Por los cuatro costados, Europa endurece sus políticas migratorias y se blinda a las llegadas. La Unión Europea dio hace unos días el visto bueno final al pacto migratorio, que restringe las condiciones de acogida de solicitantes de asilo y agiliza las deportaciones. Y por el camino, el club comunitario ha tejido una serie de pactos con países de origen y tránsito, como Túnez o Egipto, a los que paga para que eviten las salidas hacia Europa, dejando de lado las preocupaciones por las vulneraciones de los derechos humanos de los regímenes a los que envía esos fondos. Ahora, tras meses de debate, el Reino Unido ha dado luz verde a la controvertida ley que permite la deportación de migrantes en situación irregular a Ruanda gracias a un convenio con el Gobierno del país africano —que va un paso más allá que los de la UE—; una medida en la que, sin el alcance de la norma británica, se han inspirado otras iniciativas, como la de Italia para construir centros de acogida y gestión de solicitantes de asilo en Albania.
La evidencia muestra que la inmigración es necesaria también para Europa, un continente envejecido, y para países que no logran cubrir sus vacantes laborales en varios sectores. En 2023, llegaron al territorio comunitario 385.445 migrantes en situación irregular, según datos de la agencia de fronteras de la UE, Frontex; lejos de los casi dos millones de 2015, en plena crisis de los refugiados derivada de la guerra de Siria. Sin embargo, pese a las cifras, el asunto es uno de los más divisivos en política nacional y comunitaria, caldo de cultivo electoral y nexo de unión de la ultraderecha y los populismos, mareas muy diversas que coinciden en su discurso antiinmigración.
El auge de las ultraderechas está, además, empujando a muchos gobiernos —sobre todo a los conservadores tradicionales— a endurecer su postura con medidas muy cuestionadas desde el punto de vista de los convenios de derechos humanos. Bruselas diseña ahora otros acuerdos migratorios como el que ha firmado con Egipto, Túnez o Mauritania y quiere sumar a otros países como Marruecos.
Este martes, el Consejo de Europa, que agrupa a 46 países, entre ellos al Reino Unido —que salió de la UE en 2020, tras una campaña, la del Brexit, muy centrada en la inmigración—, ha mostrado su preocupación por la ley de Ruanda, especialmente por poner en marcha una política de expulsión a ese país sin que las autoridades británicas hayan evaluado antes las solicitudes individuales de asilo. “El proyecto de ley impide que las personas que se enfrentan a una expulsión a Ruanda accedan a recursos por posibles violaciones de la prohibición absoluta de devolución”, ha advertido Michael O’Flaherty, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.
“Acuerdos dudosos” con países extracomunitarios
Stephanie Pope, experta de la ONG Oxfam, señala que la UE está girando a la derecha en cuestiones migratorias y cree que las últimas políticas, entre ellas el pacto migratorio, son una reacción al auge de la ultraderecha. “Se han doblegado ante ellos y ahora tenemos un sistema basado en la disuasión, la detención y la deportación”, dice. “La UE depende cada vez más de cerrar acuerdos dudosos con países no pertenecientes a la UE, pagándoles para impedir que la gente llegue a la UE, aparentemente a cualquier coste humano. El acuerdo de Ruanda viola flagrantemente el derecho internacional, europeo y de la UE y no puede convertirse en el modelo de la política de asilo de la UE”, añade Pope.
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Los ejemplos de ese endurecimiento de postura se acumulan. En Italia, la coalición de la ultraderechista Giorgia Meloni se hizo con el Gobierno con promesas de mano dura en inmigración y de detener las llegadas por el Mediterráneo. En Suecia, el primer ministro conservador, Ulf Kristersson, aseguró al llegar al poder a finales de 2022 que la inmigración en el país nórdico es “insostenible”. Francia, donde el partido ultra Reagrupamiento Nacional, de Marine Le Pen, está aumentando en las encuestas para las elecciones europeas de junio, ha endurecido sus leyes. También lo ha hecho el Gobierno de coalición en Alemania, donde los ultras de Alternativa para Alemania (AfD) presionan con un discurso xenófobo y antiinmigrantes. En Países Bajos, el Gobierno de coalición liderado por Mark Rutte dimitió en julio de 2023 por un desacuerdo sobre las políticas de asilo. Y en Dinamarca, el Gobierno encabezado por la socialdemócrata Mette Frederiksen ha aprobado algunas de las medidas más restrictivas con la inmigración de todo el continente y también planea enviar a solicitantes de asilo a Ruanda. Además, varios países europeos han impuesto cierres de sus fronteras, pese a que forman parte del espacio Schengen.
En muchos de esos casos, han sido gobiernos conservadores los que han escorado sus medidas. Así lo ha hecho también el Partido Popular Europeo —al que pertenece la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen—, que en su manifiesto aprobado en marzo propone duras medidas sobre inmigración y planes de deportación de solicitantes de asilo al estilo del modelo británico, un cambio crucial, en otra reacción a la extrema derecha.
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