Por Hannah Fingerhut – The Associated Press
El Departamento de Justicia demandó este jueves a Iowa por su nueva ley que otorga al estado la autoridad para detener y deportar a algunos inmigrantes. Es la segunda demanda presentada en un solo día que busca bloquear la ley aprobada a principios de año por los legisladores estatales.
Tanto la demanda del Departamento de Justicia como otra presentada por grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes argumentan que la ley estatal se supedita a la ley federal y debe ser declarada inválida.
“Iowa no puede hacer caso omiso de la Constitución de Estados Unidos y de los fallos de la Corte Suprema”, declaró en un comunicado Brian M. Boynton, fiscal general adjunto principal y jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “Hemos presentado esta demanda para garantizar que Iowa se adhiera al marco adoptado por el Congreso y la Constitución en el tema del control de la inmigración”.
La acción federal era esperada, ya que el Departamento de Justicia advirtió la semana pasada a los altos funcionarios de Iowa que la agencia los demandaría a menos que accedieran a no aplicar la nueva medida. La ley es similar a otra más amplia de Texas que ha sido impugnada tanto por el Departamento de Justicia como por grupos de defensa de los derechos civiles.
La demanda del Departamento de Justicia fue presentada el mismo día en que la ACLU de Iowa, la ACLU nacional y el Consejo Americano de Inmigración presentaron una demanda para bloquear la ley en nombre del Movimiento Migrante por la Justicia de Iowa y de dos ciudadanos de Iowa.
“Esta horrible ley es muy perjudicial para las familias y comunidades de Iowa”, declaró Rita Bettis Austen, directora jurídica de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Iowa. “Los legisladores de Iowa apuntaron a sabiendas hacia personas que están protegidas por las leyes federales de inmigración y que tienen permiso legal para estar aquí”.
La fiscal general de Iowa, Brenna Bird, dijo el jueves que el estado no daría marcha atrás, y que la ley existía porque el presidente, Joe Biden, no ha garantizado la seguridad en la frontera sur.
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“La ley de Iowa no es única; simplemente hace cumplir las leyes de inmigración mientras Biden se niega a hacerlo”, explicó Bird en una declaración escrita. “Iowa está dispuesta a defender nuestra ley de inmigración, que mantiene seguras a las comunidades de Iowa”, subrayó.
La ley de Iowa ha aumentado el temor entre las comunidades de inmigrantes en el estado de que su aplicación daría lugar a la creación de perfiles raciales y étnicos, complicaría el contacto con la policía o convencería a los miembros de la comunidad de no denunciar delitos. Grupos de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, entre ellos uno de los citados en la demanda, han organizado reuniones para tratar de responder a las preguntas de las personas y han organizado protestas en respuesta.
En marzo, Texas sólo pudo aplicar la ley durante unas confusas horas, antes de que una corte federal de apelaciones, compuesta por tres jueces, la dejara en suspenso. En abril, el tribunal escuchó los argumentos de partidarios y detractores de la medida, y próximamente se pronunciará sobre si es constitucional.
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Algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y expertos jurídicos han afirmado que quedan varias preguntas sin respuesta sobre cómo las medidas serían aplicadas en Iowa y Texas, ya que la ejecución de las leyes de inmigración ha recaído históricamente en el Gobierno federal y es un proceso entre dos países.
La ley de Iowa, que entrará en vigor el 1 de julio, permitiría presentar cargos penales contra personas que tengan órdenes de deportación pendientes o que hayan sido expulsadas o se les haya denegado la admisión en Estados Unidos. Una vez detenidos, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de abandonar el país o ser procesados, con la posibilidad de pasar tiempo en prisión antes de ser enviados de vuelta a sus países de origen.
La demanda federal afirma que, dado que la Constitución asigna al Gobierno federal la tarea de regular la inmigración y administrar las fronteras internacionales, la ley estatal no puede ser aplicada.
La demanda en el caso de Iowa también sostiene que la ley entra en conflicto con la ley federal y podría llevar a la policía a detener a personas que están autorizadas a estar en el país, como aquellas a las que se les ha concedido asilo o tienen visados. Según la demanda, la ley podría dar lugar a la persecución de niños llevados a Iowa por sus padres.
“Creará un caos absoluto y sufrimiento humano en nuestro sistema legal, y perjudicará a las comunidades de Iowa”, declaró Melloy Goettel, directora jurídica del Consejo Estadounidense de Inmigración.
La gobernadora, Kim Reynolds, quien es republicana y firmó la nueva legislación, reiteró su apoyo a la medida.
“Como gobernadora, tengo la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de Iowa”, indicó Reynolds en una declaración escrita donde repitió los argumentos de otros líderes republicanos. “Dado que el presidente [Joe] Biden se niega a hacer cumplir las leyes de inmigración de nuestra nación, con lo que amenaza la seguridad de nuestros ciudadanos, Iowa intervendrá”.
