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Los demócratas siguen en busca de un acuerdo sobre las iniciativas sociales de Biden que tendrían impacto en Puerto Rico

Autor: Jose A. Delgado

Washington D.C.– El Congreso reanuda sus sesiones sin la mayoría demócrata saber aún cómo podrá armonizar sus diferencias en torno al tamaño y contenido del proyecto de reconciliación presupuestaria con las iniciativas sociales del presidente Joe Biden.

Un acuerdo sobre esa legislación puede ser aún necesario para aprobar antes de que termine el mes en la Cámara baja la medida de asignaciones para inversión en infraestructura, que fue ratificada en agosto en el Senado de Estados Unidos.

Los dos proyectos – que representan el plan “Reconstruir mejor” del presidente Biden-, tendrían un impacto significativo en Puerto Rico.

Por ejemplo, el proyecto de inversión en infraestructura garantiza por lo menos $1,700 millones durante cinco años a Puerto Rico.

Y aunque la medida de reconciliación está llena de propuestas con impacto en la Isla, el reconocimiento de los demócratas de que su tamaño debe reducirse – quizá de $3.5 billones (trillones en inglés) a unos $2 billones-, genera incertidumbre de cuáles serán las iniciativas que sobrevivirán las negociaciones internas.

Cuando la medida original se tramitó por los comités de la Cámara baja federal el impacto fue estimado en miles de millones de dólares.

Pero, el tiempo vuelve a estar en contra de los demócratas, en momentos en que el Senado volvió a sesionar el lunes y la Cámara de Representantes regresa el martes.

La intención de la speaker Nancy Pelosi (California), es aprobar el proyecto de inversión en infraestructura – que asigna cerca de un $1 billón-, antes de que termine el mes. Para lograrlo, Pelosi tendrá que convencer a medio centenar de congresistas liberales de que estará garantizado un proyecto de reconciliación presupuestaria adecuado.

Las cosas, sin embargo, se han complicado.

Durante el fin de semana, The New York Times reveló que además de reclamar que el costo de las iniciativas sociales de Biden se reduzca de $3.5 billones a $1.5 billones, el senador demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental) quiere eliminar del plan un programa para reemplazar las centrales eléctricas de carbón y gas por energía eólica, solar y nuclear.

Ese programa – que Manchin considera que atenta contra su estado, rico en carbón-, costaría $150,000 millones.

Tanto Manchin como su colega Kyrsten Sinema (Virginia Occidental) han frenado el proyecto de reconciliación presupuestaria, pues aunque la legislación puede aprobarse por mayoría simple, los demócratas requieren unanimidad de su caucus debido a la oposición de todos los republicanos y el hecho de que el Senado está dividido 50-50.

Manchin también quiere limitar los ingresos de las personas que tienen acceso al crédito federal por niños dependientes (CTC), el impacto del programa de cuido de niños y la licencia médica y familiar que se propone.

Al otro lado de Manchin está el senador independiente Bernie Sanders (Vermont), quien como presidente del Comité de Presupuesto defiende la totalidad de las propuestas de Biden.

Manchin y Sanders se reunieron el lunes en la tarde con el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York). A finales de la semana pasada, Sanders publicó un artículo de opinión en el Charleston Gazette Mail – uno de los principales de Virginia Occidental-, para denunciar la oposición de Manchin a programas sociales que tendrían un importante impacto en su estado.

“El proyecto de ley ‘Reconstruir mejor’ de $ 3.5 billones, apoyado por el presidente Biden y casi todos los demócratas en el Congreso, es un esfuerzo sin precedentes para finalmente abordar las crisis largamente desatendidas que enfrentan las familias trabajadoras y exigir que las personas más ricas y las corporaciones más grandes del país comiencen a pagar una parte justa de los impuestos. De hecho, esta legislación se pagaría poniendo fin a las lagunas y aumentando los impuestos sobre el 1% y las grandes corporaciones con más ganancias”, indicó Sanders en su artículo de opinión.

El presidente Biden – quien busca un acuerdo que acerque el costo de sus iniciativas sociales a unos $2 billones-, ha citado para la tarde del lunes reuniones independientes con grupos de demócratas moderados y liberales. Le acompañarán la vicepresidenta Kamala Harris y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. El lunes en la noche, según CNN, telefoneó a Manchin.

Por medio del proyecto de reconciliación presupuestaria, la Casa Blanca y el liderato demócrata del Congreso han querido financiar un programa de prekínder universal, la expansión de los programas de cuido para niños, matrícula gratuita por dos años en los colegios universitarios de la comunidad, mejorar los servicios del programa Medicaid y expandir créditos contributivos que beneficien a las familias, entre otras cosas.

La legislación que se ha discutido en la Cámara baja permitiría crear un crédito por empleo para subsidiarias estadounidenses que hacen negocios en Puerto Rico y los demás territorios.

El crédito sería de hasta $10,000 para las grandes corporaciones estadounidenses – hagan negocios como domésticas o foráneas-, y de hasta $69,750 para las empresas que tienen 30 empleados o menos y ganancias que no superan los $50 millones anuales.

Aunque la legislación aumentaría de 10.5% a 16.56% el impuesto sobre la propiedad intelectual (Gilti) establecido por la ley de reforma contributiva federal que entró en vigor en 2018, en el caso de Puerto Rico y los demás territorios se ofrecen iniciativas para hacerlo menos oneroso para las empresas foráneas.

De acuerdo a la legislación, las empresas foráneas podrían acreditar el 100% de sus impuestos en la Isla – no el 80% como ahora-, al pagar el Gilti. En países que compiten con Puerto Rico el crédito que se propone es de 95%, lo que da una leve ventaja a la Isla sobre países independientes.

La legislación impulsa a su vez cerca de $8,000 millones en fondos de vivienda pública para la Isla.

Otra de las propuestas establecería un fondo especial de $300 millones en el Departamento del Interior para indemnizar a los viequenses por los daños causados a la salud por las maniobras militares estadounidenses en la Isla Nena.

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