Exactamente al mismo tiempo que la ministra Sandra Pettovello rechazaba recibir a las personas que se habían congregado en la fila del hambre, con su DNI -como ella misma había dicho-, su oficina de prensa difundía el comunicado sobre el convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), “para que reciban la ayuda directa y sin intermediarios”. El número de beneficiarios son 36.150, una nimiedad en relación a los 10 millones de personas que asisten a comedores comunitarios. Esa misma tarde, la ministra difundió su foto con Abel Albino, en la firma de un acuerdo con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin), en el que ambas partes se comprometen a trabajar en la lucha contra la desnutrición infantil. No fue azaroso que mostrara la inflexibilidad con organizaciones populares el mismo día que celebraba a evangélicos y al médico del Opus Dei que culpa a las madres por la desnutrición infantil (y a un vehemente ejercicio de la sexualidad también).
La deriva confesional en el combate contra el hambre tiene una historia: se conoce el rol fundamental de las distintas iglesias en la promoción del voto a Javier Milei. La Libertad Avanza tiene varios diputados nacionales provenientes de las iglesias evangélicas. Santiago Pauli, de Tierra del Fuego y Lourdes Arrieta, de Mendoza, son dos de ellos. También Nadia Márquez, de Neuquén, hija del pastor Hugo Márquez, vicepresidente de Aciera. La estrategia es similar a la de Jair Bolsonaro en Brasil, recostar su poder político en un culto con gran raigambre en los sectores populares.
Es por eso que Aciera publicó un comunicado exultante: “Es relevante destacar que el trabajo social realizado por las iglesias cristianas evangélicas a menudo pasa desapercibido. Este reconocimiento por parte del ministerio es un paso significativo para visibilizar y valorar la labor constante de estas instituciones en beneficio de la comunidad. En muchas ocasiones, el esfuerzo desinteresado de las iglesias ha sido olvidado, y esta iniciativa representa un cambio positivo y necesario”, escribieron en su página web.
Las promesas de campaña se van cumpliendo: la restauración conservadora, religiosa, el desalojo de cualquier organización popular de las políticas públicas, aunque la consecuencia sea arrojar al hambre a millones de personas, son algunas de las acciones que el gobierno está llevando a cabo.
Hay en esa simultaneidad de Pettovello un mensaje político contundente: la organización popular debe ser reemplazada por la beneficencia, por la acción vertical de las iglesias. Y no de cualquier iglesia. Conin tiene más de 100 centros en el país, además de 1500 instituciones que dan ayuda alimentaria. Lo que también tiene son políticas activas para demonizar la anticoncepción y la diversidad sexual, y combatir las interrupciones de embarazos. Albino se hizo famoso por desestimar la protección que brinda el preservativo contra las enfermedades de transmisión sexual durante la exposición de distintos sectores de la sociedad ante el plenario de comisiones del Senado en el que se analizó el proyecto de ley que luego fue rechazado, en 2018.
La Libertad Avanza también tiene al menos un diputado del Opus Dei, el santafesino Nicolás Mayoraz, presidente –nada menos- de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ya adelantó su intención de derogar la ley 27.610 (y aseguró tener los votos aunque, ya sabemos, los cálculos de LLA pueden fallar). También puede fallar la estrategia conjunta. Esta misma semana, la santafesina diputada nacional Rocío Belén Bonacci se cortó sola y presentó un proyecto en ese sentido, pero nadie más en el partido recogió el guante. Consideran que -todavía- no es el momento. Incluso, Lilia Lemoine le reprochó que hizo algo “dañino” porque iba a caer en saco roto.
La bravuconada de Pettovello con las organizaciones sociales tiene su contracara directa con la gentileza hacia Aciera y Conin. Y así, de paso –a días de la entrevista con el papa Francisco- marca la diferencia con la iglesia católica.
En ese mismo marco, la Conferencia Episcopal Argentina, órgano máximo de la iglesia católica, le reclamó que la comida no sea una variable de ajuste. “El tiempo de la pandemia nos enseñó el valor de la respuesta comunitaria organizada: unidos para curar, cuidar y compartir fue la consigna de ese tiempo. Se multiplicaron así, los comedores en nuestras parroquias, en las Iglesias evangélicas, entre los movimientos populares –especialmente en casa de vecinos que prestaron un lugar-. Las grandes protagonistas fueron las mujeres. Cada una se acercó a la olla pensando no sólo en sus hijos, sino también en los de los de los vecinos, y así formaron comunidad, así formaron un pueblo que le hizo frente a un desafío inédito. Si queremos trabajar por la paz social, tenemos que reconocer en primer lugar el valor del otro en cuanto otro, y su aporte al bien común”, le advierten en un documento que recoge la carta del papa Francisco a los movimientos populares.
