Cuando un abogado del expresidente Donald Trump alegó ante la Corte Suprema la semana pasada que su cliente debía gozar de inmunidad frente a las acusaciones de conspiración para sabotear las elecciones pasadas, les pidió a los jueces que se imaginaran un mundo en el que los presidentes enjuiciaran sin descanso a los expresidentes en los tribunales.
“¿Algún día podría ser acusado el presidente Biden de inducir indebidamente a los inmigrantes a entrar al país de manera ilegal debido a sus políticas migratorias?”, preguntó el abogado D. John Sauer.
Lo que a Sauer le faltó mencionar fue que Trump ha hecho tanto como cualquiera para ampliar las posibilidades de amenazar con procesamientos judiciales a sus adversarios políticos. En 2016, sus seguidores recibían las menciones de Hillary Clinton con la consigna: “Enciérrenla”. En su campaña actual, Trump ha advertido de manera explícita que intentará usar el sistema de justicia como un arma de venganza política y ha declarado con frecuencia que podría irse en contra del presidente Joe Biden y su familia.
De hecho, Trump le ha pedido a la Corte Suprema que aplique una norma —que en Estados Unidos los funcionarios públicos no deben participar en procesos políticos de ojo por ojo— que durante años él ha amenazado con destruir. Con la promesa de azuzar a su Departamento de Justicia contra Biden, Trump ha sentado las bases para que se den las mismas condiciones que les estuvo solicitando a los jueces que evitaran al otorgarle la inmunidad.
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Trump sostiene que es Biden quien ha politizado la justicia persiguiéndolo en varios frentes mientras se enfrentan en la contienda electoral. Sin embargo, al plantear ese argumento, Trump ha querido eludir la realidad de que ningún expresidente ha enfrentado tantas imputaciones, o tantas pruebas, de delitos como él.
Las dos acusaciones a nivel federal contra Trump fueron presentadas por un fiscal especial que trabaja en gran medida de manera independiente para el Departamento de Justicia, mientras que los otros dos procesos penales en su contra fueron presentados por fiscales de distrito locales en Nueva York y Georgia.
Resulta paradójico que, si la Corte Suprema decide que los presidentes sí deben tener cierto grado de inmunidad en las medidas oficiales que tomen mientras están en el cargo, esta resolución despojaría a Trump de uno de los temas principales que él y sus aliados han promovido a lo largo de la campaña actual: que Biden tiene que rendir cuentas ante el sistema de justicia penal, pese a la falta de pruebas convincentes de que haya violado alguna ley.
Y si Trump gana en noviembre, le será mucho más difícil, si no es que imposible, presentar una demanda contra Biden por cualquier medida que este haya tomado estando en el cargo.
La primavera pasada, Trump prometió que si lo elegían de nuevo, nombraría a un fiscal especial para “ir tras” Biden y su familia. Y hace apenas dos semanas, publicó en las redes sociales una amenaza no tan velada de que, si la Corte Suprema rechazaba su solicitud de inmunidad presidencial, también “retiraría” la inmunidad de Biden.
Durante el fin de semana, Eric Trump, uno de sus hijos, habló sobre un proceso judicial futuro contra Biden. En su aparición en Fox News, comentó que si la Corte le negaba la inmunidad a su padre, eso implicaría que “ellos” —no dijo con exactitud a quiénes se refería— podrían perseguir a Biden por cosas como haber vaciado las reservas de petróleo del país.
La historia ya nos ha demostrado que el expresidente y sus aliados han estado dispuestos a usar el sistema de justicia contra sus aparentes adversarios.
El Departamento de Justicia de Trump, bajo el control del exfiscal general William Barr, nombró a un fiscal especial, John Durham, para que realizara una investigación sobre aquellos que investigaron las conexiones entre Rusia y Trump en la campaña presidencial de 2016.
De igual forma, en repetidas ocasiones, Trump promovió investigaciones sobre sus críticos políticos, entre ellos Clinton, James Comey, a quien despidió como director del FBI, y John Kerry, exsenador y secretario de Estado en la presidencia de Barack Obama. (Ninguno de ellos fue procesado).
Según uno de los jefes de gabinete de la Casa Blanca de Trump, cuando este fue presidente quiso que el Servicio de Impuestos Interno investigara a varios de los que consideraba sus enemigos políticos, incluido Comey.
No obstante, pese a todas las promesas de Trump de llevar a cabo algún tipo de investigación penal contra Biden, ha sido difícil hallar pruebas reales sobre delitos cometidos por el presidente.
Parece que después de más de un año de investigaciones, los republicanos de la Cámara Baja han renunciado a su intento de presentar cargos de destitución contra Biden. Un juicio político aparte contra Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Biden, fue desechado en cuanto llegó al Senado.
En febrero, el fiscal especial Robert Hur señaló que no había pruebas suficientes para acusar a Biden de haber retenido de manera ilegal documentos clasificados después de haber sido vicepresidente.
Debido a la aceptación que se tiene desde hace tanto del principio jurídico estadounidense de que nadie está por encima de la ley, la solicitud de inmunidad de Trump parecía una posibilidad remota cuando sus abogados la llevaron ante la Corte Suprema.
Es imposible saber qué tanta protección, si llega a haberla, le otorgarán finalmente los jueces a Trump en el caso de la interferencia electoral. Aunque ninguno de ellos pareció aceptar su idea más extrema (que no podían procesarlo a menos que primero lo hallaran culpable en un juicio político), al parecer varios aceptaron que tal vez disfrute de una forma limitada de inmunidad que lo protegería de ser acusado por haber tomado medidas oficiales indispensables en su puesto.
En cuanto a Biden, todos los motivos para presentar alguna acusación en su contra que Trump, sus aliados o sus abogados han sugerido han tenido pocos fundamentos legales. Esos motivos serían todavía más difíciles de respaldar si la Corte Suprema se inclinara a limitar los procesamientos basados en las acciones oficiales básicas de un expresidente.
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La propuesta de Eric Trump de irse contra Biden por su manejo de las reservas de petróleo, por ejemplo, al parecer caería de lleno en el ámbito de las funciones oficiales de un presidente, al igual que la idea de Sauer de enjuiciar a Biden por su política migratoria.
Pese a que algún día cierta forma de inmunidad ejecutiva podría proteger a Biden contra un ataque de los fiscales bajo el mandato de Trump, Michael Dreeben, un abogado del Departamento de Justicia, le dijo a la Corte que no era ni necesaria ni deseable.
Según Dreeben, el sistema de justicia penal ya cuenta con “salvaguardas superpuestas” como protección contra lo que calificó como “un tren desbocado” de acusaciones falsas.
Lo que era mucho más preocupante, sostuvo Dreeben, era crear una forma de inmunidad que le permitiera a un presidente delinquir impunemente.
“Los legisladores conocían muy bien los peligros de que un rey no pudiera equivocarse, así que idearon un sistema para controlar los abusos de poder, sobre todo el uso del poder oficial para beneficio propio”, señaló Dreeben.
