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Estado de excepción, en la lupa legislativa

Autor: elcomercio.com

El 18 de junio se registró un cierre parcial del Centro Histórico de Quito por al paro nacional. Foto: Julio Estrella / El Comercio

Karina Sotalín y Lucía Vásconez. Redactoras (I)

Con 72 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional analizará si se revoca o no el decreto presidencial, en el que declaró en estado de emergencia a Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. La sesión está convocada para este lunes, a las 17:15.

El presidente Guillermo Lasso optó por la medida con el fin de frenar las movilizaciones del movimiento indígena. Pero esta declaratoria no tuvo eco en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), cuyo líder, Leonidas Iza, no solo ratificó el paro, sino que anunció el avance de las bases de la organización hacia Quito.

Analistas consultados consideran que la decisión del Ejecutivo es arriesgada, pero está dentro de los mecanismos constitucionales del Jefe de Estado. Descartan otro octubre del 2019 porque no todos los sectores sociales plegaron a las marchas.

Lanoche del viernes, el Primer Mandatario anunció ocho medidas económicas en respuesta a las demandas de los manifestantes. Leonidas Iza, presidente de la Conaie, “saludó” el anuncio del Ejecutivo, pero ratificó que el paro nacional continúa. La medida de hecho se inició el pasado lunes.

Analistas creen que medidas tomadas son riesgosas

Mientras el Ejecutivo justificó la declaratoria del estado de excepción en la violencia a los ciudadanos y la amenaza al funcionamiento de sectores estratégicos, la Conaie ratificó el paro y el avance de las bases hacia Quito. Ambas posiciones son riesgosas para expertos consultados por este Diario.

Por otra parte, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó a los asambleístas a sesión del Pleno para mañana, a las 17:15, con el fin de resolver si se deroga o no el decreto de estado de excepción. La convocatoria fue formalizada con 72 firmas de apoyo de las bancadas de Unes, el ala rebelde de Pachakutik, disidentes de la ID e independientes. Es decir, hubo mayoría absoluta, como dispone el artículo 46 de la Ley legislativa.

A esta mayoría se llegó luego de que las asambleístas Mireya Pazmiño y Patricia Sánchez, de Pachakutik, solicitaran que se convoque al Pleno para revocar la medida. Este pedido también lo hizo el legislador Juan Cristóbal Lloret.
Los analistas políticos José Luis Fuentes y Maximiliano Donoso-Muller coinciden en tres puntos sobre el decreto: optar por el estado de excepción es una decisión con riesgos; algunos de los pedidos de la Conaie no se podrán cumplir a corto plazo y la llegada de las bases indígenas a la capital no generará otro octubre 2019 porque no son los mismos escenarios.

Con el decreto se establece una excepcionalidad, que no deja de ser peligrosa para la democracia porque intervienen las FF.AA., que están preparadas para defensa externa y la no vigencia de derechos constitucionales siempre puede llevar a abusos, dijo Fuentes.

Sin embargo, ante la estrategia de radicalizar las protestas del movimiento indígena, para Fuentes era previsible que este estado de excepción llegue. “Ambas partes están jugando con fuego”.

Para Donoso, el decreto fue acertado, a pesar de los riesgos que conlleva. “Nos va a asegurar que no se tapen las carreteras, que no haya bloqueos, que no haya lo que hemos visto en los últimos días, que es violencia”.

Por otra parte, el decreto suspende la libertad de asociación y reunión, es decir, impide aglomeraciones en espacios públicos las 24 horas del día. Pero el mismo Gobierno promueve convocatorias a marchas por la paz, en la capital. De ahí que el constitucionalista Ismael Quintana es enfático al decir que es una contradicción y supone la violación de la propia norma.

La Asamblea, además, convocará a los dirigentes de la Conaie, al Presidente y demás autoridades a una mesa de diálogo.

Datos:

Richard Ortiz es el juez sustanciador de la Corte Constitucional que avocó conocimiento del decreto de estado de excepción y deberá elaborar un proyecto de dictamen tras revisar si se cumple con los requisitos materiales y formales como: temporalidad, territorialidad, invocación de causales entre otros.

Militares recorren la Panamericana Sur, entre Tambillo y Alóag, para evitar cierres. Foto: foto: Julio Estrella / El Comercio
Militares recorren la Panamericana Sur, entre Tambillo y Alóag, para evitar cierres. Foto: foto: Julio Estrella / El Comercio

Indígenas exigen más respuestas del Gobierno

El presidente Guillermo Lasso anunció ocho medidas económicas, pero no convenció a la Conaie. El paro continúa.
El primer anuncio fue el aumento del bono de desarrollo humano (BDH) de USD 50 a USD 55 mensuales. Ecuador entrega seis tipos de ayudas sociales. El presupuesto para este 2022 es de USD 1 256 millones. Solo para el BDH es de USD 670 millones para más de un millón de beneficiarios. El alza de USD 5 mensuales significará un incremento de más de USD 30,2 millones en el presupuesto.

Lasso también declaró en emergencia el sistema de salud pública. Y pidió a la ministra Ximena Garzón que, mediante resolución motivada, disponga la emergencia.

En el último año, la titular de la Cartera se negó varias veces a esta declaratoria pese a las quejas. Hasta el mediodía de ayer no se conocía dicha resolución ni cuánto presupuesto se iba a destinar.

Otro de los anuncios del Ejecutivo fue duplicar el presupuesto a la educación intercultural. Según la Proforma 2022, la Secretaría de Educación Intercultural tiene un presupuesto de USD 3,1 millones.

Subsidiar hasta el 50% al precio de la urea fue el cuarto anuncio. Desde 2021, este fertilizante ha tenido un incremento importante debido a varios factores externos, por ejemplo la guerra del gobierno ruso contra Ucrania. Rusia es el principal proveedor de fertilizantes en el mundo. Entre enero y abril de este año, los agroquímicos han tenido un incremento del 155% en comparación con el mismo período del 2021.

BanEcuador condonará créditos vencidos de hasta USD 3 000 y se otorgarán préstamos de hasta USD 5 000 al 1% de interés.

Los combustibles no subirán. Los precios del diésel y las gasolinas extra y ecopaís están congelados desde hace ocho meses. Y no habrá privatizaciones.

Para Manuel Gonzaga, presidente del Pueblo Montubio del Ecuador, estos anuncios son buenos, pero el sector agrícola necesita que se concreten, ya que, según dice, los ofrecimientos se han dado durante un año sin realizarse.
A pesar de los anuncios, los manifestantes mantendrán las medidas de hecho sin diálogos.

Magdalena Barreiro, exministra de Economía, señaló que el Gobierno se demoró en dar soluciones a los problemas. Pero continuar en las manifestaciones empeorará la situación del país.

Además, dijo que los manifestantes deben sincerarse y decir qué es lo que realmente buscan, ya que algunos de sus pedidos son justos, pero otros parecen “pretextos” para caotizar el país.

Datos:

A más de las ocho medidas económicas anunciadas el pasado viernes por el Gobierno Nacional, el presidente Guillermo Lasso invitó a la sociedad civil, médicos, artesanos, agricultores, transportistas, universidades, organizaciones sociales para encontrar soluciones para las familias ecuatorianas.

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