Por segunda ocasión el juez federal de Control Juan José Chávez Montes dejó en libertad a cuatro personas acusadas por delitos contemplados en la Ley de Migración por no acreditarse el lucro y las cuales fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) durante una intervención realizada en la colonia Infonavit Casas Grandes, donde rescataron a un centenar de migrantes.
Los agentes rescataron a 105 personas, entre ellas cinco niños, en situación de movilidad el pasado 30 de abril; los extranjeros y connacionales permanecían hacinados en la vivienda ubicada en la esquina de las calles Ricardo Marquina y Carlos Alonso del Real.
Y, de acuerdo con los agentes estatales, fue a través de una denuncia anónima como llegaron a la propiedad privada al ser advertidos de la presencia de extranjeros y connacionales pidiendo auxilio.
En el lugar fueron detenidos Johan Ricardo R. E. de 21 años, Carlos Iván M. G. de 27 años, José Gerardo S. M. de 41 años y Luis Carlos C. B. de 20 años, a quienes se les aseguró un arma de fuego, así como 10 cartuchos útiles, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las indagatorias correspondientes, informó la Policía Estatal.
Según los agentes preventivos las personas rescatadas tenían hasta 15 días en ese lugar sin poder salir.
El pasado martes, durante la continuación de la audiencia inicial, el juez federal Juan José Chávez Montes resolvió solo vincular a proceso a Johan Ricardo R.E. por la probable comisión del delito por la portación de un arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso b, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Además, dictó el auto de no vinculación a proceso contra los cuatro acusados por el delito de albergue de personas extranjeras, previsto y sancionado en el artículo 159 fracción III, con la agravante del numeral 160, fracción I y II, de la Ley de Migración.
El juez federal expuso que si bien más de 100 personas estaban asiladas en un domicilio, no hubo datos de prueba que permitieran establecer que la conducta desplegada por los imputados haya sido con la finalidad de obtener un lucro.
Y aunque la representación social aportó cinco declaraciones de, al menos cinco personas de nacionalidad extranjera, lo cierto es que en estas entrevistas ninguno de ellos fue claro en manifestar que su albergue en ese domicilio era con la finalidad de pagar alguna cantidad de dinero a los imputados, planteó el juez.
Ante la resolución del juez, el Ministerio Público Federal apelará ante la instancia correspondiente, informó la Fiscalía Federal.
Este es el segundo caso en el cual los acusados por violentar lo dispuesto en la Ley de Migración son liberados al no fundamentar fehacientemente la probable comisión del delito ante un juez federal durante las intervenciones de la Policía Municipal y Estatal.
El Diario solicitó la versión del titular de la SSPE, Gilberto Loya, pero hasta el cierre de esta edición no atendió la solicitud de información.
