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Preocupación ante la crisis de refugios y vivienda en Mass.

Autor: Kyla Guilfoil NBC News

Los proveedores de refugios para personas sin hogar en Massachusetts están planteando preocupaciones a medida que los legisladores avanzan para aprobar una legislación que limitaría las estadías a nueve meses por primera vez en los 40 años de historia de la ley estatal sobre “derecho a un refugio”.

Massachusetts es el único estado que ofrece a las familias y a las mujeres embarazadas el derecho a un refugio, que existe desde 1983. Pero el sistema se ha visto sometido a una tensión histórica debido a la afluencia de familias inmigrantes y a un número creciente de familias de Massachusetts desplazadas por una situación cada vez más inasequible em el mercado inmobiliario, dicen funcionarios públicos y líderes comunitarios. Según la Coalición para las Personas sin Hogar de Massachusetts, poco más de la mitad de las 7,500 familias actuales en el sistema de refugios de emergencia del estado son aquellas que llegaron recientemente al estado como refugiados o migrantes.

“El sistema de refugios se está viendo abrumado y, como proveedor, no podemos manejarlo”, dijo Mark DeJoie, director ejecutivo de Centerboard, uno de los proveedores de refugios de emergencia más grandes del estado.

La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó en marzo un nuevo proyecto de ley de gastos que esboza un plan de casi mil millones de dólares para abordar la crisis de vivienda. Poco después, el Senado aprobó una nueva versión que exigía que los líderes de las cámaras entablaran negociaciones para resolver sus diferencias. Ambos proyectos de ley impondrían un límite de nueve meses a las estadías en refugios de emergencia, pero los puntos conflictivos incluyen qué tipo de extensiones podrían otorgarse a las familias y cómo se financiarían las propuestas.

El representante Aaron Michlewitz, presidente del comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que participa en las negociaciones, dijo que cree que se puede llegar a una resolución sobre las diferencias entre las propuestas, añadiendo que el sistema de Massachusetts seguiría siendo más generoso que el de la mayoría de los estados si adopta un plazo de estancia de nueve meses.

“Sigue siendo uno de los programas más generosos, probablemente el más generoso del país, en términos de lo que ofrece”, dijo Michlewitz. Mientras que algunas otras ciudades importantes como Chicago y Nueva York sólo permiten estancias cortas en sus sistemas de refugio. “Estamos hablando de meses aquí en Massachusetts”, dijo.

Los directores de refugios esperan que la legislación incluya extensiones significativas más allá de los nueve meses iniciales para las familias con dificultades, ya que la duración promedio de las estadías de las familias en el sistema es casi el doble, alrededor de 16 meses, según la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables, que supervisa el programa de refugios de emergencia del estado.

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“Hay muchas familias que están en refugios por un período mucho más largo que 14 meses y no tiene nada que ver con la voluntad de la gente de abandonar el refugio. Se trata de la capacidad de irse”, dijo Shiela Moore, directora ejecutiva de Hildebrand Family Self-Help Center, Inc., un proveedor de refugios en el área de Boston.

Hildebrand actualmente alberga a unas 140 familias en sus unidades de Cambridge, que incluyen tanto unidades estilo apartamento como casas más grandes y congregadas donde las familias reciben una habitación y comparten baños, cocinas y espacios habitables con otras familias. Moore dijo que más de 80 familias han estado allí durante nueve meses o más.

En octubre, la gobernadora demócrata Maura Healey limitó el número de unidades de refugio a 7,500, diciendo que era necesario porque seguir ampliando el programa de refugio sería “insostenible”.

El límite se produce después de un aumento en el número de familias que califican para recibir refugio. La Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables dijo que en marzo de 2022 había alrededor de 3,000 familias en el sistema estatal. Un año después, el sistema albergaba a poco menos de 4,000 familias. Hasta abril de este año, los albergues apoyaban a unas 7,500 familias, de las cuales más de 3,500 se hospedaban en las unidades tradicionales del sistema y el resto en hoteles. Hay 736 familias adicionales en lista de espera para refugio de emergencia a principios de este mes.

Los líderes de los albergues dicen que la afluencia de familias inmigrantes ha ejercido presión sobre un sistema que ya estaba en dificultades.

