Sin que nadie se lo pidiera, la senadora Lilly Téllez García de pronto se erigió como la vocera y defensora de al menos 100 millones de habitantes en el país que profesan el cristianismo, al proteger en tribuna a los creyentes que dijo “se sintieron ofendidos” por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó “santa” a la muerte.
La legisladora se refirió a lo dicho por el Ejecutivo en su mañanera de la semana pasada acerca de la camiseta que tiene la figura de la Santa Muerte y que publicitaron en redes sociales tanto el partido en el poder como el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, pues se dijo respetuoso de la libertad religiosa.
López Obrador se enganchó con el tema espiritual y la senadora sonorense aprovechó el error asumiéndose como la inquisidora de un tribunal que no le corresponde, porque es representante popular, pero no espiritual del pueblo. Téllez cobra un salario para elaborar, proponer y modificar leyes terrenales y no exhibir, denostar o difundir algún credo religioso… por mayoritario que sea.
La senadora hizo una coperacha con sus homólogos panistas Víctor Fuentes Solís y Alfredo Botello Montes para pagar una manta de más de 4 metros de altura que colocaron en el recinto senatorial con la imagen de la Santa Muerte plasmada en la camiseta mencionada. Ella sacó un rosario que levantó en su mano izquierda, mientras la también senadora Josefina Vázquez Mota pedía que se transmitiera un video donde el obispo Ramón Castro Castro condenaba la “narco cultura de la muerte que se difunde en redes”.
En México somos poco más de 126 millones de habitantes, de los cuales alrededor de un 85% profesan el cristianismo en sus diferentes expresiones. Varios de ellos son seguidores del culto a la Santa Muerte y otros de un sincretismo católico, santería y adoradores de otras entidades espirituales, quienes incluso sacrifican animales en ritos clandestinos.
La legisladora y sus colegas azules creen que el presidente López Obrador viola la libertad de culto y el Estado Laico al señalar que cada mexicano es libre de creer -o no creer- en lo que mejor le parezca. Piensan también que, como senadores están obligados a defender en tribuna la religión que profesan y además ponderarla por sobre todas las demás, lo que constituiría un acto discriminatorio, sobre todo para aquellos y aquellas que no practican ninguna religión, como la candidata Claudia Sheinbaum.
PALABRA DE HONOR: Continúan los casos de intolerancia religiosa. Ahora fue en Huejutla, Hidalgo, donde unos 100 integrantes de iglesias bautistas fueron expulsados y amenazados por pobladores católicos, quienes les cortaron el suministro de agua y luz. La autoridad trata de mediar en el asunto dejando a un lado el derecho a la libertad de culto consagrado en la Constitución.