Hace pocos días atrás, la Universidad Católica dio a conocer los resultados de la XIV versión de la encuesta Bicentenario. La importancia de esta tradicional encuesta (a estas alturas, la mejor encuesta de Chile por metodología —1.575 personas entrevistadas de modo cara a cara a partir de un diseño muestral probabilístico, durante cuatro semanas de terreno— y calidad de las preguntas) se evidencia en distintos tópicos, y aclara buena parte del clima de malestar que predomina desde hace años en Chile. Convengamos que el término “malestar” ha sido muy utilizado desde 1998, año en cual el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile elaborado por el PNUD suscitó un importante debate intelectual y político, provocando incluso años más tarde interés, aunque no consenso en la comunidad científica, sobre su pertinencia. Es probable que se trate de un concepto que debamos abandonar por inanición, ya que no da lo suficientemente cuenta de la magnitud del “descontento” (otro concepto problemático) de los chilenos con su propia vida y la realidad que los rodea.
La encuesta Bicentenario vuelve a poner en el tapete, sin nombrarlo, el malestar chileno. Me quiero detener en la dimensión de conflictividad de esta encuesta, la que arroja altísimos niveles de percepción de que en Chile hay varios focos de conflicto. Al ser interrogados sobre la magnitud de una serie de conflictos, los encuestados respondían que el conflicto derecha-izquierda es un gran conflicto (82%), del mismo modo que la relación gobierno-oposición (81%) y el conflicto entre chilenos e inmigrantes (78%). Nótese en este último caso que la pregunta sobre la relación de los chilenos con los inmigrantes contiene la palabra “conflicto”, tal vez el único sesgo en la formulación de preguntas de esta encuesta al inducir un efecto de imposición de problemática. Pero pasemos por alto este faux pas, que no invalida en nada el instrumento. Con todo, estos tres “conflictos” alcanzan en el mismo año el punto más alto de toda la serie de encuestas Bicentenario, a lo que se suma que el 82% de los encuestados considera que el conflicto entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile es de gran importancia (en 2021 alcanzó el 88%). Qué duda cabe: son números considerablemente altos.
Es cierto que en otros aspectos el “conflicto” declina sin dejar de existir, por ejemplo, entre trabajadores y empresarios (52%, diez puntos menos que en 2021), entre ricos y pobres (con una leve alza para situarse en el 64% respecto de la medición anterior, aunque once puntos menos que en 2020 a continuación del estallido social). Pero los guarismos son lo suficientemente elocuentes para evidenciar un clima de opinión horrible: si uno tuviese que emplear tan solo una palabra para nombrarlo, la “crispación” sería la mejor candidata.
¿Cómo explicarlo?
Es posible que una parte de la explicación resida en frustraciones de distinta índole, como por ejemplo en la percepción de creciente dificultad para acceder a la vivienda propia (tan solo el 13% de los encuestados cree posible tener hoy una vivienda propia, el punto más bajo de toda la serie y 42 puntos menos que en 2009, un verdadero desplome). Con el fin de no usar de modo efectista un dato aislado que, de seguro refleja frustración, me parece más importante concentrarme en los datos dramáticos sobre la confianza en Chile.
Desde hace años que las encuestas vienen mostrando una caída brutal de la confianza en el país, partiendo por la confianza interpersonal. Si bien la encuesta Bicentenario aun refleja un modesto stock de confianza entre las personas (tanto en el número de amigos declarado como en el conocimiento del nombre de los vecinos, en ambos casos con una tendencia al alza), esto no se refleja ni se reflejará en el corto y mediano plazo en confianza en las instituciones, especialmente públicas. No se percibe el mecanismo faltante, aun cuando sospechamos que es la calidad y recepción de las políticas públicas, cuyos efectos tardan mucho en ser percibidos. De las instituciones públicas, tan solo Carabineros y las Fuerzas Armadas arrojan modestas tasas de confianza, 38% y 39% respectivamente, a lo que suma un 46% de confianza hacia las universidades (las que incluyen, en la formulación de la pregunta, a universidades públicas y privadas).
Lo anterior no puede ser motivo de sorpresa para constatar que las instituciones políticas gocen de tan poca confianza: de modo impresionante, los partidos y el parlamento exhiben un esquelético 1% de confianza (lo que abre la posibilidad de un récord mundial, esto es que ambas instituciones alcancen en el corto plazo el 0% de confianza, lo que mucho se acerca a una forma blanda de repudio popular). La confianza es también el sentimiento menos presente en los encuestados cuando se les interroga acerca de los tribunales de justicia (6%) y el gobierno (11%).
Esta tendencia ya se estaba observando, desde hace años, en toda la industria de las encuestas. Lo que produce asombro es el 1% de confianza del que gozan los partidos y el parlamento (apenas una decena de personas de un total de 1.575), lo que contrasta con el comportamiento político ensimismado, a veces orgulloso, y sobre todo autorreferente de los políticos. Sus batallas son, para ellos, verdaderos desgarros que, a la hora de ser explicados, se acude a argumentos que no le hacen sentido a nadie: últimamente, “hay que cumplir la palabra” o no cumplirla.
¿Cómo no ver que es en la política en donde hay que buscar las principales razones de la crispación? No de la política consigo misma, sino de los chilenos con la política.
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