“Hay una crisis humana y de inmigración”, dijo DeJoie, de Centerboard. “Nuestro sistema de refugios nunca fue construido para manejar ambas cosas. Sí nos refugiamos, pero ante la crisis que ha llegado a nuestra puerta, no estábamos preparados para eso”.

DeJoie agregó que es imperativo que el gobierno federal intervenga para ayudar a satisfacer las necesidades únicas de las familias migrantes, incluida la obtención de la autorización federal necesaria para que los migrantes soliciten empleo en los EEUU.

“Nosotros, Massachusetts y todos los demás lugares del país, no podemos hacer esto sin el apoyo del gobierno federal. Es simplemente… es imposible”, dijo.

Elizabeth Sweet, directora ejecutiva de la Coalición de Defensa de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (MIRA), dijo que el gobierno federal debe mejorar su sistema para otorgar permisos de trabajo a familias inmigrantes, un proceso que en algunos casos puede llevar hasta un año o más. dicen los funcionarios. Agregó que muchas de las familias en el sistema de refugios de Massachusetts están allí porque no pueden comenzar a buscar oportunidades laborales hasta que obtengan la aprobación para hacerlo.

“Los nuevos inmigrantes no quieren quedarse en hoteles y moteles”, dijo Sweet. “No quieren depender de los refugios estatales. Quieren tener empleos y ser autosuficientes”.

“Para muchas, muchas de estas personas, están esperando algunos meses hasta que lleguen y puedan empezar a buscar trabajo”, añadió.

Cuando se le preguntó sobre la falta de acción de los legisladores en Washington en materia de inmigración, el representante federal Stephen F. Lynch, demócrata por Massachusetts, enfatizó la disfunción en el Congreso por un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza que fue abruptamente echado a pique por los republicanos del Senado.

El proyecto de ley, que impondría leyes de inmigración y asilo más estrictas, fracasó en febrero tras las críticas de importantes legisladores republicanos y de Donald Trump.

“Personalmente, agradecería la oportunidad de votar sobre una medida sensata y bipartidista para endurecer las restricciones en la frontera”, dijo Lynch en el comunicado. “Creo que el Senado ha presentado un borrador viable que podría funcionar con algunos ajustes, y creo que tenemos los votos para eso. Desafortunadamente, hay quienes prefieren hacer campaña sobre el tema antes que solucionarlo”.

Si bien los líderes de los refugios están preocupados por la posibilidad de que las familias se vean obligadas a irse antes de tener un nuevo lugar adonde ir, apoyan los esfuerzos de los legisladores para encontrar formas de abordar la situación a medida que el sistema continúa colapsando.

Danielle Ferrier, directora ejecutiva de Heading Home, un importante proveedor de refugios con sede en Boston cuyas 350 unidades están actualmente totalmente ocupadas, dijo que es necesario que haya “algún tipo de barreras” en el sistema para evitar que se salga de control.

Buscan utilizar estos recursos para ayudar a los migrantes a ser elegibles y dar un impulso de asistencia económica para rentar vivienda.  

“Tenemos que encontrar algo que parezca lo más razonable posible, fiscalmente responsable, sostenible y humano”, añadió.

Ferrier dijo que no apoyaría el proyecto de ley original aprobado por la Cámara del estado, que permitiría a las familias sólo una extensión de tres meses en los refugios estatales después de que se hayan agotado los nueve meses iniciales. Después de eso, si no podían encontrar vivienda, las familias esencialmente quedarían en la calle, dijo. En cambio, Ferrier respaldaría un límite de tiempo que incluiría múltiples extensiones para las familias que intentaban abandonar el sistema pero no podían.

“Lo que creo es tener nueve meses muy claros y luego un proceso de dispensa donde podamos decir, mira, esa familia casi tiene un departamento. No los vamos a echar hoy. Nos aseguraremos de que consigan ese apartamento, ¿verdad?,” dijo Ferrier.

“Hay que crear el espacio para que el sistema se adapte para ser humano y funcionar”, añadió.

Moore se hizo eco de los sentimientos de Ferrier y dijo que entendía que era necesario hacer algo para abordar las cargas del sistema, pero que no se debía abandonar a las familias en el proceso.

“Soy muy claro y realista: todos tenemos presupuestos que gestionar”, dijo Moore. “Pero espero que la legislación sea lo suficientemente ágil como para hacer los ajustes necesarios para evitar que la gente quede desatendida”.

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