‘acuerdo Flores’ han buscado que a todos los niños que hayan cruzado la frontera se les garantice la seguridad.
El Gobierno del presidente Joe Biden continuó con la batalla legal argumentando que no podía proteger a los que aún no estaban bajo custodia estadounidense, por lo que no tenía obligación de brindarles servicios.
Pero la juez dijo que “los menores, a diferencia de los adultos, siempre están bajo algún tipo de custodia”.
En su fallo, la magistrada negó la solicitud de los abogados que defienden el acuerdo sobre establecer “un límite específico” sobre el tiempo que los menores podrían permanecer retenidos en los sitios.
