Expertos cuestionan el manual tarifario del Minsalud: un TAC pasa de $725 mil a $157 mil

En ese sentido, la normativa, que podría expedirse oficialmente en los próximos días y que está a la espera de comentarios hasta el próximo primero de mayo, será el referente para la contratación de servicios de salud en el país y de obligatorio cumplimiento en los casos originados por accidente de tránsito, desastres naturales, atentados terroristas y los demás eventos catastróficos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social; también, en la atención de urgencias de otra naturaleza.

Mientras que para la prestación de los servicios de salud de otra naturaleza por parte de las Instituciones Prestadoras Servicios de Salud (tanto públicas como privadas), según establece el decreto, “se pagará a las tarifas acordadas entre las entidades responsables del pago y los prestadores de servicios de salud según los acuerdos de voluntades celebrados entre las partes”.

Es decir, para procedimientos ambulatorios, que no son urgencias, que no son accidentes de tránsito, donde no se establezcan acuerdos previos entre IPS y EPS, o en intervenciones privadas y demás, será cada clínica o especialista el que establezca sus valores.

El documento establece los valores en Unidad de Valor Básico (UVB) que podrá cobrar una Institución Prestadora de Salud (IPS) a una Entidad Promotora de Salud (EPS), Adres, aseguradora o alguna otra entidad responsable de pago.

Dicha acción, en teoría, no debería afectar de ninguna manera el costo de la salud que pagan hoy las personas en el régimen contributivo y subsidiado, pues lo que se busca es que las IPS cobren un valor controlado y establecido por el Gobierno para ciertos procedimientos.

En ese sentido, de las 297 páginas, un total de 260 están enfocadas en establecer el valor que se puede cobrar en UVB por ciertos servicios. Para 2024 un UVB está en $10.951. 

Sin embargo, lo que ha alertado a muchos expertos es el valor (en muchos casos por debajo de lo que actualmente se cobra) que estableció el Gobierno.

“Nadie, ninguna IPS a nivel nacional le va a brindar un servicio de un TAC a 157 mil pesos. Nadie”. Así explica Luis Russi, asesor financiero en temas de salud, las falencias que se ven en el cálculo de los costos que se pagarían según el nuevo borrador de manual tarifario de salud publicado este martes por el Ministerio de Salud.

Russi, quien por doce años ha trabajado en el asesoramiento de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) asegura que ve con gran preocupación el borrador de decreto, pues establece costos que están por debajo del promedio y de lo que actualmente se paga en el mercado, algunos que nisiquiera son competitivos.

El experto analizó los datos del actual Manual de Régimen Tarifario Soat, que rige actualmente y que en muchos casos los valores se pueden negociar, al de la propuesta del nuevo manual tarifario del gobierno, que sería de obligatorio cumplimiento. En dicho análisis encontró que la tendencia en general es a disminuir los valores a pagar, sobre todo en procedimientos quirúrgicos, por valores que no son competitivos.

Por ejemplo una ‘Tomografía Computada de Cráneo Simple’, conocida usualmente como TAC, se paga actualmente según el Manual de Régimen Tarifario Soat de 2024 a $725.400. Con el nuevo decreto del gobierno se pagaría a $157.256.

En el caso de una ‘Amigdalectomía’, que es la extirpación quirúrgica de las amígdalas, actualmente se paga a $1’899.900. Con el nuevo manual tarifario del gobierno se pagaría a $1’165.296.

Pasa lo mismo con una ‘Osteotomía de clavícula’, un procedimiento que se realiza regularmente cuando hay una fractura de clavícula, que actualmente se paga a $1’899.800 y pasaría según el nuevo manual tarifario a costar $1’480.028. 

Otros expertos también han alertado por los bajos costos. Por ejemplo el expresidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, Juan Senior, advirtió que la consulta con un especialista costaría apenas $42.161 y que además, a los médicos generales que realicen labores de especialistas en territorios apartados del país se les pagará solo el 70 % de la tarifa establecida. Pasa lo mismo con médicos generales que realicen procedimientos obstétricos y ginecológicos.

“A la misma labor no procede igual reconocimiento si es realizado por un médico general. ¿Quién decidirá la capacidad del galeno para realizarlo? ¿Si hay complicaciones podrá ser demandado por estar realizando un procedimiento que requiere especialista? ¿Será cirujano y anestesiólogo?”, cuestiona Senior.
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​Cabe aclarar que, actualmente, a los médicos generales de zona apartadas no se les paga tarifa de especialistas cuando realizan un procedimiento que debería hacer un médico especialista. Es decir, a un médico general actualmente se le paga por sus intervenciones la tarifa de médico general, en el nuevo modelo propuesto por el gobierno se le pagaría el 70 % de lo que se le paga a un especialista, en el caso de que debiese actuar como tal. 
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​Al respecto, la médico internista Tatiana Villarreal, señaló que esta decisión en vez de verse de forma positiva sería “un incentivo perverso y peligroso para la seguridad del paciente”. Esto, porque bajo su concepto, el pago de un 70 % a un médico general por intervenciones de especialistas podría llevar a que estos médicos generales pudiesen realizar estas intervenciones con el objetivo de obtener un mejor pago sin tener el conocimiento.