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En El Salvador todos han negociado con las pandillas

Autor: Administrador

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Dialogar con las pandillas ha sido una realidad en el país: políticos de todos los colores lo han hecho por casi una década, pero solo unos cuantos han sido perseguidos por hacerlo. ¿Es una utopía transparentar esos pactos?

Credit…Rodrigo Sura/EPA vía Shutterstock

Es periodista salvadoreño.

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SAN SALVADOR — Quien haya seguido el acontecer político de El Salvador en la última década sabe que existió algo que pasó a la posteridad bajo una etiqueta: la tregua del gobierno con las pandillas.

Dialogar con las pandillas ha sido una realidad en El Salvador. Negocian los políticos, negocia el operador de energía eléctrica que debe entrar a reparar un poste en una colonia bajo dominio pandillero y negocia la maestra de escuela que tiene alumnos de una y otra pandilla. Los políticos, de todos los colores, llevan casi una década haciéndolo, según ellos, en secreto. Ha sido gracias a investigaciones periodísticas —de, entre otros medios, El Faro, donde trabajo— que muchas treguas han salido a la luz pública. Incluidas las de figuras cercanas al presidente Nayib Bukele.

Los políticos han ocultado estas treguas por dos razones: la primera, porque saben que no es popular de cara a los electores dialogar con mareros. La segunda, porque no quieren que se sepa lo que negocian, porque les avergüenza reconocer que la moneda de cambio en algunos casos fueron votos. En lugar de intentar ocultarlas es hora de transparentarlas. El diálogo tendría que ser desde arriba, de forma franca y pública y, sobretodo, sin buscar beneficio político. Pero estamos muy lejos de algo así.

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Pese a que se conocen muchos acuerdos, se ha aplicado particular severidad al arquitecto de la primera tregua conocida: David Munguía Payés, exministro de Defensa y luego de Seguridad y Justicia en el gobierno de Mauricio Funes. Munguía Payés fue capturado y acusado de agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados con aquel proceso que arrancó en 2012. La semana pasada fue presentado ante los medios con esposas y mascarilla. A diferencia de otros políticos que han sido señalados por negociar con pandillas, el exministro pasó varias noches tras rejas hasta que una jueza le concedió fianza de 10.000 dólares y arresto domiciliario por “cuestiones de humanidad”.

En marzo de 2012, el gobierno del expresidente Funes, el primero de izquierda desde los acuerdos de paz de 1992, negoció un pacto con las cúpulas de la Mara Salvatrucha 13 y las dos facciones del Barrio 18: beneficios carcelarios para los criminales a cambio de menos asesinatos en las calles. Los resultados fueron contundentes: de 4371 asesinatos en 2011 se pasó a 2594 en 2012; y 2513 en 2013.

Pero esa tregua no fue la única. Y no todas fueron para disminuir la violencia. Ha habido treguas posteriores para conseguir beneficios electorales.

“Todos los partidos han buscado acercamiento con nosotros”, dijo en abril de 2016 un líder pandillero de una facción del Barrio 18 que negoció con varios políticos. Su frase se convierte en un mantra, no pierde vigencia con los años.

Entonces, ¿por qué solo el creador de la tregua de 2012 y algunos de sus colaboradores han sido capturados en los últimos años? Creo que la respuesta está en que solo se persigue a quienes ya no están vinculados a un partido político. Hay algunos políticos que han sido investigados por lo mismo pero aún tienen el respaldo de partidos y hasta competirán en las elecciones legislativas y municipales de 2021.

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Fui parte del equipo de periodistas que descubrió la tregua de 2012 apenas días después de que los líderes pandilleros habían sido trasladados a prisiones de régimen normal desde donde retomaron el control pleno de sus estructuras. Los organizadores de la tregua no supieron cómo responder cuando publicamos el reportaje. Se justificaron con mentiras absurdas, como que los traslados se debían a peticiones de la Iglesia Católica.

No tenían un plan de comunicación, pero sí un objetivo: menos muertos.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido que promovió aquella primera tregua, fue el mismo que la enterró en 2014. Entonces, todo parecía volver a la normalidad: otro gobierno buscaría derrotar a las pandillas que llegaron desde California en los años noventa con balas y más balas. Pero luego se supo que no fue del todo así. Salieron a la luz videos que documentaban que, mientras el FMLN vendía un mensaje de odio contra las pandillas, también negociaba con los líderes criminales en las calles de cara a las elecciones presidenciales.

A las diferentes reuniones con pandilleros asistieron efemelenistas que no solo ofrecieron su ayuda a los pandilleros para que pudieran obtener su documento único de identidad, sino que propusieron un programa de crédito de 10 millones de dólares que sería administrado por los criminales. En esta nueva tregua, figuras como los exministros Arístides Valencia y Benito Lara no negociaban vidas, sino apoyo electoral. A diferencia de Payés, nunca hubo orden de captura en su contra, y enfrentan sus procesos judiciales en libertad.

En otra negociación, ocurrida en 2014, Ernesto Muyshondt, entonces vicepresidente del derechista partido Arena, aparece en un video filmado por los mismos pandilleros. Ofrece una nueva tregua si su candidato presidencial gana. Muyshondt enfrenta su proceso judicial en libertad, es el alcalde de la capital y el candidato para repetir en el cargo en las elecciones de 2021.

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Y el recuento no ha terminado. Allegados al actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien llama a sus adversarios “los mismos de siempre”, también negociaron con pandillas.

Investigaciones de El Faro prueban que cuando Bukele fue alcalde de San Salvador, entre 2015 y 2018, algunos de sus funcionarios negociaron con pandillas para poder construir el Mercado Cuscatlán, una de sus obras de infraestructura emblemáticas. Según nuestro trabajo periodístico, cuando Bukele competía por la alcaldía en 2015, sus delegados entregaron dinero a las pandillas para que no boicotearan su candidatura, aseguraron fuentes pandilleras y funcionarios de su gobierno municipal. Recientemente, se publicaron fotografías de una reunión de 2015, donde aparece el actual ministro de Gobernación de Bukele, Mario Durán, negociando con Renuente, un líder de la MS-13. Durán no está acusado de nada y es el candidato de Nuevas Ideas, el partido creado bajo el ala de Bukele, para ser alcalde de la capital en 2021.

Los principales políticos salvadoreños lo han dejado claro en la última década: creen que es necesario negociar con los pandilleros, pero están convencidos de que deben hacerlo en secreto. Un diálogo que debería ser abierto, escuchando a la sociedad civil que padece a esos criminales, parece una utopía. Sin embargo, los salvadoreños deberíamos exigirlo. Si no, seguiremos con lo que tenemos: pactos ocultos, captura de políticos huérfanos del poder e impunidad para los que aún mantienen sus vínculos partidarios.

A estas alturas es muy complicado corregir el rumbo, pero es posible crear un diálogo con interlocutores nacionales e internacionales que den confianza al proceso. Es posible negociar la desarticulación de las pandillas, la reinserción de sus miembros y la reparación de las víctimas. Los políticos quieren convencernos de que no hay manera porque prefieren seguir usando a las pandillas como una herramienta electoral.

Óscar Martínez es editor de investigaciones especiales de El Faro, autor de Los migrantes que no importan y Una historia de violencia y coautor de El Niño de Hollywood, sobre la MS-13.

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