Los partidarios republicanos dicen que los votantes decidirán sobre la seguridad fronteriza. Pero la remisión a la boleta no muestra de dónde provienen los fondos.
PHOENIX — En una votación partidaria, los legisladores de Arizona aprobaron el miércoles lo que sería una de las leyes de inmigración más estrictas del país.
La “Ley para Asegurar la Frontera”, patrocinada por los republicanos, permitiría a los votantes de Arizona decidir en noviembre si los agentes locales encargados de hacer cumplir la ley pueden arrestar a quienes cruzan la frontera indocumentados, una tarea que los tribunales han dictaminado que cae bajo la autoridad federal.
“Los votantes tendrán la oportunidad de decidir cuestiones de seguridad fronteriza y de este estado”, mencionó el presidente del Senado, Warren Petersen, en conferencia de prensa.
“Podrán decidir si quieren mantener a Arizona segura”, mencionó
La remisión a la votación, HCR 2060, podría ser aprobada por el pleno del Senado y la Cámara a finales de la próxima semana.
Un número récord de inmigrantes ha cruzado la frontera suroeste en los últimos dos años.
Las encuestas muestran que la inmigración se ha convertido en un tema prioritario para los votantes.
El aumento sin precedentes de inmigrantes de varias naciones ha generado preocupaciones sobre la seguridad nacional y sobre las personas, mientras los narcotraficantes explotan la crisis fronteriza.
Similiar a la SB 1070
Para sus oponentes, la remisión republicana plantea el espectro de la SB 1070 de Arizona, una ley de inmigración del 2010 anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos.
“No estoy tan emocionado esta vez como hace 14 años, pero estoy más enojado, porque pensé que habíamos dejado eso atrás”, dijo Daniel Ortega, un abogado que ayudó a liderar la lucha contra la SB 1070.
El miedo a la deportación aterrorizó a los inmigrantes indocumentados y a sus familias. El ex sheriff del condado Maricopa, Joe Arpaio, realizó “redadas de inmigración” que más tarde un juez dictaminó que eran ciudadanos latinos con perfil racial.
El golpe también fue económico. Arizona fue objeto de boicots.
Varias empresas y grupos comerciales se oponen a la remisión a la boleta electoral debido a su impacto potencial en su fuerza laboral.
Hasta el día de hoy, los trabajadores indocumentados constituyen un segmento importante de la fuerza laboral de la industria de la construcción y la hotelería.
Petersen intentó disipar los temores de discriminación racial.
“No hay lugar en su historia para el perfilamiento racial”, dijo Petersen en comentarios dirigidos a un periodista.
Petersen citó la declaración del sheriff del condado Yavapai, David Rhodes, de que los agentes del orden necesitarían pruebas de un cruce fronterizo ilegal antes de realizar un arresto.
“Alguien dijo: ‘Oh, ¿eso significa que un oficial de policía en Gilbert le pedirá sus documentos?’ No, eso no es lo que eso significa, aseguró Petersen.
Aún no hay dinero reservado para dichas acciones
Rhodes, que representaba a la Asociación de Sheriffs de Arizona, dijo que los sheriffs de los condados fronterizos del estado (Yuma, Pima, Santa Cruz y Cochise) serían los más afectados por el arresto de inmigrantes indocumentados.
“Les he preguntado a mis amigos legislativos: ¿De dónde vendrá el dinero?”. dijo Rodas.
“¿Cómo vamos a defender la infraestructura de seguridad pública? ¿Dónde vamos a retener a las personas que han sido arrestadas? ¿Cómo vamos a tratar con las mujeres, los niños y las diferentes personas que están llegando?
“¿Cómo vamos a hacer estas cosas? No hay muchas respuestas por el momento”.
La resolución de remisión de la boleta no proporciona ninguna estimación de costos.
No existen límites establecidos para la aplicación de la ley.
Cláusula de inmunidad para las fuerzas del orden
Además, una cláusula de inmunidad que protege a las fuerzas del orden, a otros empleados gubernamentales y a los propios gobiernos de demandas civiles -como una demanda por perfilamiento racial- que podrían surgir de la aplicación de la ley.
“Hemos visto esta película antes con la SB1070”, dijo Joseph García, vicepresidente de Chicanos Por La Causa.
“Sabemos cómo termina: es pérdida de mano de obra, es pérdida de reputación para Arizona”.
Ortega admitió que la remisión podría ganar.
“Siempre digo que a veces puedes lograr lo que quieres políticamente, pero al final debes afrontar las consecuencias legales de tus acciones”, afirmó.
“En este caso, podrían ganar políticamente, pero perderán legalmente”, aseguró.
Además de darle a la policía de Arizona el poder de hacer cumplir las leyes federales de inmigración, la remisión electoral exigiría controles de inmigración más amplios para las personas que buscan empleo y sentencias más duras por las muertes relacionadas con el fentanilo.
Hobbs: “Deja un ojo morado al Estado”
La remisión a la boleta elude el veto de la gobernadora demócrata Katie Hobbs a principios de este año a un proyecto de ley similar que habría convertido en un delito estatal cruzar la frontera en cualquier otro lugar que no sea un puerto de entrada.
Una remisión a votación por parte de la Legislatura no requiere la aprobación del gobernador.
En un comunicado el miércoles, Hobbs dijo:
“Esta medida desviará los recursos policiales de detener delitos como robos y hurtos, costará a los gobiernos estatales y locales millones de dólares y dejará un ojo morado en la reputación internacional de nuestro estado como uno de los mejores lugares del mundo para iniciar y hacer crecer una negocio.”
¿Cuándo entraría en vigor la ley fronteriza?
Si los votantes aprueban la remisión de la boleta electoral de la Legislatura en noviembre, ¿qué tan pronto podrían las autoridades de Arizona comenzar a arrestar a quienes cruzan la frontera?
Hay al menos dos respuestas: podría pasar un tiempo o quizá nunca.
La medida de Arizona se basa en la ley SB4 de Texas, que ha quedado colgada en los tribunales mientras los jueces revisan si es constitucional o no.
La ironía de que Arizona esté esperando en la fila detrás de Texas es que la ley de Texas fue redactada de manera que superaría las objeciones de la Corte Suprema de Estados Unidos a la propia SB 1070 de Arizona.
El tribunal superior dictaminó que la policía no tiene autoridad para arrestar a alguien basándose en su estatus migratorio.
Es posible una prueba de la ley de Texas por parte de la Corte Suprema. Si se mantuviera la ley de Texas, la ley de Arizona entraría en vigor 60 días después.
Dado el ritmo de la Corte Suprema, es posible que se emita un fallo sobre la ley de Texas dentro de más de un año, aproximadamente en junio del 2025.
Si la ley de Texas fuera derogada, la ley de Arizona no entraría en vigor, pero las otras partes de la iniciativa sí lo harían.
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