Se trata de un escándalo cuyas consecuencias todavía se desconocen: la Policía Federal Argentina (PFA) perdió dos teléfonos celulares y una netbook que el año pasado se le habían secuestrado a Alejandro Muszak, fundador y CEO de la fintech Wenance, investigado por una serie estafas millonarias y que podrían ser claves. Tras la comunicación oficial de la desaparición de los dispositivos electrónicos que aún no habían sido peritados, una jueza presentó una denuncia para que se investigue la posible comisión de un “delito de acción pública”.
Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La desaparecieron de los dispositivos electrónicos que estaban bajo custodia de la PFA fue notificada por el jefe de la División Antifraude de la PFA, subcomisario Marcelo Rodríguez Vimo, el viernes pasado a la jueza en lo criminal y correccional porteña Paula González, a cargo de un voluminoso expediente donde se investiga a Muszak por estafas.
“Es inexplicable, inaudito y gravísimo lo que sucedió”, afirmó una fuente al tanto de la desaparición de los teléfonos celulares y la computadora.
Desde mediados del mes pasado el CEO de Winance, una compañía financiera que se dedica a entregar préstamos o a financiar consumos (electrodomésticos y motos) a segmentos de la población sub-bancarizados, de alto riesgo y que para financiarse obtenía fondos de fideicomisos privados, con la promesa de retornos elevados a quienes invirtieran en estos instrumentos, está detenido en el marco de un expediente que tramita el fiscal de Vicente López Alejandro Guevara, también por estafas.
En ese expediente, donde se investiga una presunta estafa de aproximadamente 1.500.000 de dólares y 5.000.000 de pesos, en las últimas horas la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty hizo lugar a una solicitud del fiscal Guevara y dictó la prisión preventiva de Muszak y de otros cinco sospechosos.
La magistrada, que consideró a Muszak como organizador de una asociación ilícita, también rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria presentada por la defensa del CEO de Winance.
Según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales, los dos teléfonos celulares, un iPhone 12 negro y un iPhone XR, y la computadora, marca Apple, estaban en una bolsa de nylon transparente bajo custodia de la PFA. La desaparición de los dispositivos electrónicos fue revelada por Página 12 el viernes pasado.
El 12 de octubre pasado, la fiscal Mónica Cuñarro, representante del Ministerio Público que interviene en el expediente, había solicitado la realización de un peritaje electrónico de los dispositivos secuestrados. Seis días después, la jueza González ordenó que la diligencia fuera hecha por una división especializada de la Policía de la Ciudad.
El 14 de noviembre pasado, se dejó constancia de que la fuerza de seguridad porteña “requería cuatro discos rígidos de 1TB” para poder hacer el peritaje. Ese mismo día, funcionarios del juzgado hicieron el pedido de los instrumentos solicitados al Área de Coordinación de la Dirección General de Tecnología (DGT) del Consejo de la Magistratura de la Nación, situación que se resolvió recién el 14 de marzo pasado, es decir cuatro meses después de la solicitud.
El 19 de marzo se “ordenó cumplir con el peritaje”. La tarea debía estar a cargo de la División Análisis y Pericias Tecnológicas de la Policía de la Ciudad.
Un mes después, la División Antifraude de la PFA le informó a representantes de la Policía de la Ciudad que “estaban a la búsqueda de los dispositivos que debían ser peritados y “que una vez que los ubiquen, los remitirían de inmediato”.
Pasaron los días y los dispositivos electrónicos no podían ser ubicados. Hasta el 29 de enero pasado, los dos teléfonos celulares y la computadora habían estado en un depósito de la fuerza federal de seguridad situado en la calle Zepita, en Barracas.
Ese día, el subcomisario Rodríguez Vimo le pidió a personal a su cargo, según informó el jefe policial a funcionarios judiciales, que fuera a buscar al depósito de Zepita los dispositivos electrónicos y lo llevara al depósito de la División Antifraude, situado en el Departamento Central de la PFA.
Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, el subcomisario Rodríguez Vimo le informó a funcionarios del juzgado que cuando los dispositivos llegaron a la División Antifraude”no se dejó constancia ni registro alguno” y que tras una búsqueda no fueron halladas.
