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Trump en guerra con el Archivo Nacional

Autor: Washington Post

La agencia ha sufrido una ola de amenazas y críticas desde que el FBI incautó decenas de documentos clasificados del club Mar-a-Lago de Trump.

En las casi tres semanas transcurridas desde que el FBI registró la casa del expresidente Donald Trump en Florida para recuperar documentos clasificados, la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA por sus siglas en inglés) se ha convertido en el blanco de una ola de amenazas y fuertes críticas, según personas que están al tanto de la situación.  Esto fue una gran sacudida para los funcionarios públicos que por ley están encomendados a preservar y resguardar los documentos del gobierno de Estados Unidos.

El miércoles, la directora de la agencia envió un correo electrónico al personal.  Aunque académico y repleto de referencias jurídicas, el mensaje de la archivista en funciones, Debra Steidel Wall, fue simple: Manténganse al margen y concéntrense en su misión.

“La NARA ha recibido mensajes por parte del público en los que se nos acusa de corrupción y de conspirar contra el expresidente, o en los que felicitan a la NARA por ‘derribarlo'”, escribió Steidel Wall en el mensaje que emitió para toda la agencia, y que obtuvo el Washington Post. “Ninguna de las dos perspectivas es correcta ni bienvenida”.

El correo electrónico cerró una saga de un año que ha envuelto a los Archivos (cuya aparición en la película de Nicolas Cage de 2004, “Tesoro Nacional” es ampliamente conocida) en una prolongada pelea con Trump por documentos clasificados y otros registros que se llevó cuando dejó el cargo.

Los funcionarios de los Archivos han enviado correos electrónicos, han llamado y persuadido al expresidente y a sus representantes para que cumplan la ley y devuelvan los documentos.  Cuando los Archivos recuperaron 15 cajas de Mar-a-Lago en enero, los funcionarios de la agencia encontraron un desastre de papeles desorganizados y sin inventario.  Material altamente clasificado estaba mezclado con recortes de periódicos y menús de cenas.  Y los funcionarios de los Archivos pensaron que aún faltaban más cosas.

Lo que ocurrió a continuación fue un paso extraordinario para los encargados de resguardar los registros de Estados Unidos: presentaron el asunto ante el Departamento de Justicia, lo que dio paso a un nuevo y dramático capítulo en lo que había sido una disputa silenciosa.

Tras el allanamiento que realizó el FBI el 8 de agosto, Trump y sus aliados desataron una cascada de ataques contra uno de los sectores menos políticos de la burocracia federal. “Podían haberlos recuperado cuando quisieran, incluso hace mucho tiempo”, escribió Trump el 12 de agosto en su sitio web Truth Social. “SOLO TENÍAN QUE PEDIRLOS. El mayor problema es, ¿qué harán con los 33 millones de páginas de documentos, muchos de ellos clasificados, que el presidente Obama se llevó a Chicago?”

Trump se refería de manera no explícita a los registros no clasificados que están almacenados en una de las instalaciones de los Archivos que se encuentra en los suburbios de Chicago, ya que probablemente los usen en la futura biblioteca presidencial de Barack Obama.  El viernes, el Departamento de Policía de Hoffman Estates (Illinois) elevó el número de patrullas que se encontraban alrededor del edificio después de que se produjera un pico de conversaciones en línea con respecto al edificio, según una persona familiarizada con la situación. El departamento de policía se negó a hacer comentarios. Steidel Wall no respondió a las solicitudes de comentarios.

La tormenta política ha destapado las confabulaciones de una parte fundamental, pero ignorada, de la democracia estadounidense; se corrió el telón de las prácticas de mantenimiento de registros consagradas por ley en 1978 tras el escándalo Watergate.

“Si no se preservaran registros del gobierno y si no se pudiera acceder a los mismos, no habría manera de mantener a la población informada, y sin una población informada, falta una de las herramientas básicas para preservar la democracia”, señaló la exarchivista en funciones Trudy Peterson, quien expresó que le preocupa que la retórica de Trump esté dañando la percepción pública de los Archivos. “El sistema no funcionará si no se protege la neutralidad de los Archivos Nacionales”.

Esta descripción de una agencia asediada por un expresidente y sus partidarios se basa en entrevistas con 14 empleados actuales y antiguos de los Archivos, asesores de Trump, historiadores y otras personas familiarizadas con la creciente disputa, muchos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para protegerse.

Las recientes acciones de Trump han despertado en sus seguidores un fervor contra los Archivos, y él ha empoderado a algunos de sus aliados más combativos políticamente para que lo representen en las negociaciones con la agencia.  Los representantes de los expresidentes suelen ser abogados, historiadores o familiares sin una agenda política clara.  Los representantes suelen ocuparse de cuestiones como la negociación de las solicitudes de privilegios, la creación de bibliotecas presidenciales o la investigación de las autobiografías presidenciales.

Pero esta es otra norma que Trump rompió.  En junio, más o menos cuando el Departamento de Justicia intensificó su caza de documentos en Mar-a-Lago, Trump asignó a dos nuevos representantes para los Archivos que se centraron en publicar documentos que, según ellos, reivindicarían a Trump y perjudicarían al FBI: Kash Patel y John Solomon.

