Ni apoyo en firme ni críticas a la Junta de Castilla y León ante su largo silencio. El ministro de Universidades, Joan Subirats, prefiere no mojarse a la hora de respaldar la posibilidad de que Burgos albergue su propia Facultad de Medicina.
Tratando de echar balones fuera para esquivar la cuestión, el ministro recordaba, durante su visita a la Universidad de Burgos (UBU), que el Ministerio de Sanidad reservó en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 una partida de 52 millones de euros para aumentar el número de plazas en todo el país dada la «necesidad de médicos».
Consciente de que muchas universidades ya han aceptado aumentar su número de plazas en un 15% siempre y cuando se incrementen los recursos necesarios para la realización de prácticas, Subirats se limitaba a esgrimir que el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), como su nombre indica, «podría ser susceptible de hacerlo».
Sin embargo, ha puntualizado que la competencia en este caso no recae sobre el Gobierno mientras insistía en que existe un «decalaje entre el número de plazas MIR y de egresados» que se traduce en una «demanda no cubierta».
Reconocimiento a la «diversidad»
Sobre la petición formulada por la Junta para el establecimiento de una Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) única para toda España, Subirats descartaba de nuevo este planteamiento amparándose en el «reconocimiento a la diversidad» entre los distintos territorios.
Aún con todo, considera que mantener dicha postura no debiera entrar en contradicción con la posibilidad de facilitar que los estudiantes puedan «cambiar de una Comunidad a otra». Por lo tanto, el objetivo del Ministerio no es otro que afianzar una EBAU «suficientemente homologable y homogénea» de cara a favorecer la movilidad.
«Deuda histórica» y retos a futuro
Tras una reunión con Subirats que se ha prolongado durante cerca de dos horas, el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, hacía referencia a la reciente entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) reclamando financiación «desde ya» porque de lo contrario «no la vamos a poder aplicar».
Más allá de su petición, y teniendo en cuenta que serán las comunidades autónomas quienes repartan los fondos dentro de sus propias competencias, el rector reivindicaba la necesidad de atender la «deuda histórica» que Castilla y León tiene con la UBU. Dicho de otra forma, lo que reclama es un equilibro presupuestario con el resto de universidades públicas de la región para afrontar los cambios planteados en la LOSU «en igualdad de condiciones».
Entretanto, Subirats ponía de relieve la importancia de cambiar la «estructura rígida» del sistema público universitario a través de las microcredenciales con el objetivo de asegurar la formación constante a lo largo de la vida. En este sentido, ha indicado que, a día de hoy, el 95% de los 1,7 millones de estudiantes que hay en el país tienen menos de 30 años.
Por otro lado, el ministro reafirmaba el compromiso de triplicar los recursos existentes para los doctorados industriales hasta alcanzar los 12 millones de euros, amén de hacer hincapié en la necesidad de estrechar aún más si cabe las relaciones con universidades europeas y de América Latina para promover la internacionalización.
