Todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han acordado tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de las personas migrantes que viven en España sin papeles y sin derechos básicos. Son más de 500.000, según los cálculos de los impulsores, que han logrado las firmas de unas 700.000 peronas con el fin de lograr regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional desde antes del 1 de noviembre de 2021. Esta aprobación implica iniciar el trámite parlamentario del texto, que podría ser modificado a través de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios.
Tanto los grupos del Gobierno, PSOE y Sumar, como sus aliados, ERC, Bildu, Podemos, BNG y PNV, habían anunciado su voto positivo. También Junts. El PP, el último en desvelar qué iba a hacer, ha acordado “tomarla en consideración”. La portavoz de los populares, Sofía Acebo, ha expuesto que darán salida a esta “toma en consideración” esta iniciativa, para que el debate de la regularización de la migración “se aborde con responsabilidad”, si bien ha defendido que “lanzar el mensaje de que en España las vías irregulares de llegadas acaban siendo homologadas a través de procedimientos extraordinarios “no es positivo”.
Los grupos han manifestado con anterioridad su voto a favor, que emitirán a partir de las 20 h. Todos excepto Vox. El partido ha vuelto a vincular la inmigración con la delincuencia y ha reprochado que los promotores de esta iniciativa, que suman más de 600.000 firmas, no crean en lo que ellos llaman la “identidad española”. “Queremos que España siga siendo España, no Marruecos, ni Nigeria, ni Senegal. Esto no es odio ni xenofobia, es puro sentido común”, ha expuesto la diputada Rocío de Meer en su discurso.
“Justicia social”
Pero ha sido la única. El resto de portavoces de los grupos del Congreso se han desmarcado del discurso de la ultraderecha, y han mencionado cómo esta iniciativa responde a la “justicia social”, a una “cuestión de humanidad” o al “respeto de los derechos humanos”. La socialista Elisa Garrido ha trasladado que su voto a favor será por el “respeto” que merece este procedimiento constitucional de participación directa a los ciudadanos en la política legislativa, y que se ha conseguidos gracias a las más de 700.000 firmas recogidas. Por eso, y por “seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración“.
Por su parte Gala Pin, de Sumar, quien ha empezado su intervención pidiendo el “fin del genocidio en Gaza”, ha reclamado regularizar a las personas migrantes “por justicia social”. “Son 700.000 firmas recogidas por personas a las que se les niegan los derechos y los que se les ha querido negar la capacidad de ser protagonista de la política; a las que se les ha condenado a la esclavitud y negado su voz, pero la tienen. Y tanto que la tienen”, ha recalcado.
“Si esto se aprueba hoy aquí, esto es un mandato: el Gobierno tiene que llevarlo a cabo, y por eso esperamos que mañana mismo se cree un grupo con los ministerios implicados para que se cumpla. La gente no migra porque quiere, sino porque vivimos en un sistema capitalista que obliga a eso: la riqueza europea viene del expolio de los países de África y América Latina”, ha añadido. También Néstor Rego, del Bloque Nacionalista Galego (BNG), ha expuesto la “inmensa carga de humanidad y de decencia” que tiene esta inicitiva. “Frente al discursoxenófoboo, racista y parafascista de la ultraderecha“, ha asegurado, debe “imponerse la justicia, la decencia y la humanidad”.
Javier Sánchez, por Unidas Podemos, ha señalado que la votación de esta iniciativa “va de democracia”, y Mikel Legarda, del PNV, ha indicado que la tomarán en consideración por el “reconocimiento, respeto y labor de toda la ciudadanía que ha trabajado en la misma”, aunque buscarán reorientarla “para vincular los procesos de regularización extraordinaria, entre otros casos, a la incorporación del mercado laboral”.
Para Jon Iñarritu, de EH Bildu, todas estas consideraciones dan lugar a una “alegría contenida”: la verdadera celebración, ha indicado, llegará cuando “se apruebe la regularización extraordinaria”. Aún existe el riesgo de que se apruebe la iniciativa, pero “quede en un congelador durante toda la legislatura”.
La tercera parte de los migrantes son menores
Según los datos que manejan los promotores de la iniciativa, que empezó hace ya dos años con una recogida de firmas masiva a lo largo y ancho de todo el país, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. Otras tantas son las mismas personas que durante la pandemia fueron “esenciales” y ejercieron trabajos “fundamentales para la sociedad, como el trabajo del hogar y de los cuidados”.
Pero, tiempo después, su situación sigue sin mejorar. Exponen que el sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería “resulta insuficiente y limitado y no se ajusta a la realidad actual de las personas migrantes que viven y trabajan” en el país, lo que “genera una espiral de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad“.
Por todo ello, consideran “imprescindible la búsqueda de mecanismos que garanticen que dichas personas puedan salir” de esta situación de “no derechos” como consecuencia del estatus migratorio irregular.
6 meses de plazo
La portavoz de la campaña Lamine Sarr ha recordado en más de una ocasión que esta regularización es necesaria para que todas esas cientos de miles de personas puedan ejercer el derecho a la movilidad y tengan “la posibilidad de ocupar cualquier puesto de trabajo, y no solo aquellos en los que no quieren las personas privilegiadas, como son la recogida de fruta, el cuidado de ancianos o la limpieza”.
El texto de la iniciativa insta al Gobierno a establecer, mediante Real Decreto, un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021 en un plazo de seis meses. Más de 900 colectivos y entidades, desde entidades de Iglesia hasta asociaciones de empresarios, lo apoyan.