Patel, exasesor de la Casa Blanca y del Pentágono, ha tratado durante años de desacreditar la investigación sobre los vínculos de la campaña de Trump con la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.  Recientemente ha estado promocionando un libro infantil sobre el escándalo en el cual él es un mago que descifra un complot contra el “Rey Donald”.  También vende botines con la marca “K$H” para recaudar dinero para un fondo de “ofensiva” legal.

Después de la redada del FBI en Mar-a-Lago, Patel afirmó mediante publicaciones en las redes sociales y entrevistas en los medios de comunicación de la derecha que el allanamiento formaba parte de un esfuerzo continuo por encubrir esos materiales.

“Todo se ha tratado siempre del Russia Gate”, aseguró Patel en la plataforma Truth Social de Trump.

Solomon, quien dirige la web conservadora JustTheNews, publicó la carta de Steidel Wall a los representantes legales de Trump en la cual les notificaba su decisión de permitir al FBI el acceso a las cajas recuperadas en enero.  Afirmó que la carta era una prueba del “esfuerzo de la Casa Blanca para facilitar una investigación criminal del hombre al que Joe Biden venció en las elecciones de 2020.”

La batalla de los Archivos para conseguir documentos en manos de Trump comenzó cuando aún era presidente, según registros revisados por el Post.  Gary M. Stern, el principal abogado de la agencia, comenzó a pedir a los abogados del expresidente que devolvieran dos docenas de cajas a la residencia de la Casa Blanca antes de que se fuera. Un correo electrónico que Stern escribió a otros, incluía la alusión a que el abogado de Trump, Pat Cipollone, estaba de acuerdo con él.  Pero Trump no las devolvió.

Durante meses, Stern envió correos electrónicos y llamó a los representantes de Trump, instándolos a que simplemente las devolvieran, utilizando una mezcla de súplicas y alguna amenaza ocasional. “Sabemos que las cosas son muy caóticas”, escribió en un correo electrónico en mayo, después de describir todos los artículos que los Archivos querían recuperar, ” . .pero es absolutamente necesario que obtengamos y consideremos todos los registros presidenciales”.

Dentro de los Archivos, la decisión de facilitar al FBI el acceso a las 15 cajas (territorio inexplorado para la agencia de 2.800 personas) no se tomó a la ligera, recalcaron los funcionarios.  Steidel Wall deliberó y consultó con el estrecho equipo directivo de la agencia, formado por funcionarios de carrera.  En la actualidad no hay ningún cargo político en la dirección. Steidel Wall empezó a trabajar en la agencia en 1991 como archivista pasante, y se encargaba de cuestiones que iban desde el establecimiento de normas de datos hasta la digitalización de registros en disquetes.

Hija de un oficial de policía y de una maestra de guardería de Long Island, llegó a Washington para estudiar historia y gobierno en la Universidad de Georgetown.  Con el tiempo, ascendió a jefa de personal y archivera adjunta de la agencia.

“Las personas que se encargan de esto… son funcionarios de carrera y han manejado muchos asuntos delicados, tanto para las presidencias Demócratas como para las Republicanas”, indicó un exfuncionario de los Archivos.  “Siempre intentamos alejarnos de la política de la situación y hacer nuestro maldito trabajo. . .. Si los registros están aislados, no importa si es un Demócrata o un Republicano, tenemos que devolverlos a la custodia del gobierno. Y si hay material clasificado de forma caprichosa, los materiales están clasificados por una razón”.

El sábado, los jefes de los comités de supervisión e inteligencia de la Cámara de Representantes emitieron un comunicado en el que decían que Avril Haines, directora de inteligencia nacional, había confirmado que el Departamento de Justicia y la comunidad de inteligencia estaban trabajando para evaluar los posibles daños causados por el almacenamiento inadecuado de documentos clasificados en Mar-a-Lago. Una declaración jurada revelada el viernes mostró que se encontraron 184 documentos clasificados en las 15 cajas iniciales de registros de Mar-a-Lago revisadas por el FBI.

“La declaración jurada del Departamento de Justicia, que se desveló parcialmente ayer, afirma nuestra grave preocupación de que entre los documentos almacenados en Mar-a-Lago haya algunos que podrían poner en peligro fuentes humanas”, afirmaron en un comunicado la presidenta del Comité de Supervisión y Reforma, la Demócrata Carolyn Maloney, y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el Demócrata Adam Schiff.  “Es fundamental que el CI se mueva rápidamente para evaluar y, si es necesario, mitigar el daño causado – un proceso que debe avanzar al mismo tiempo que la investigación penal del Departamento de Justicia.”

Durante la mayor parte de la historia de Estados Unidos, los presidentes guardaban sus propios papeles y su propiedad personal nunca había sido cuestionada, según un artículo de 2006 coescrito por Stern, consejero general de NARA desde 1998.

