Por Elliot Spagat – The Associated Press
El Gobierno que preside el demócrata Joe Biden buscará eliminar una parte del acuerdo judicial que desde hace 27 años determina cómo atienden las agencias federales a los niños migrantes que cruzan solos la frontera, informó un abogado implicado en el caso.
El Departamento de Justicia ha adelantado a los abogados de las organizaciones defensoras de los migrantes que pedirá a un juez federal el viernes que ponga fin al llamado acuerdo Flores en el Departamento de Salud, que está obligado a tomar la custodia de niños no acompañados en las 72 horas posteriores a su detención por parte de la Patrulla Fronteriza, según indicó Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights.
Este acuerdo judicial histórico, que lleva el nombre de una niña inmigrante de El Salvador, Jenny Flores, permanecería en vigor en la Patrulla Fronteriza y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional, creando así un desmantelamiento “por partes”, según Welch. Los abogados de niños no acompañados se opondrán a esta medida, que estaría sujeta a la aprobación de la jueza de distrito estadounidense Dolly Gee, en Los Ángeles, California.
El Departamento de Justicia se negó a hacer declaraciones. Salud y Servicios Humanos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El acuerdo Flores es una piedra angular de la política de inmigración en la frontera, en virtud del cual los niños deben ser entregados con prontitud a sus familiares en Estados Unidos o una familia de acogida. Entre otras cosas, establece las pautas que deben seguirse en los refugios autorizados, como qué alimentos deben ofrecer, que deben tener agua potable, servicios médicos de emergencia, baños, lavabos, control de temperatura y ventilación. Surgió a raíz de las acusaciones generalizadas de malos tratos en la década de los años 1980.
[Abogados temen que la nueva norma que limita los asilos también afecte el debido proceso]
La medida podría tensar la ya difícil relación del presidente, Joe Biden, con los defensores de los inmigrantes, ya que el demócrata se enfrenta a un aumento sin precedentes de los cruces fronterizos en un año electoral. Las detenciones en la frontera han superado los 2 millones en cada uno de los dos últimos ejercicios presupuestarios, incluidos casi 300,000 menores no acompañados.
Biden se ha inclinado por una aplicación más estricta de la ley mientras los republicanos atacan su actuación en la frontera. Su Administración planea otra medida destinada a denegar más solicitudes de asilo durante las entrevistas iniciales, un posible preludio de otras medidas para una política fronteriza más severas.
El intento de deshacer parcialmente la ley Flores se produciría menos de tres semanas después de que el Departamento de Salud y Servicios Humanos hiciera pública una medida que establece salvaguardias para la custodia de menores. El secretario de Salud, Xavier Becerra, dijo que la medida, que entrará en vigor el 1 de julio, establecerá “normas claras para el cuidado y tratamiento de los niños [migrantes] sin compañía”.
Welch afirmó que poner fin a la supervisión especial puede impedir que los abogados de los menores inspeccionen los refugios de Salud y Recursos Humanos y entrevisten a los niños al cuidado del departamento.
“La única explicación que tengo sobre por qué querrían hacer esto ahora es porque Flores es una espina en su costado”, declaró Welch. “Podemos entrar en [sus) instalaciones siempre que queramos, podemos hablar con los menores allí, y cuando no cumplen [con sus obligaciones], podemos presentar mociones para que lo hagan, y eso no les gusta”.
Mantener la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional por parte de las cortes, dejaría intactas partes fundamentales de Flores, incluido un límite de 20 días para que la Patrulla Fronteriza pueda mantener retenidos a los menores no acompañados y a los padres que viajan con un menor. Los centros de detención de la Patrulla Fronteriza han experimentado un hacinamiento extremo desde 2021. La administración Biden se ha resistido firmemente a los llamamientos para detener a niños y familias más allá de 72 horas.
Cuando Flores entró en vigor en 1997, la atención a los niños migrantes era competencia exclusiva del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, que fue disuelto seis años después tras la creación del Departamento de Seguridad Nacional. Desde 2003, los Servicios de Salud y Humanos han asumido la custodia de los niños no acompañados en las 72 horas siguientes a su detención. La división se convirtió en una pesadilla en 2018, cuando la administración Trump separó a miles de niños de sus padres en la frontera, y las computadoras de los dos departamentos no estaban conectados para lograr reunirlos de manera rápida.
Un aumento de niños sin compañía en la frontera en 2014 trajo un mayor escrutinio sobre el Gobierno federal. Los flujos elevados de menores no acompañados continúan hata el día de hoy. Las detenciones de niños que viajaban solos por la frontera con México superaron las 130,000 el año pasado. Salud y Servicios Humanos entrega la gran mayoría de esos menores a familiares cercanos mientras los jueces de inmigración sopesan su futuro.
En 2020, una corte de apelaciones aceptó la oferta de la Administración Trump de poner fin a Flores en el caso de Salud y Servicios Humanos, pero bloqueó su intento de levantar la supervisión cuando se trata de Seguridad Nacional. El cambio nunca entró en vigor.
“El tema estuvo un poco tranquilo durante un tiempo y luego empezamos a escuchar rumores de que iban a seguir adelante con un conjunto de regulaciones que iban a ser más abarcadoras, mejores y consistentes con Flores”, indicó Welch.
Salud y Servicios Humanos publicó una propuesta en octubre que generó más de 70,000 comentarios públicos. El mes pasado sacó a la luz la versión definitiva.
El departamento dijo el mes pasado que la norma “aplica a y va más allá” de Flores. Entre otras cosas, crea una oficina independiente del Defensor del Pueblo, establece regulaciones mínimas para los albergues temporales con sobrepoblación y formaliza los avances en los protocolos de selección para la entrega de niños a familias y patrocinadores y para los servicios jurídicos.
Welch comentó que la nueva norma tiene “muchos aspectos positivos”, pero no aborda el tema de los refugios sin licencia contratados por Salud y Servicios Humanos, que considera la pieza más crítica de Flores. En 2021, el gobernador de Texas, Greg Abbott, revocó las licencias estatales de las instalaciones que atienden a niños migrantes.
