NNadie sabe, a ciencia cierta, si fue un caso clásico de ¨teléfono roto¨ que se desató por una frase sacada de contexto o si hay algo mucho más profundo detrás.
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Lo que sí es claro es que la publicación esta semana de un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos y las declaraciones que siguieron tanto en Washington como en Bogotá causaron la primera gran crisis diplomática entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración demócrata de Joe Biden.
Una que incluyó hasta delicadas referencias sobre los hijos de ambos mandatarios y una fuerte nota de protesta enviada por la cancillería colombiana, cuyo origen es todavía objeto de intenso debate.
Los primeros vientos de la tormenta, que para muchos fue de esas que se forman en un vaso con agua, arrancó el lunes cuando el Departamento de Estado publicó su informe sobre derechos humanos 2023.
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Se trata de un reporte que lleva décadas siendo publicado y que incluye un recuento de la situación en derechos humanos en más de 200 países del mundo, entre ellos todos los del Hemisferio Occidental.
En total, el informe constó de unas mil páginas describiendo, desde la perspectiva de EE. UU., los eventos más destacados en cada país a lo largo del año en cuestión.
El capítulo correspondiente a Colombia tenía 50 páginas dedicadas a una infinidad de temas. Entre otros, orden público, asesinatos extrajudiciales, derechos religiosos, libertad de prensa, respeto a las minorías y situación en las cárceles.
La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro
En el aparte sobre corrupción gubernamental (siempre presente en el informe) se incluyó una oración que causó algo de sorpresa y terminó encabezando el cubrimiento periodístico del día.
“La Fiscalía General abrió investigaciones contra el hijo y el hermano del presidente Petro por presuntamente aceptar pagos irregulares, algunos de los cuales supuestamente financiaron la campaña 2022 de Petro”, rezaba el reporte.
Varios en Colombia, vieron en esa mención una señal de que EE. UU. le estaba prestando atención a un tema que ha consumido mucha tinta desde que se conocieron los señalamientos contra Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, y Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, que ahora son investigados por la Fiscalía.
Cuando este diario preguntó al respecto, fuentes en el departamento de Estado explicaron que el comentario se había incluido, sin hacer ninguna valoración, y que obedecía a que es uno de los hechos noticiosos más destacados del año en Colombia.
No obstante, internamente el tema causó malestar dentro del gobierno colombiano, que lo catalogó como una mención “poco amistosa”.
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Según pudo establecer EL TIEMPO, Washington, aunque un poco sorprendido por el revuelo, comenzó a trabajar en un texto para explicar el malentendido.
Foto:EFE/EPA/Marcin Obara
Pese a ello, el gobierno Petro no hizo comentario público alguno y allí parecía que quedaba la cosa. Sin embargo, al día siguiente, la situación cambió de color.
Durante la rueda de prensa habitual en el Departamento de Estado, un periodista le pidió al portavoz encargado, Vedant Patel, una respuesta oficial por la mención.
Patel, que no es el encargado del tema -hay un Buró para los Derechos Humanos que el día anterior ya había dado una rueda de prensa-, le contestó que no pensaba hacer comentarios sobre apartes específicos del reporte. La respuesta de cajón que suelen dar este tipo de funcionarios para no enredarse con casos que desconoce.
El periodista, sin embargo, le pidió su opinión sobre si EE. UU. le daba credibilidad a esa investigación de la Fiscalía. Entonces, Patel respondió diciendo que todo lo que incluían en el reporte era creíble. “Por eso está allí”, sostuvo el portavoz.
Se refería, por supuesto, al hecho concreto de que la Fiscalía había abierto una investigación y no a su fondo.
Pero en medios de comunicación colombianos las palabras de Patel fueron interpretadas como un aval de EE. UU. a la investigación. Algunos, incluso, llegaron afirmar que Washington acababa de considerar “creíble” el ingreso de dineros calientes a las arcas de la campaña presidencial.
Adicionalmente, otros hicieron una traducción equivocada de las palabras de Patel equiparando la frase “entries in the human rights report are credible” (las menciones en el reporte son creíbles), con la “entrada de dinero en la campaña es creíble”.
En todo caso, la interpretación en medios, dicen fuentes autorizadas, lo volvieron algo real para el presidente Petro que exigió una firme respuesta.
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“Lo lógico, en estos casos, era buscar una aclaración por los canales diplomáticos existentes. Que en el caso de Colombia y EE. UU. son muchos”, le dijo a este diario un ex diplomático con amplia experiencia en las relaciones bilaterales.