Cuando Nixon dimitió, hizo planes para destruir los registros de la Casa Blanca, incluidas las cintas de la Oficina Oval que se habían convertido en el centro del escándalo Watergate.  El Congreso intervino y aprobó la Ley de registros presidenciales, que obliga a la Casa Blanca a conservar toda la comunicación escrita relacionada con las funciones oficiales del presidente (circulares, cartas, notas, correos electrónicos, faxes y otro material) y a entregarla a los Archivos.

Las disputas sobre las cintas de Nixon continuaron en la década de 1990, con demandas de antiguos ayudantes y miembros del gabinete que intentaban bloquear la divulgación y de grupos de interés público que exigían el acceso, según el artículo.  Al final del gobierno de Reagan, Stern, quien entonces trabajaba en la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, lideró un revolucionario juicio para preservar los archivos de la Casa Blanca relacionados con el escándalo Irán-Contra.

Las investigaciones de los representantes presidenciales han planteado riesgos de seguridad en el pasado.  En 2005, el exasesor de seguridad nacional de la administración Clinton, Sandy Berger, se declaró culpable de retirar y destruir documentos clasificados de los Archivos que estaban relacionados con la investigación de la Comisión del 11-S. Christopher Wray, entonces jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia y ahora director del FBI nombrado por Trump fue el encargado de supervisar ese caso.

“Esta no es una agencia dormilona: el personal de NARA está acostumbrado a las controversias relacionadas con los registros”, mencionó Jason Baron, profesor de la Universidad de Maryland y exdirector de litigios de NARA. “Este asunto, sin embargo, es único. Ningún papel que sea un registro presidencial debería estar en Mar-a-Lago.  Está claro que el personal de NARA hizo esfuerzos extraordinarios para recuperar los registros presidenciales y fue rechazado en numerosas ocasiones”.

El desdén y el desprecio de Trump por el sistema de registro presidencial al que estaba legalmente obligado a cumplir está bien documentado.  Y aunque sus asesores le advirtieron repetidamente al principio de su presidencia que debía cumplir la Ley de registros presidenciales, prevaleció su caótica gestión de los documentos.

El lema de NARA, Littera Scripta Manet, se traduce del latín como “la palabra escrita prevalece”.  Pero en la Casa Blanca de Trump, la palabra escrita a menudo se rompía, se destruía, se extraviaba o se acaparaba.

“Cualquier documento que llegaba a la residencia de la Casa Blanca eran en unas cajas que Trump llevaba consigo”, explicó Stephanie Grisham, una exempleada de la Casa Blanca. “Normalmente, el guardaespaldas las llevaba arriba para Trump o alguien externo a la Oficina Oval al final del día. Las entregaban a la residencia y desaparecían”.

Las cajas de documentos incluso acompañaron a Trump en sus viajes al extranjero, hasta las habitaciones de los hoteles de todo el mundo, incluidos los países considerados adversarios extranjeros de Estados Unidos.

“Todo era un desastre: eran documentos clasificados encima de periódicos encima de papeles que la gente imprimía de cosas que querían que él leyera.  Las cajas nunca se organizaron”, declaró Grisham. “Como quería que se hiciera el trabajo durante los viajes largos, simplemente hurgaba en las cajas. Ese era nuestro sistema de archivo”.

Trump ha negado en repetidas ocasiones haber actuado de forma incorrecta al negarse a entregar los documentos, y a veces ha sugerido que los registros le pertenecen y que no deben devolverse a los Archivos.

Sin embargo, ni siquiera algunos de los asesores más cercanos a Trump anticiparon que lo que consideraban una pelea burocrática con los archiveros se convertiría en una seria investigación del FBI por la posible violación de una ley federal al retirar y retener documentos clasificados sin autorización, un delito castigado con cinco años de cárcel.

El funcionario de los archivos John Laster comunicó a un asesor de Trump a finales del año pasado que desde que existe la Ley de registros presidenciales sí ha sucedido que alguien se lleve accidentalmente cosas al final de cada presidencia.

Por eso, cuando Trump finalmente aceptó devolver las 15 cajas a los Archivos en enero, un asesor involucrado en el proceso apuntó: “Realmente pensé que era el final de la historia. Supusimos que había devuelto las cajas”.

Los asesores de Trump solo se dieron cuenta de que se estaba convirtiendo en un problema mayor cuando los Archivos admitieron que sospechaban que faltaban aún más elementos. “Pero no quisieron decirnos qué, indicaron que no estaban del todo seguros; solo pensaban que no se había devuelto todo”, añadió esta persona. “Nadie pensó que los Archivos contactarían al FBI para lidiar con el tema”.

Pero es posible que el trabajo del Archivo aún no haya terminado:  Algunos funcionarios de NARA creen que aún podrían faltar más registros, según una persona familiarizada con el asunto.

“Nuestro interés fundamental es siempre garantizar que los registros gubernamentales se gestionen, conserven y protejan adecuadamente para garantizar el acceso a ellos durante la vida de la República”, declaró Steidel Wall a su personal en su correo electrónico. “Seguiremos haciendo nuestro trabajo, sin favores ni miedo, al servicio de nuestra democracia”.

Washington PostJacqueline Alemany, Isaac Arnsdorf y Josh Dawsey

Lea el artículo original aquí.

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