Miles de abogados y procuradores han exigido ante la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una pasarela al régimen de autónomos (RETA) que permita jubilaciones dignas para estos profesionales, que se sienten discriminados frente a otros colectivos.
Convocados por el colectivo J2 ante el Colegio de Abogados de Madrid, posteriormente se han trasladado ante la sede del Ministerio, donde han proclamado su indignación ante la imposibilidad de trasladarse al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, ya que temen que no abarque todos los casos y quedarse con pensiones que apenas llegan a 300 euros.
Estos profesionales estaban inicialmente obligados a cotizar en un régimen alternativo, y aunque posteriormente se habilitó legalmente dicha posibilidad, en la práctica no han podido trasladarse al RETA, al implicar la pérdida total de los fondos aportados a las diversas mutualidades y los años abonados a efectos de aportaciones para sus pensiones de jubilación.
Los asistentes han criticado también la falta de transparencia por parte de las mutualidades de la abogacía, “con la connivencia de muchos colegios de abogados y de los consejos generales”. Este viernes el Ministerio informó de que se va a incluir en el rescate de los fondos o pasarela a aquellos que estuvieran en una mutualidad antes del cambio de sistema de capitalización colectiva a uno individual, que en el caso de abogados, la más numerosa de las mutualidades, fue en 2005.
De este modo, la Seguridad Social va a extender a los mutualistas inscritos antes de 2005 la posibilidad de pasar sus cotizaciones al RETA, opción que inicialmente se había planteado sólo para los mutualistas anteriores a 1996. Esa conversión se hará en periodos cotizados con la base mínima en el RETA, y el capital será transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Un portavoz de la Mutualidad de la Abogacía ha señalado que estas medidas “se han anunciado sin que se haya producido un diálogo previo ni consulta” sobre ellas con dicha organización. La mutualidad ha dirigido varias misivas a la ministra Elma Saiz, de la que esperan “una respuesta certera, concreta y definitiva para el conjunto de los mutualistas”, dado que las decisiones que se adopten no solo afectan a los mutualistas alternativos (cerca de 60.000), sino a todos un colectivo formado por más de 210.000 personas.
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En un comunicado, destacan que “no se ha producido ningún cambio sustancial respecto a lo anunciado por la ministra en el pasado mes de marzo”. Los asistentes a la manifestación han señalado la responsabilidad del Estado, al no haber legislado de un forma garantista ni haber supervisado ni controlado el funcionamiento de estas entidades alternativas al sistema público, a las que durante décadas se ha dejado operar y en las que el Estado delegó su deber constitucional de asegurar una pensiones dignas a los ciudadanos durante la tercera edad.
