La finca El Paraíso no volverá a ser lo que era. Eso fue lo que pensaron José Noé Mendonza y Ana Librada Niño –dos campesinos de Saravena (Arauca)– cuando salieron de su parcela porque el río Bojabá entró hasta su tierra y los dejó sin nada.
Han compartido 45 años de matrimonio y, durante los últimos siete, libraron una batalla legal contra el Estado para que los reconociera como víctimas de desplazamiento forzado por factores ambientales.
Tocaron puertas en la Alcaldía de su pueblo, en la Gobernación de Arauca y en varias instituciones del Gobierno Nacional: todos se negaron a atenderlos.
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El triunfo –desde ya considerado como histórico– llegó en la tarde de este 22 de abril cuando la Corte Constitucional reconoció en su Sentencia T-123 de 2024 que en Colombia existe el desplazamiento forzado por cuenta de los desastres naturales.
Los campesinos recibieron respuesta del Estado después de luchar contra una crisis climática y varias instituciones durante los últimos 9 años.
El Paraíso era un tajo de tierra en el que había una casa hecha con paredes de madera, piso de cemento y tejas de zinc. Allá –en la vereda Campo Oscuro– vivían Ana y Noé. Por las noches, la corriente del río Bojabá se escuchaba a lo lejos.
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Era mayo de 2015. Doña Ana hacía oficio y don Noé jornaleaba en sus cultivos. Empezó a llover.
“El día del diluvió ese río se dio una crecida que mejor dicho: casi nos ahogamos allá. En cuestión de dos horas todo estaba inundado”, relató don Noé Mendoza en diálogo con EL COLOMBIANO.
El río se había desbordado. Entró sin tocar la puerta. El agua les llegaba a la cintura. La cama, el colchón, la ropa y el televisor se perdieron.
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“Esa crecida se llevó el ganado, las bestias, los marranos, las gallinas y los patos. Todo se lo llevó el río. Fueron muy poquitos los animales que pudimos salvar. Los cultivos que teníamos también se perdieron”, recordó Noé.
Los vecinos de El Paraíso, desesperados, gritaban para que la pareja de campesinos saliera rápido de la parcela.
“Ellos nos tuvieron que ayudar a salir. Por allá arrimó la Cruz Roja, la Defensa Civil y los Bomberos. Fueron ellos quienes nos sacaron con unas cuerdas porque toda esa zona estaba inundada”, contó, por su parte, doña Ana Librada Niño.
El Paraíso no podía seguir siendo habitado. No había tierra para cultivar y su casa se convirtió en un pantano.
–¿En ese momento qué ayudas les brindó las autoridades?
–Los del gobierno si fueron en dos veces. Llevaron un mercadito, una colchoneta y un toldito. Pero no volvieron más. Eso no prestaban atención a nada. Recordó Ana.
En efecto, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reconoció que en mayo de 2015 hubo varias emergencias en Saravena por cuenta de la creciente de los afluentes y que –en coordinación con las autoridades territoriales– entregaron 342 millones de pesos en mercados y kits de aseo a las familias que resultaron perjudicadas en esa región.
Con lo que tenían encima, la pareja tuvo que desplazarse hasta el caso urbano de Saravena y refugiarse en la casa de uno de sus hijos. Así estuvieron dos años.
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“Nosotros no nos aguantamos. En 2017 volvimos. Adecuamos un pedacito de tierra para montar un ranchito allá en la finca. A uno casi no le gusta el pueblo, uno fue criado en el campo y eso de estar en el pueblo no es tan bueno”, recordó Noé.
Y cuando creían que el retorno estaba garantizado, volvió la temporada de lluvias. Un aguacero hizo que los ríos Bojabá y Arauca se desbordaran. La fuerza de la corriente fue tan grande que terminó por tumbar el puente que conectaba a El Paraíso –y las demás fincas Campo Oscuro con el resto de Saravena–. Fueron 40 las familias que resultaron damnificadas por las inclemencias del clima.
2017: inicio de una batalla legal
Noé y Ana tuvieron que abandonar su tierra por segunda vez. Fue ahí que apareció su nieta, Lored Camila Cáceres Mendoza –para entonces una estudiante que había viajado desde Saravena para estudiar Derecho en la Universidad del Rosario de Bogotá– con la idea de que en este caso había que buscar justicia.
Derechos de petición, fotografías, oficios y testimonios fueron algunas de las pruebas que la pareja y su nieta recolectaron durante tres años.
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Uno de sus principales argumentos fue enviado el 10 de septiembre de 2020 a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En el derecho de petición, solicitaban ser reconocidos como víctimas de desplazamiento forzado interno y recibir el mismo reconocimiento y ayudas de los desplazados por razones asociadas al conflicto armado.
Alegaban que estaban siendo vulnerados sus derechos a la vivienda digna, el trabajo, la alimentación, la vida y la seguridad personal.
La Unidad les dijo que no. Presentaron una acción de tutela que fue negada en dos instancias. El último en desestimar los argumentos de los campesinos fue el Tribunal Superior de Bogotá.
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“Este es un tema que en América Latina no ha sido tocado. De hecho, Perú era el único país que había reconocido el desplazamiento por factores ambientales. Desde que iniciamos sabíamos que era poco probable que nos dieran la razón, pero queríamos abrir el debate”, señaló la nieta y defensora Cáceres.
Fue entonces que la tutela llegó hasta la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. La ponente fue la magistrada Natalia Ángel.
“El cambio climático, la deforestación, la acidificación de los océanos y otra multitud de deterioros ambientales (…) terminan generando consecuencias devastadoras para las personas, sobre todo para los más vulnerables”, señaló la Corte.
Fue así que el alto tribunal reconoció la existencia del desplazamiento forzado por causas ambientales y decidió garantizar los derechos vulnerados de Ana y Noé.
Ordenó a la Alcaldía de Saravena, a la Gobernación de Arauca y a la UNGRD estudiar la viabilidad del retorno de estos campesinos a El Paraíso a través de un estudio de mitigación y, si no es posible, brindarles una reubicación para que sigan labrando la tierra que el cambio climático les arrebató.
¿Por qué es una decisión histórica?
Colombia se convirtió en el segundo país de América Latina en reconocer el desplazamiento forzado por factores ambientales. La Corte exhortó al Congreso a legislar en esta materia y a crear políticas públicas que permita al Estado atender de manera eficiente a todas las víctimas de desplazamiento forzado por causas ambientales. La sentencia, además, marcará un precedente para que las demás víctimas de este fenómeno se puedan amparar en ella. Por último, las decisiones que se tomaron en ella también cobijan a las demás víctimas de desplazamiento por cuenta de los constantes desbordamientos del río Bojabá en Arauca.
