El pasado 9 de abril el Congreso de los Diputados aprobó tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada por 900 organizaciones sociales, para regularizar a medio millón de personas que viven en España sin papeles y por tanto sin derechos. Es una noticia muy positiva para las personas directamente afectadas, pero también para toda la sociedad. Es llamativo que una reforma tan justa no haya salido de los propios grupos parlamentarios. Sería muy conveniente que durante el camino legislativo no se devaluaran los propósitos.
El creciente flujo de personas que llegan, con o sin documentos, constituye una parte cada vez más significativa de nuestra sociedad. En España en 2022 el saldo migratorio (la diferencia entre las entradas y las salidas al exterior) fue de 727.005 personas que aumentaron nuestra población, la cifra más elevada de la última década, según la Estadística de Migraciones del INE. Una parte relevante de estos migrantes se incorporaron al mercado laboral. Durante los últimos 12 meses, el 40% de los nuevos afiliados a la Seguridad Social fueron extranjeros. Según Funcas, con datos de la Seguridad Social, de los 525.414 nuevos afiliados en los últimos 12 meses (desde marzo de 2023 hasta marzo de 2024), 208.231 han sido de nacionalidad extranjera y 317.183 de nacionalidad española.
Se trata en muchos casos de trabajadores muy cualificados. Como recuerda el profesor Eduardo Rojo, en su muy recomendable blog sobre derechos sociales, en 2022, en Europa, el 39% de los ciudadanos empleados de fuera de la UE, de entre 20 y 64 años y con un título, estaban sobrecualificados. La tasa de sobrecualificación de ciudadanos de fuera de la UE más alta fue en Grecia (74%); Italia (68%) y España (58%).
Más relevante es el elevado grado de integración de estas personas. Uno de cada cuatro extranjeros que conviven en pareja lo hacen con un español, de acuerdo con el estudio La situación demográfica en España elaborado por el Defensor del Pueblo en 2019. El mismo trabajo también destaca que entre 1995 y 2015 más de 1,2 millones de personas adquirieron la nacionalidad española. Según Eurostat, España es el tercer país de la UE que más extranjeros nacionaliza.
Algunas sociedades como la nuestra colapsarían de no ser por la fuerte vitalidad que aportan los trabajadores foráneos. En la actualidad y según el Eurobarómetro, el 63% de las pequeñas y medianas empresas europeas han afirmado que “la escasez de mano de obra y de personal cualificado las frenas en sus actividades empresariales generales”. En la cumbre de Val Duchesse (Bélgica) del pasado enero, instituciones europeas, patronal y sindicatos se comprometieron a “hacer cada uno lo que le corresponde para atraer más personas al mercado laboral, facilitar el reconocimiento de cualificaciones e integrar a trabajadores procedentes del extranjero”.
Las estadísticas constatan científicamente lo que vemos con nuestros ojos. Los inmigrantes son cada día más necesarios para asegurar la producción agrícola, la construcción, los servicios sanitarios, la restauración y sobre todo el cuidado de los mayores. Son una bendición que deberíamos reconocer y cuidar.
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