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Juez permite avance de demanda de grupo antinmigración

Autor: PHILIP MARCELO

WASHINGTON — Un grupo antinmigración logró una victoria legal en su demanda federal en la que acusó al gobierno de Joe Biden de violar la ley ambiental cuando suspendió la construcción de un muro en la frontera con México y trató de anular otras políticas de inmigración promulgadas por el entonces presidente Donald Trump.

Un juez federal en Washington falló que una demanda presentada por la organización Massachusetts Coalition for Immigration Reform contra tres agencias federales puede proceder, al menos en parte.

El juez Trevor McFadden dijo que la corte federal tiene jurisdicción para considerar la causa, aunque desestimó dos de los 11 reclamos del grupo, con sede en la zona de Boston.

El grupo Center for Immigration Studies, con sede en Washington que promueve una reducción de la inmigración y que presentó la demanda a nombre de la coalición, saludó el fallo.

“Era hora de resolver este asunto”, dijo el miércoles en una declaración Julie Axelrod, directora de litigios en la organización. Los impactos enormes de la inmigración en Estados Unidos, entre ellos la degradación de las tierras fronterizas del sur, de nuestra infraestructura, la expansión urbana, la contaminación, las emisiones globales de carbono y otras consideraciones ambientales se han vuelto imposibles de ignorar”.

La coalición argumenta que el gobierno federal violó la ley ambiental al suspender la construcción del muro, poner fin al controversial proceso “Permanecer en México”, expandir los programas de refugiados para afganos, centroamericanos y otras poblaciones y relajar ciertas políticas para la patrulla fronteriza y los agentes de inmigración.

La coalición, que promueve reducir la inmigración por razones ambientales, dice que los Departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional deberían haber realizado un análisis de impacto ambiental antes de implementar los cambios de inmigración, como lo requiere la Ley Nacional de Políticas Ambientales (NEPA).

“Si la NEPA debe aplicarse a una política del gobierno, debe ser a políticas federales que inducen el crecimiento poblacional”, dice la organización en su demanda. “Cuando el gobierno federal toma la decisión de crear crecimiento poblacional a través de inmigración, toma una decisión que tiene consecuencias ambientales significativas y previsibles”.

Seis personas de Pensilvania, Minnesota y Arizona que dicen que han lidiado con las consecuencias ambientales de la política federal de inmigración están nombrados también entre los demandantes.

El juez McFadden desestimó los cargos que decían que el manual de instrucciones del Departamento de Seguridad Nacional viola la ley ambiental y que el gobierno de Biden debería haber preparado un análisis ambiental “programático” de sus acciones sobre inmigración. La próxima audiencia fue fijada para el 29 de septiembre.

Voceros de las tres agencias nombradas en la demanda no respondieron el miércoles a correos electrónicos en busca de comentarios.

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