La Asociación Civil de Actividades Médicas Integrales (Acami) rechazó las medidas del Gobierno sobre el recálculo de precios en las cuotas de la medicina privada. Esta entidad agrupa a instituciones prestadoras y financiadoras del sector de la salud privada sin fines de lucro, como el Cemic, Fundaleu, Instituto Fleming, Clínica San Camilo y Sancor Salud, entre otras. En su comunicado, las entidades afirmaron que el Poder Ejecutivo las habría colocado como “enemigo público” para reajustar sus aumentos y advirtieron que la situación las llevaría a una “situación terminal” en la que, destacaron, comienzan a observar la renuncia de médicos.
La agrupación de entidades médicas rechazó la acusación de supuesta cartelización, que fue la que originó la resolución del Gobierno y su posterior accionar en la Justicia, que agregó el concepto de incrementos excesivos. “Los aumentos de las cuotas no han sido uniformes”, sostiene el escrito difundido. Además, se afirma que pueden ocurrir “daños irreversibles”.
“El Poder Ejecutivo a través del DNU 70/2023 desreguló el sistema de salud para favorecer la libre elección e impulsar la libre competencia entre los distintos sectores. Sin embargo, si bien los principios declamados fueron bienvenidos e imprescindibles, su aplicación parcial y el retroceso que implican las últimas medidas tomadas están generando un daño al sector que posiblemente sea irreversible. En los últimos días se ha acusado a las empresas de medicina prepaga de la salud de cartelización, colocándolas en el lugar de enemigo publico”, arranca el comunicado de la entidad titulado “La salud necesita más libertad, con un marco jurídico justo y estable”. Y añade, respecto de la acusación, que “nada más lejos de la realidad”.
Luego, agrega que “el peso de la carga impositiva que soporta el sector, que bajo las circunstancias actuales se torna impagable, requiere de una salida específica y cuidadosa para no dañar un sistema totalmente distorsionado”. Y señala que, agregado a esto, el incremento de los insumos médicos y los “merecidos” ajustes salariales para los trabajadores de la salud llevaron a una “situación terminal”
“Los aumentos en los aranceles prepagos, a pesar de su impacto en el bolsillo de los afiliados, no llegan a recomponer años de atrasos, ocasionados por la regulación de la medicina privada existente desde 2012 a 2023”, expresa el comunicado. En ese período, se agregaron a la cobertura más de100 leyes que obligaron al sistema a cubrir el tratamiento de enfermedades sin definir la contrapartida para su financiamiento, según se añade.
Según la entidad, más complicada aún es la situación de los prestadores, que recibieron incrementos muy inferiores, “imposibilitándoles enfrentar los aumentos de insumos médicos, los alimentos, la energía, los honorarios médicos y los salarios de los trabajadores. A raíz de ese desequilibrio, se apunta, se dan situaciones de “renuncia de valiosos profesionales de la salud, ya sea médicos o no médicos, que abandonan sus puestos para intentar otras alternativas que les mejoren su calidad de vida”.
“Por todo lo expuesto, retrotraer los aranceles, fijando en última instancia un marco regulatorio para adelante y para atrás, afecta el marco jurídico y la libertad de las entidades establecida en nuestra Constitución Nacional y pone en estado de indefensión a la totalidad del sector de la medicina privada, exponiéndonos al incumplimiento de los compromisos asumidos y los futuros con el perjuicio para las entidades de salud, sus equipos y, finalmente, para los pacientes que se desea proteger”, resalta el texto de Acami.
Como solución, la entidad reclama “más libertad” tanto para fijar libremente sus precios (”en un mercado con tantos actores y competidores, quien abuse de su mejor posición relativa quedará fuera de mercado), como también para definir sus planes de cobertura, dado que “hoy el Estado limita prácticamente a ofrecer una sola opción, el Programa Medico Obligatorio (PMO)”.
“Resulta imprescindible avanzar en un Plan Nacional de Salud que sea solidario, accesible, equitativo y sostenible, bajo la supervisión de las autoridades, con un marco jurídico claro y estable que evite su desnaturalización, donde la medicina privada sea una opción complementaria a las responsabilidad primaria e indelegable que tiene el Estado no solo sobre la rectoría, sino también sobre la cobertura efectiva de la salud de los 47 millones de habitantes de nuestro país”, se explica.
La entidad también pide libertad para poder adquirir sus insumos a valores internacionales (”permitiendo la libre competencia entre los proveedores nacionales y extranjeros”) y para poder acordar “modalidades de remuneraciones de acuerdo con las distintas realidades que se viven en el sector”.
Ante la consulta de LA NACION, fuentes del Gobierno respondieron al comunicado: “Se terminó la etapa en la que todo se resolvía con acuerdos espurios en una mesa entre unos pocos”. Esto hace referencia al acuerdo de precios que, según dicen las autoridades actuales, las prepagas tuvieron con la gestión anterior. Además, desde el Gobierno catalogaron a los prestadores, tales como clínicas, sanatorios o profesionales de la salud agrupados, como “víctimas de las prepagas” ya que, según su visión, las entidades financiadoras “les otorgaban un aumento siempre por debajo del índice de inflación”.
En el Gobierno insisten en que fue la administración de Javier Milei la que desreguló al sector con el decreto 70/2023, también conocido como “megadecreto” de diciembre de 2023. La contracara de esto es lo que señalan las prepagas como un “retroceso”, al referirse a las medidas de reajuste de precios dictadas en el ámbito del Ministerio de Economía y a la presentación judicial de la Superintendencia de Servicios de Salud.
“Cada uno desde su lugar, prepagas y prestadores, deberán competir para brindar mejores servicios para el beneficiario, quien será en última instancia el que decidirá cómo y dónde atenderse”, concluyeron las fuentes oficiales consultadas.
Las empresas obligadas a reajustar desde este mes el valor de sus cuotas son aquellas incluidas en la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que trabaja bajo la órbita de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Según lo dictaminado en dicha decisión oficial, siete empresas (Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE) no podrán cobrar en mayo un monto que exceda por 114,6% a lo percibido en diciembre, si la factura corresponde a los servicios de mayo, y por 93,33% si lo facturado corresponde a abril. En principio, durante seis meses el tope de sus aumentos lo marcará el Índice de Precios al Consumidor del Indec.
En paralelo, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Superintendencia de Servicios de Salud que incluyó a 23 empresas. En este caso, las compañías que por decisión judicial deberán presentar un plan de devolución del dinero que cobraron por arriba de la inflación son: Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE), Swiss Medical S.A., Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científico, Omint S.A. de Servicios, Galeno Argentina S.A.. Medifé Asociación Civil, Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Medicina Prepaga Hominis S.A., Medicina Esencial S.A., Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales. Obra Social de la Unión del Personal Civil de la Nación, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales Ltda., Asociación Mutual Sancor, Prevención Salud S.A., Sistema Integrado de Prestadores de Salud S.A.. MET Córdoba S.A., Hospital Alemán Asociación Civil, Grupo DDM S.A., Asociación Hospital Británico de Buenos Aires, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora.
LA NACION
