Ciudad Juárez.- La pena máxima por el delito de trata de personas en su modalidad de trabajos o servicios forzados, por un total de 180 años de prisión, fue solicitada la tarde de ayer por el Ministerio Público ante el Tribunal Unitario de Juicio Oral del Poder Judicial del Estado, para Velia H. G., pastora de la iglesia Aposento Alto donde presuntamente obligaban a migrantes a trabajar bajo amenazas.
Además, se busca una multa con valor de 50 días, y la reparación del daño por un total de 91 mil 600 pesos, por concepto de terapia psicológica de las víctimas.
Fueron tres migrantes de Michoacán, dos de Honduras y uno más de El Salvador quienes tras meses de trabajos forzados, decidieron junto con más de 40 personas salir del llamado “espacio humanitario”, pese a las presuntas amenazas de H. G. de “sacarlos de la lista” para que no pudieran cruzar a Estados Unidos por mejores oportunidades.
Bardas, cuartos de baño, la construcción de habitaciones enteras, el remozamiento y pintura de otras y hasta el aplanamiento de un terreno fue lo que tuvieron que hacer, por lo menos, los seis denunciantes, quienes no recibían paga por sus servicios de construcción y albañilería, sino que señalaron haber sido amedrentados para terminar sus trabajos.
Durante la audiencia de alegatos de apertura del juicio oral 204/2023 en contra de la pastora de la iglesia ubicada en Lomas de Poleo –habilitada también como comedor infantil y espacio de acogida para migrantes– se expusieron los primeros argumentos para dar entrada a los 35 testigos que desahogará poco a poco el Ministerio Público y la defensa particular de la mujer.
En la primera parte, la Fiscalía de Distrito Zona Norte recapituló que se trata de un delito de trabajo forzado realizado bajo amenazas, a una población en situación de vulnerabilidad. Además de que los hombres se veían obligados a realizar trabajos manuales para mejorar la propiedad particular de la pastora y su hija –y no las áreas comunes del comedor/refugio, que se encuentran en el mismo predio–, las mujeres eran obligadas a cocinar comida en mal estado, e inclusive niñas y niños eran orillados a “jugar” a transportar arena de un lado a otro del terreno, donde se llevaba la construcción.
Todas las víctimas, recordó el Ministerio Público, salieron de sus lugares de origen en la búsqueda de ir a Estados Unidos, empujados fuera de sus tierras por culpa de la inseguridad. En Juárez, sobrevivían con apoyos de familiares, ante el cobro de atención médica y algunos bienes en Aposento Alto, además de los trabajos forzados, a decir de los testimonios.
Eran personas que viajaban con sus esposas, hijos y otros familiares, que dejaron todo en su lugar de origen, y ante el conocimiento de esta falta de red de apoyo, presuntamente H. G. aprovechó y los obligó a realizar las obras.
De acuerdo con la asesora de las víctimas nombrada por parte de la Comisión Ejecutiva en la materia de la Fiscalía estatal (Ceave), H. G. observó lo redituable que resultaba el presunto trabajo forzado. Que se “largaran” con sus cosas en medio de la nada que resulta Lomas de Poleo para un foráneo, y que ya no iban a estar “en la lista” para ser considerados para una solicitud de asilo o de permiso de trabajo en Estados Unidos eran las amenazas. Era eso o aceptar “el pago y la recompensa que provenía de Dios”, según la información recabada por la asesora jurídica sobre las supuestas advertencias de la pastora.
Antes de iniciar con los testimonios, el juez Jorge Gutiérrez Ortiz preguntó a H. G. si quería declarar en este inicio del juicio oral en su contra. “Por lo pronto guardaré silencio”, respondió la mujer.
De acuerdo con el primer testigo, Jesús Enrique Valenzuela Peralta, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), las irregularidades en el refugio de H. G. fueron notorias una vez que empezó a haber denuncias informales de los hechos, pero más aun cuando organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de ayuda humanitaria empezaron a retirar su apoyo a Aposento Alto, pese a haber realizado inversiones generosas para una estancia digna de las personas en contexto de movilidad en el recinto ubicado en el numeral 10942 de la calle Tomate, al norponiente de la ciudad.
Antecedentes
Aposento Alto fue uno de los espacios de acogida que en 2019 se habilitaron como parte de una red de albergues, dado un fenómeno migratorio creciente hacia esta ciudad por personas de Centroamérica y El Caribe, según Valenzuela. Empezó como un comedor y luego se habilitó como “espacio humanitario”.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y organizaciones civiles como Derechos Humanos Integrales en Acción, el Comité Internacional de Rescate, y el Servicio Hebreo para el Auxilio de Inmigrantes trabajaron al inicio con Aposento Alto.
Había servicios de asesorías jurídicas, servicios médicos, de acompañamiento, camas, colchonetas, baños y hasta aire acondicionado gracias a los organismos, para una estancia digna de quienes buscan mejores condiciones de vida que no encontraron en sus lugares de origen.
Pero poco a poco se fueron retirando. “A inicios de abril de 2022 se me informó que se fue un grupo numeroso, como de 50 personas” de Aposento Alto, contó Valenzuela. “Es atípico”, y eso llamó su atención. Fueron remitidos a dos refugios distintos, y en uno le solicitaron asistir. Había quejas sobre el trato de la pastora.
