El Gobierno británico se aferra desesperadamente a cualquier demostración de que su empeño en deportar a Ruanda a los inmigrantes irregulares es tan legal como viable. Según ha adelantado el diario The Sun, una primera persona ha realizado ya ese viaje que organizaciones humanitarias y abogados defensores de los derechos humanos se habían conjurado en impedir.
A cambio de una compensación de unos 3.500 euros (3.740 dólares), un hombre de origen africano se ha acogido al programa de desplazamiento voluntario que el Ejecutivo de Sunak puso en marcha a principios de este año. Aunque el caso no tiene nada que ver con el programa de deportaciones forzosas que el primer ministro ha anunciado que comenzará en julio, Downing Street lo ha celebrado, y se ha esforzado en presentarlo como una “prueba de concepto”, la evidencia de que el sistema diseñado para enviar a los inmigrantes a Ruanda es viable. El primer deportado, cuya solicitud de asilo fue rechazada a finales del año pasado, ha realizado el trayecto en un vuelo comercial.
Durante los próximos días comenzará la búsqueda y retención de más de 5.700 solicitantes de asilo que permanecen en el Reino Unido, a los que la administración británica ya había denegado su solicitud. Son los primeros seleccionados para el momento en que los vuelos comiencen a despegar de modo regular. La mayoría de ellos tenía alojamiento en alguno de los hoteles concertados por el Ministerio del Interior, y recibía aproximadamente 57 euros semanales (61 dólares) para su manutención y alimentación. En circunstancias normales, el reclamo del hotel y la paga servía para tener cierto control sobre el paradero de esas personas. Desde que comenzó a correr la voz de que los vuelos a Ruanda iban a comenzar a despegar, al menos 3.500 de esos candidatos a la deportación han resultado imposibles de localizar. Muchos de ellos, además, habían cambiado de dirección en los últimos meses y la carta en la que se les comunicaba que iban a ser trasladados no ha llegado a su destino.
Las primeras detenciones deberían realizarse este 1 de mayo, y los inmigrantes seleccionados serán trasladados a unos de los siete centros de retención habilitados por el Ministerio del Interior.
“No nos sorprende que el Gobierno haya perdido contacto con aquellos a los que quiere deportar a Ruanda. Sabemos que ha tenido problemas informáticos con la gestión de la dirección de los solicitantes de asilo, y sabemos además, por nuestro trabajo diario con personas que han huido de la guerra y las persecuciones, que están actualmente sometidos a un estrés y a una angustia respecto al plan de deportaciones que probablemente les lleve a evitar el contacto con las autoridades”, ha explicado Enver Solomon, el director ejecutivo de la organización humanitaria UK Refugee Council.
Una pequeña ‘victoria’ pre-electoral
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Sunak se enfrenta el próximo jueves a unas elecciones municipales por toda Inglaterra en las que los sondeos pronostican un nuevo descalabro de los conservadores. Si el varapalo previsto es de gran magnitud, podría desatar una rebelión interna del ala dura del partido contra el primer ministro, y forzar incluso el adelanto de las elecciones generales, previstas para el próximo otoño.
Por eso el primer ministro forzó la semana pasada al Parlamento a permanecer reunido hasta entrada la madrugada y sacar adelante la Ley De Seguridad de Ruanda que permitía finalmente que los vuelos con deportados comenzaran a despegar. Conseguir además, un día antes de los comicios municipales, que un primer inmigrante haya sido enviado al país africano puede ser una señal, para el electorado conservador, de que Sunak está logrando su propósito. La inmigración irregular sigue siendo un asunto prioritario para los votantes británicos de derechas.
“Todo este truco de extorsiones previo a las elecciones va a costar al contribuyente un promedio de dos millones de libras (2,3 millones de euros, 2,5 millones de dólares) por cada persona [enviada a Ruanda]”, ha denunciado la portavoz de Inmigración del Partido Laborista, en la oposición, Yvette Cooper. “Ya nos habían advertido ex ministros del Interior conservadores de que se trataba de lograr que algunos aviones de muestra despegaran antes de las elecciones. Ahora sabemos lo que pretendían”, ha dicho Cooper.
Además de los 585 millones de euros (624 millones de dólares) que el Gobierno de Sunak se ha comprometido a pagar a Ruanda en los próximos cinco años, el Observatorio para las Migraciones de la Universidad de Oxford ha calculado que, en el caso de que un total de 300 inmigrantes sean deportados a ese país antes de las elecciones generales de fin de año, el coste de cada traslado forzoso será de dos millones de libras.
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