El expresidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018) rechazó el reporte que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos del caso Bancrédito, como un ejemplo de corrupción gubernamental en Costa Rica, según fue consignado en un informe sobre el ejercicio de los derechos humanos, publicado el pasado lunes.
En el apartado cuatro del documento, dedicado al análisis de la corrupción en el Gobierno, la dependencia estadounidense mencionó la acusación contra Solís y cuatro miembros de su administración, por el traslado de dinero de la Tesorería Nacional al ya extinto Bancrédito, en el año 2017.
El informe menciona que esta acción pretendía “intervenir y tergiversar la liquidez financiera del banco para beneficiar la percepción política de la administración en ese momento”.
Por medio de un comunicado, Solís manifestó este martes sentir sorpresa de que el caso fuera incluido en el reporte del Departamento de Estado. Igualmente, acusó a la publicación de lesionar “gravemente” su presunción de inocencia y derecho al debido proceso, así como el de las demás personas investigadas en este caso.
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El exmandatario calificó la redacción del documento de superficial y ambigua, al no aclarar que tanto su persona como el resto de los acusados, “se han sometido a la justicia sin atacarla, sin intentar debilitarla, sin rehuir a su deber ciudadano de rendición de cuentas (…)”.
“Desde el primer llamado de la Fiscalía a cargo de la investigación he estado sujeto al proceso acudiendo puntualmente, aun cuando residía fuera del país por razones profesionales, a todos los llamados que se me han hecho y suministrando la colaboración requerida en todo momento”, agregó.
Alegó que se trata de un proceso judicial que apenas está en sus etapas iniciales, por lo que no existe una sentencia condenatoria o un auto de elevación a juicio. La audiencia preliminar está programada para el año 2025.
Por este caso, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó, en julio del 2023, una acusación contra el exmandatario por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
Además del exgobernante, los otros imputados en el caso son Helio Fallas Venegas, ex primer vicepresidente de la República y exministro de Hacienda; Sergio Alfaro Salas, exministro de la Presidencia; Martha Cubillo Jiménez, ex viceministra de Egresos y extesorera nacional; y Mauricio Arroyo Rivera, subtesorero nacional.
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Solís señala errores en reporte
El exgobernante Luis Guillermo Solís acusó a la Embajada de Estados Unidos de reportar la información al Departamento de Estado, de forma “errónea, omisa, sesgada y lesiva”.
Igualmente, Solís argumentó que las medidas tomadas por su administración en aquel entonces pretendían “evitar un daño estructural y reputacional al sistema financiero” y procuraban “honrar todas las deudas del banco, incluidas aquellas con sus propios trabajadores”.
“El costo de oportunidad de no actuar en esa forma no lo podía asumir nuestro país, como tampoco lo harían en ninguna otra nación, incluida la autora del reporte, donde los rescates bancarios han sido noticia incluso en tiempos recientes, como forma de evitar contagios en los sistemas financieros”, indicó.
Según la acusación, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
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En junio del 2020, la Contraloría General de la República (CGR) denunció ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en las inversiones de corto plazo que el gobierno de Luis Guillermo Solís hizo en Bancrédito, antes de que esta entidad pública cerrara por falta de liquidez en noviembre del 2018.
“Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) llegara a decretar la intervención del banco debido a los serios problemas de liquidez que enfrentaba y, por ende, evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”, añadió el Ministerio Público en un comunicado, el año anterior.
Bancrédito cerró sus puertas de forma oficial el 30 de noviembre del 2018. En ese año, la extinta institución financiera cumplió 100 años de funcionamiento.
