La miseria, la falta de medicamentos y medicinas, los cortes de electricidad y la inflación, detonantes de anteriores manifestaciones, empeoran diariamente en Cuba
El régimen cubano detiene a la corresponsal de ABC para que no informe de temas «sensibles» como los presos políticos
Ante un posible escenario de protestas masivas en Cuba debido al aumento del descontento ciudadano y la crisis, el régimen amenaza con la pena de muerte a quienes participen en estas manifestaciones, consideradas «ilegales» por el sistema totalitario cubano.
A través del programa ‘Hacemos Cuba’, de la televisión propagandista del Partido Comunista, varios altos funcionarios del Ministerio del Interior y del aparato de Justicia justificaron la actuación de la policía, la cual suele reprimir fuertemente las manifestaciones de descontento popular, además de advertir sobre las consecuencias legales para aquellos que participen en ellas.
Entre los delitos que mencionaron se encuentra el de «sedición», utilizado contra aquellos que promuevan o participen en protestas masivas y «perturben el orden constitucional socialista». Las sanciones oscilan entre los 10 y 30 años de privación de libertad, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en casos excepcionales.
Por este supuesto delito fueron procesados al menos 225 manifestantes de las históricas protestas del 11 y 12 de julio de 2021 (11J), y de ellos, el menos 222 ya han sido sentenciados a un promedio de 10 años de privación de libertad cada uno, según Prisoners Defenders (PD).
Las amenazas de los militares y representantes del sistema de justicia cubano ocurren a un mes de las masivas concentraciones en el oriente del país, las mayores acaecidas desde el 11J, cuando cientos de ciudadanos, fundamentalmente en Bayamo (Granma) y Santiago de Cuba, salieron los días 17 y 18 de marzo a protestar pacíficamente a las calles gritando «electricidad y comida», «libertad» y «patria y vida».
La ONG PD informó que al menos 24 de los 31 presos políticos añadidos a su listado mensual estuvieron relacionados a las protestas de marzo, para un total de 1092 prisioneros de conciencia existentes actualmente en la Isla.
Aunque las protestas desde el 11J hasta la fecha han sido espontáneas, la mayoría de ellas pacíficas y con reclamos legítimos de mejorías económicas y de libertades básicas, para el coronel Hugo Morales Karell estas expresiones son alentadas por supuestos terroristas radicados en Estados Unidos, quienes pretenden atentar contra la autoridad y generar un clima de violencia para deslegitimar al Gobierno.
Según el oficial, estos planes buscan provocar una respuesta desmedida por parte de la policía que pueda ser utilizada en redes sociales para «demostrar un Gobierno fallido y una falsa brutalidad policial».
El coronel Morales intentó igualmente refutar las denuncias de abuso de poder y violencia policial contra ciudadanos desarmados, calificándolas como parte de supuestos «planes de guerra no convencional» con el fin de suscitar un pretexto para acusar a Cuba.
La miseria, la falta de medicamentos y medicinas, los cortes de electricidad y la inflación, detonantes de anteriores manifestaciones, empeoran diariamente en Cuba.
Recientemente, el sitio del gobierno ‘Razones de Cuba’ señaló que se esperan protestas en la Isla para el próximo verano y, a su vez, acusó a Washington de preparar sabotajes centrados en el sistema electroenergético nacional para generar malestar popular y «calentar las calles».
Pena de muerte
En Cuba la pena capital está en moratoria desde 2003, cuando fue aplicada por última vez contra tres jóvenes cubanos que secuestraron una lancha para intentar llegar a los Estados Unidos, aunque sin provocar víctimas mortales.
Entre 1959 y 2003 miles de cubanos fueron pasados por las armas, la mayoría de ellos en los primeros años de la dictadura y sus delitos consistían en oponerse al régimen de los hermanos Castro.
No obstante, desde 2003 la pena capital se ha usado como mecanismo persuasivo y en el nuevo Código Penal (CP), en vigor desde el 1 de diciembre de 2022, lejos de eliminarse, incrementó el número de delitos que contemplan la muerte, por fusilamiento, como castigo. Si en el CP anterior eran 20, en el nuevo son 24 los delitos que se castigan con la pena capital, la mayoría de ellos constituyen contravensiones contra la seguridad del Estado.
Esto permite -por ley- al régimen eliminar físicamente incluso a los adversarios políticos, a todos aquellos activistas de derechos humanos y opositores que exigen un cambio de sistema y una transición democrática, pues en la Carta Magna (2019) se declara al sistema socialista como «irrevocable» y al PCC como el único legalmente reconocido y como «la fuerza dirigente y superior de la sociedad».
Aunque en moratoria, la amenaza y la justificación legal para usar la pena de muerte existe y cobra peso ante escenarios de masivas protestas antigubernamentales. Nunca antes el régimen cubano se había enfrentado a un rechazo ciudadano casi generalizado. Lo único que los mantiene en el poder es el uso de la fuerza y el terror.
A través del programa ‘Hacemos Cuba’, la cúpula dictatorial envió un mensaje claro: no van a ceder el poder y están dispuestos reprimir y eliminar a todo aquel que amenace su control absoluto, incluso si ello significa matar.