Eso sí, el miércoles a última hora también difundió la renovación de un convenio con Cáritas. “Estamos muy felices de haber firmado la renovación del convenio de meriendas que desde hace mucho tiempo tenemos con el Estado nacional. Seguiremos trabajando junto a los que sufren la crisis alimentaria en el marco de la grave situación social que se vive. Renovamos el esfuerzo para que ninguna persona se quede sin cuidado ni protección” dijo Luciano Ojea Quintana, director nacional de Cáritas Argentina.
Es que la asistencia alimentaria tiene en la Argentina múltiples actores (y sobre todo, actrices). Tampoco las organizaciones sociales polemizan con las iglesias. Sí con la ministra. La respuesta de La Poderosa recurrió a la ironía. “La ministra Pettovello entregará alimentos para 36.000 personas a través de las iglesias evangelistas en José C. Paz, un 0,36% de las 10.000.000 de personas que hoy necesitan asistencia alimentaria ¡Vamos Ministra! Solo le falta el 99,64%”, escribieron en la red social X, mientras la ejecución del presupuesto para asistencia alimentaria en 2024 es cero.
Por su parte, Juan Grabois también cuestionó lo hecho por la ministra. “Con el convenio suscripto, se reproduce lo que el gobierno llama ‘intermediación’ porque si en vez de generarse el vínculo Estado-ciudadano, se genera el vínculo Estado-Aciera-Ciudadano, objetivamente opera una ‘intermediación’. Salvo en la cabeza de Pettovello, no hay nada de malo en ello. Se llama participación comunitaria y entra en el marco del principio social de subsidiariedad del Estado”, dijo el referente de Patria Grande, y recordó que “la crisis apenas pueda abordarse con el esfuerzo mancomunado de los 41.253 mil comedores y merenderos formalmente inscriptos en el RENACOM y distribuidos más allá de los límites estrechos que el pensamiento unitario permite reconocer a la Ministra”.
En la misma línea va el vaciamiento de las políticas para proteger a mujeres e identidades feminizadas de las violencias. Es que todo eso –las políticas de género, la asistencia alimentaria, el trabajo, la educación- están bajo la órbita de Pettovello, licenciada en Periodismo (Universidad de Belgrano) y licenciada en Ciencias de la Familia (Universidad Austral), sin experiencia en gestión pública. Y la subsecretaría que se ocupará de estos temas todavía no tiene funcionaria designada.
Organizaciones de la sociedad civil –que tanto disgustan a la ministra- firmaron esta misma semana un documento conjunto reclamando que se pongan en marcha políticas contra las violencias machistas. “Garantizar el derecho a una vida libre de violencias para mujeres y personas LGBT+ es un deber del Estado argentino de acuerdo con las obligaciones que ha asumido tanto a nivel local como a nivel regional e internacional: la Convención de Belém do Pará y la Convención CEDAW”, dice el texto que es firmado por 14 organizaciones, entre ellas el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Entendemos que en tiempos de crisis económica es imperioso fortalecer la autonomía económica de las mujeres y las diversidades. Las estadísticas demuestran que ellas son las más afectadas por la pobreza: dentro del decil más pobre, 6 de cada 10 personas son mujeres. El 13% de los hogares en Argentina están a cargo de una sola persona sin cónyuge, y de estos el 79% son monomarentales, es decir que están a cargo de una mujer. Estos hogares se ven especialmente atravesados por la pobreza, 7 de cada 10 se encuentran situados en los dos quintiles más bajos de ingresos”, sigue la carta que Pettovello aún no respondió.
Desde la calle, la gestión cotidiana de los comedores populares, Victoria Clérici, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos en Rosario, subrayó “la falta de empatía” del Ministerio de Capital Humano y de “imbecilidad respecto de la gestión estatal”. “Porque vos podés asumir a partir de un partido político y una ideología el gobierno, pero cuando estás en una función pública, el estado tiene que llegar a todo el mundo. Hay una contradicción muy grande entre lo que se dice para la tribuna y los medios de comunicación y los hechos concretos, que son cuando se dice que no va a haber intermediarios ni referentes, sentarse con tres de Aciera”, consideró Clérici. Más claro imposible: “No hay un problema con la intermediación sino con lo que no me gusta. El estado no funciona así, es de cada una y cada uno de los argentinos. Claramente esta gente viene a hacer negocios para los amigos y los leales”, agregó. Para ella, con amplia experiencia en el área “no hay política. Tiene que ver con la brutalidad de esta gente, sumada a la pedagogía de la crueldad”.
