Una polémica legislación, que fue utilizada en la Administración de Donald Trump, vuelve a la mesa, pero ahora impulsada por Joe Biden, quien revisa el cierre de la frontera sur con México como una medida para terminar con el cruce ilegal de extranjeros. La sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés), le otorga al presidente de Estados Unidos una amplia autoridad para implementar restricciones en materia de inmigración.
Esta ley captó la atención cuando Trump la utilizó en enero de 2017 para implementar una prohibición de viajar a extranjeros de países, principalmente musulmanes. El ahora expresidente también firmó una orden ejecutiva en abril de 2020 que impedía la entrada a EE.UU. de extranjeros que buscaban residencia legal durante 60 días.
La sección 212(f) de la INA establece que: “Siempre que el presidente considere que la entrada de cualquier extranjero o de cualquier clase de extranjeros a los Estados Unidos sería perjudicial para los intereses de EE.UU., podrá mediante proclamación, y durante el período que considere necesario, suspender la entrada a todos los extranjeros o cualquier clase como inmigrantes o no inmigrantes, o imponer a la entrada cualquier restricción que considere apropiada”.
Desde hace meses se habla acerca de las medidas que tomaría Biden con respecto a la migración ilegal en EE.UU. En febrero, funcionarios de su Administración, bajo condición de anonimato, confirmaron a AP que la autoridad de inmigración evaluaba la Sección 212(f), que otorga al presidente un amplio margen de maniobra para bloquear la entrada de ciertos inmigrantes.
Las fuentes explicaron que en caso de ser aprobada, la acción ejecutiva de Biden se anunciaría dentro de las próximas dos semanas. Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna determinación. Asimismo, el mandatario no mencionó ningún posible uso de la mencionada sección durante su discurso sobre el Estado de la Unión, en marzo pasado.
Lee Gelernt, un abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU) que convenció a los jueces federales para que detuvieran la prohibición de asilo de la Administración Trump, dijo a CBS News que el gobierno probablemente sería demandado nuevamente si Biden emitía una orden similar bajo la Sección 221(f).
“Una orden ejecutiva que niegue el asilo basándose en el lugar por donde uno ingresa al país sería simplemente otro intento de aplicar exactamente la política que Trump intentó sin éxito y, sin duda, terminará en un litigio”, expresó.
Ante la polémica que ha generado la inmigración ilegal en EE.UU., el presidente reconoció que su gobierno no tiene la capacidad de respuesta para frenarla. El mandatario explicó a Televisa Univision: “Ni siquiera tenemos suficientes agentes para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar”.
De acuerdo con el último reporte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) entre el 12 de mayo de 2023 y el 3 de abril de 2024, han expulsado o devuelto más de 660 mil personas. De ellos, la mayor parte cruzó la frontera sur con México.
En marzo de este año, la Patrulla Fronteriza registró 137.480 encuentros en los puertos de entrada a lo largo de la línea que divide con México, lo que representa 45% menos que en diciembre de 2023 y 16% menos que en marzo del año pasado.
LA NACION