Según pudo establecer EL TIEMPO, Washington, aunque un poco sorprendido por el revuelo, comenzó a trabajar en un texto para explicar el malentendido.
Pero antes de que EE. UU. pudiera pronunciarse, la cancillería colombiana anunció que le había enviado una nota de protesta diplomática a la administración Biden por las declaraciones de Patel.
Gustavo Petro, presidente de Colombia.
Foto:Presidencia
“Colombia rechaza las expresiones y valoraciones del señor Vedant Patel, las cuales se alejan del contenido real de lo presentado en el informe. Además, sus afirmaciones desconocen e irrespetan el apego de las instituciones colombianas al principio del debido proceso y su compromiso en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, dijo la cancillería colombiana.
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Para el mediodía del miércoles, finalmente llegó la aclaración en la voz del propio Patel: “No creo que deba haber ninguna confusión sobre mis comentarios… De lo que estamos hablando aquí es que en el Informe de derechos humanos 2023. En la sección de Colombia, hay referencias a una investigación abierta por la Fiscalía General de Colombia. Es un hecho público que la Fiscalía ha abierto esta investigación. El Departamento de Estado no lo anunció. El Informe de Derechos Humanos no lo anunció. Es un asunto de dominio público¨, dijo el portavoz a los medios.
Además, hizo énfasis en que la inclusión de cualquier dato en ese reporte “no denota ninguna constatación de hechos o evaluación por parte del gobierno de Estados Unidos”.
Si bien su explicación fue clara, no hay duda en que la demora en pronunciarse por más de 24 horas contribuyó a la crisis.
Ya para ese momento, de hecho, la polémica había cambiado de dirección. De atacar específicamente las declaraciones del portavoz por “alejarse del contenido real de lo presentado en el informe”, el gobierno Petro la emprendió directamente contra el informe como tal y, en particular, a la mención de la familia del presidente.
Para el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, EE. UU. no tenía por qué andar evaluando a otros países (una crítica similar a la que hizo México y hacen otros países todos los años).
Más aún, le sacó en cara a Washington un tema extremadamente sensible.
“Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. Si Estados Unidos respeta nuestras instituciones no debe hacer eso”, afirmó Murillo, pidiéndole a EE. UU. no hacer (mencionar a familiares) lo que precisamente acababa de hacer al identificar a Hunter.
Como se sabe, al hijo del presidente lo investigan en EE. UU. por evasión de impuestos y por mentir en una aplicación para comprar de armas.
Pero entre los demócratas -y sobre todo para el presidente- es una vendetta de los republicanos que buscan debilitarlo con objetivos políticos. Muy sensible, además, por que sucede en plena campaña para las elecciones presidenciales donde el tema de su hijo está figurando alto.
“Para mí no hay duda que Murillo se extralimitó con esas palabras. No hay que olvidar que, además, sigue siendo el embajador de Colombia ante EE.UU.”, le dijo a este diario otro ex diplomático estadounidense.
William Brownfield, ex embajador de EE.UU. en Colombia, lo puso de otra manera.
“Entiendo que exista cierta frustración por parte del gobierno de Colombia por la mención en el informe de Derechos Humanos. Dicho eso, me hubiese gustado que el gobierno no reaccionara de una manera tan fuerte y que se manejara por los canales indicados. Mi deseo es que ambos gobiernos puedan apagar esto rápidamente para que se dediquen a las cosas que realmente importan¨, le dijo a este diario el ex embajador de EE.UU.
La pregunta clave en todo este episodio es si pasará la historia simplemente como un malentendido (o una crisis mal manejada) o si tendrá efectos de largo plazo en una relación que es importante para ambos países.
Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y hoy académico de la Universidad George Washington, contesta a esa pregunta centrando primero su atención en el posible origen de la disputa.
“Yo no creo que haya intencionalidad por parte de EE. UU. al incluir esa mención en el reporte. Si hay algo que ha demostrado la administración Biden es su disposición de trabajar con Petro así no estén siempre en la misma página”, dice el analista.
Lo que sí es claro, sostiene, “es que fue una secuencia desafortunada de eventos que se manejó mal por ambas partes y que ha causado cierta irritación. No creo, eso sí, que tenga efectos duraderos”.
Y aunque las declaraciones de Murillo sobre el hijo de Biden sin duda no caerán bien al interior de la Casa Blanca, Shifter cree que el diplomático cuenta con suficiente credibilidad en Washington como para superar el impasse sin que trascienda a mayores.
Puede ser. Sin embargo, para el gobierno Petro, que maneja tensas relaciones con los republicanos, una pelea con Biden, así sea de papel, no parece el camino más indicado.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington
