El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid, ubicado en el barrio de Aluche, ha vuelto a ser el escenario durante este fin de semana de un nuevo motín. Uno de los internos alentó una revuelta, a la que se unieron un importante número de inmigrantes, que acabó con al menos una persona atendida en un hospital e importantes desperfectos en el interior de la instalación gubernamental.
Los hechos ocurrieron cuando un inmigrante solicitó unos medicamentos al servicio médico. Se le pidió que esperase porque se estaba atendiendo a una interna y la situación estalló. Empezó un episodio de violencia desmedida, con agresiones físicas y amenazas de muerte, rompiendo ventanas y puertas, y utilizando los cristales de las mismas como armas improvisadas para amenazar a los agentes. El interno consiguió que más inmigrantes se unieran a su motín.
En las últimas horas el centro ha ido recuperando la normalidad, pero el hecho ha provocado que los sindicatos policiales hayan aprovechado la ocasión para recordar en qué situación están prestando servicios los agentes que se encargan de custodiar estos centros, donde se ingresa a inmigrantes ilegales que tienen una resolución de expulsión del país a espera de que la misma se haga efectiva.
Lo más destacable fueron las cifras del suceso. Sólo 9 policías tuvieron que hacer frente a una revuelta en el que participaron 79 inmigrantes. “El motín ha vuelto a revelar la vulnerabilidad de los CIE y de la nula seguridad jurídica y física en la que los policías tienen que desempeñar su función en estos centros. No sólo ha puesto en peligro la vida de nuestros policías sino también la de los propios internos“, apuntan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
“Exigimos medidas inmediatas y concretas. Es crucial aumentar el número de policías que prestan servicio en los CIE y proporcionar una formación continua y especializada. Hay que recordar que eran 9 agentes contra 79 internos. Se requiere la provisión urgente de chalecos individuales y material antidisturbios, además de implementar medidas de seguridad más robustas en los centros”, añaden desde el sindicato.
“También medidas asegurar un respaldo judicial y jurídico firme a los policías tanto desde el Ministerio del Interior como de la Dirección General de la Policía y la propia Fiscalía, acusando a las personas que protagonizan estos incidentes de los delitos que correspondan, ya que hasta la fecha no se ha producido ninguna imputación formal ante estos hechos”, concluyen desde el SUP.
