Con fuertes críticas a las políticas militar y de seguridad del gobierno de Javier Milei, el kirchnerismo puso en marcha el Centro Argentino para la Defensa Nacional y la Soberanía, un foro que pondrá el eje en el seguimiento de las gestiones oficiales en esas áreas. En su presentación, los exministros Nilda Garré y Jorge Taiana ratificaron la decisión de no permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en operaciones de seguridad interior.
Los exministros kirchneristas señalaron la necesidad de mejorar el equipamiento de las Fuerzas Armadas, pero cuestionaron la compra de los aviones caza F-16 a Dinamarca, que tendrán equipamiento militar provisto por los Estados Unidos, en una operación cuyo costo final ascenderá a 650 millones de dólares.
Pusieron en duda la oportunidad de la medida, mientras el país atraviesa una grave crisis en materia económica, de salud, educación y empleo, con altos niveles de pobreza, entre otros problemas sociales.
“Los aviones son viejos, no eran los que convenían comprar. No sabemos con qué armamento van a venir. No debería sorprender que existan presiones británicas. Para que las Fuerzas Armadas puedan ejercer el poder de disuasión es necesario tener armas como las que ofrecía China”, aseguró Garré, al pronunciarse en favor de las aeronaves JF-17 Thunder.
“Además de ser nuevos y de última generación, la oferta de China contemplaba una financiación con plazos de gracia”, agregó la exministra, aunque no cuantificó el costo de la propuesta china. Y añadió un tinte político: “En sus recientes visitas a la Argentina, la jefa del Comando Sur, general Laura Richardson, y el director de la CIA, William Burns, fueron terminantes en decir: con China nada. Sin atenuantes ni matices”.
Taiana y Garré integran el comité ejecutivo del Centro Argentino para la Defensa Nacional y la Soberanía, que fue presentado como “un generador de ideas acerca del rol que se les debe asignar a las Fuerzas Armadas”. El acto se realizó en la Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía.
“Las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, aprobadas hace más de 30 años con amplios consensos que siguen vigentes, determinaron que la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior es absolutamente excepcional”, dijo la ex ministra Garré, quien condujo el Ministerio de Defensa durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Afirmó que la ley de seguridad interior prevé la constitución de un comité de crisis, “pero no un mamarracho como el que creó el presidente actual, que incluyó a sus amigos y embajadores de países extranjeros”, en alusión a la participación del jefe de la misión diplomática de Israel en una reunión en la Casa Rosada.
Garre justificó el decreto reglamentario de la ley de defensa dictado por Néstor Kirchner en 2006, que limitó la intervención de las Fuerzas Armadas en casos de agresiones externas, con el agregado de que deben tratarse de ataques de fuerzas estatales.
“La ley de defensa se dictó en 1988, pero no se reglamentó durante 18 años. Fue una de las primeras cosas que quiso hacer Kirchner”, reveló la exministra, que tras su gestión en Defensa condujo el área de Seguridad.
Expresó que “las Fuerzas Armadas habían mantenido la capacidad de autorregularse, con la visión mesiánica que los llevaba a creerse que eran la reserva moral de la república”. Y acotó que “las limitaciones del decreto 727/2006 –derogado por Mauricio Macri, pero repuesto por Alberto Fernández- eran para terminar con esa autorregulación militar y empezaron a poner orden”.
La ex ministra Garré dijo que después de la gestión que concluyó en 2015, periódicamente vuelve a presentarse el debate sobre el empleo de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la trata de personas. “No es casualidad. Es el listado de las políticas de los Estados Unidos, que quiere instalar el discurso de las nuevas amenazas y usar a los militares como guardias nacionales o policías especializadas, con más poder letal que las fuerzas convencionales”.
Y añadió: “Los países que usaron las Fuerzas Armadas en esos temas las han dañado, las metieron en ámbitos sórdidos y de fuertes niveles de corrupción”.
Garré y Taiana coincidieron en que con estas premisas no es posible lograr el consenso que se alcanzó tras la recuperación de la democracia para sancionar las leyes de defensa nacional, de seguridad interior y de inteligencia.
“Este presidente lo quiere hacer a través de decretos de necesidad y urgencia. Es necesario mantener a las Fuerzas Armadas en su función natural y no hacerles cumplir automáticamente las políticas de Estados Unidos”, insistió Garré. Argumentó, en ese sentido, que “los propios militares no quieren ser usados para esa tarea”.
Al ratificar la necesidad de garantizar la conducción civil de las Fuerzas Armadas, la exministra dijo que esa premisa fundamental se refleja en los presupuestos, las propuestas de ascenso y el planeamiento de la defensa.
En su exposición, Taiana recordó que los temas de defensa nacional están muy interconectados con la política exterior y advirtió sobre los desafíos que plantea un mundo en cambio en diversas perspectivas.
Y ambos consideraron grave la decisión del gobierno de Milei de no cumplir con el pago de las dos cuotas pendientes de la recategorización salarial de los militares, que se esperaban abonar en enero y en abril.
