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México no puede resolver la situación en la frontera con Estados Unidos

Autor: Human Rights Watch

Desde que asumió el poder en enero, el presidente estadounidense Joe Biden ha dejado en evidencia que pretende seguir apoyándose fuertemente en México para evitar que los migrantes lleguen a la frontera sur de EE. UU. El expresidente Donald Trump llevó esta política más lejos que nunca, produciendo graves abusos cuando México respondió ante la presión intensificando su maquinaria de detención y deportaciones. Biden no debería seguir los pasos de Trump.

Si busca colaborar con México en materia migratoria, el presidente estadounidense debería esforzarse por reforzar la capacidad del gobierno mexicano para proteger a los solicitantes de asilo y ofrecer alternativas humanas para todos los migrantes.

En los últimos cuatro meses, el presidente Biden ha instado a México a redoblar sus esfuerzos en materia de control migratorio. El gobierno mexicano ha enviado miles de agentes migratorios adicionales y 10 mil soldados mexicanos a detener a migrantes indocumentados. Y el gobierno de Biden sigue expulsando miles de migrantes a México cada día sin el debido proceso. A su vez, todos los meses agentes migratorios mexicanos detienen y deportan miles de migrantes, en su mayoría procedentes de América Central, que generalmente se dirigen a EE. UU. De hecho, México deporta más centroamericanos cada año que EE. UU.

Las personas en centros de detención migratoria en México han denunciado condiciones deplorables. Se ha encontrado a hombres, mujeres, niños y niñas hacinados en espacios sin agua corriente, electricidad ni luz natural. En estas condiciones, donde es imposible cumplir con las medidas de distanciamiento social e higiene, el Covid-19 puede propagarse rápidamente.

Desde el inicio de la pandemia, las autoridades de derechos humanos locales e internacionales han instado a los gobiernos, incluyendo al mexicano, a proteger a los migrantes detenidos del Covid-19 y a establecer alternativas a la detención para evitar el riesgo de enfermedad. Los jueces mexicanos han dictado múltiples órdenes judiciales para que el gobierno libere a migrantes vulnerables e implemente medidas para detectar y prevenir casos de Covid-19 en los centros de detención migratoria, incluyendo el acceso a pruebas de detección y equipos de protección personal como mascarillas. 

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Las autoridades de migración mexicanas han respondido con declaraciones vagas sobre “acciones sanitarias”,  simulado cumplir con órdenes judiciales al vaciar temporalmente los centros de detención y afirmado que no han registrado “ningún caso positivo de Covid-19” entre la población migrante detenida. Sin embargo, no han ofrecido pruebas concretas de que estén adoptando medidas reales para impedir que el Covid-19 se propague en los centros de detención.

La pandemia de Covid-19 ha tenido un impacto severo en México, donde se ha registrado una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Resulta difícil creer que sus instalaciones de detención migratoria estén libres de Covid-19. Y la poca información disponible indica que este no es el caso.

En noviembre, un grupo de periodistas mexicanos descubrió a través de solicitudes de información que las autoridades solo habían realizado 78 pruebas de Covid-19 a los más de 40 mil migrantes detenidos desde que empezó la pandemia. Casi todas las pruebas dieron positivo, aunque las autoridades habían afirmado que no había casos de Covid-19 en los establecimientos de detención migratoria.

Desde el comienzo de la pandemia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha realizado visitas aleatorias a seis centros de detención. Los inspectores descubrieron que un hombre salvadoreño que estuvo detenido por casi dos meses murió de Covid-19 y que los funcionarios no le habían brindado la atención médica adecuada. El personal de estos centros les informó sobre casos presuntos y confirmados de Covid-19 mientras que las autoridades afirmaban que no existía ningún caso.

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La comisión también encontró menores no acompañados, mujeres embarazadas y lactantes, familias con niños, hombres y mujeres confinados juntos en centros de detención y en autobuses —pese a una ley mexicana que prohíbe retener a niños y niñas en centros de detención migratoria— sin luz, agua corriente ni atención médica. La comisión informó sobre casos de detenidos que habían dado positivo en las pruebas de Covid-19 y estaban alojados con personas que no tenían síntomas.

Encontraron que los agentes migratorios no les habían proporcionado equipos de protección básicos como mascarillas, jabón o desinfectante a los detenidos ni al personal. También descubrieron que le habían entregado termómetros dañados al personal para realizar los controles de salud. Y una y otra vez encontraron establecimientos de detención atestados donde era imposible cumplir con el distanciamiento social.

Aunque estos abusos ocurran en México, Estados Unidos conlleva parte de la responsabilidad. Además de contribuir a que México aumente su capacidad para brindar procedimientos justos y accesibles a los solicitantes de asilo y una recepción humana a los migrantes, el presidente Biden debe interpelar a las autoridades migratorias mexicanas para que adopten medidas básicas, pero fundamentales, para proteger a los migrantes del Covid-19.

Estados Unidos debe atenerse al principio de que la detención migratoria solo debe ser una medida de último recurso y debe resultar necesaria y proporcionada. Cuando la detención migratoria sea necesaria, las personas migrantes detenidas deben ser retenidas en condiciones higiénicas y dignas, con acceso a agua corriente, jabón y mascarillas. Si se sienten enfermas, deben tener acceso a atención médica de calidad. Y se debe aislar a todos aquellos que se sospeche o confirme que tienen Covid-19.

El presidente Biden ha prometido un nuevo enfoque “justo y humano” para manejar la migración. Pero la política migratoria estadounidense nunca podrá ser “justa ni humana” mientras que México esté relegado a servir como un brazo del sistema migratorio estadounidense y no se atienda el sufrimiento de los migrantes en los centros de detención migratoria mexicanos.

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