Un grupo de inmigrantes indocumentados cónyuges de ciudadanos estadounidenses -que llevan tiempo en Estados Unidos y bajo la ley de inmigración no tienen derecho a legalizar sus estadías- piden este miércoles en el Congreso apoyo para que la Casa Blanca de Joe Biden apruebe un parole humanitario que les otorgue estatus legal de permanencia.
El grupo, de unos 50 inmigrantes, acudirá acompañado por activistas que defienden sus derechos y líderes de organizaciones que durante años vienen presionando a ambas cámaras del Congreso por una reforma migratoria con camino a la ciudadanía para los millones de inmigrantes indocumentados.
La visita al Congreso incluye a legisladores demócratas que desde hace varias semanas vienen presionando a Biden para que use su poder ejecutivo y promulgue un parole humanitario que permita dar a millones de indocumentados cónyuges de ciudadanos, dreamers y trabajadores esenciales que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales un amparo de deportación y una autorización de empleo.
La lista de visitas incluye, entre otros, los despachos del senador Alex padilla (demócrata por California), presidente del Subcomité Judicial del Senado sobre Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza, y del senador Dick Durbin (demócrata por Illinois), líder de la bancada oficialista. También se reunirán con legisladores de la Cámara de Representantes.
Rosa Sánchez, 23 años esperando
Univision Noticias habló vía telefónica con Rosa Sánchez, una inmigrante de origen mexicano casada con un ciudadano estadounidense que lleva 23 años esperando una oportunidad para legalizar su permanencia en Estados Unidos.
“Son más de dos décadas”, dice. “Me casé, con mi esposo tratamos de hacer las cosas bien, pero no se pudo. El sistema no nos da la oportunidad de tener mis papeles y seguir adelante con mi familia”.
El esposo de Sánchez sometió una petición de ajuste de estatus I-130 y fue aprobada. Pero el matrimonio no puede seguir adelante con el trámite para recibir la residencia legal permanente (LPR, greem card o tarjeta verde) “porque entró ilegalmente al país”, explica José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
El caso de Sánchez es similar al de otros millones de inmigrantes Estados Unidos. “Por eso estamos aquí en el Congreso, porque tenemos fe que el presidente Biden nos escuchará y utilizará su poder ejecutivo para otorgarnos un parole humanitario”, dice la inmigrante.
Sánchez vive y trabaja en Arizona, donde es dueña de un negocio. “Tengo cinco trabajadores contratados y pago impuestos”, dice. Y cuenta que una de sus hijas, de 13 años, es una sobreviviente de cáncer. “Ahora está en remisión. Pero los tratamientos provocaron que perdiera un ojo”.
A la pregunta respecto a las oportunidades que el gobierno le ha dado a miles de inmigrantes en los últimos tres años de pedir asilo, referir sus casos a los tribunales y obtener un permiso de trabajo, Sánchez respondió: “Se siente mucha tristeza porque nosotros, que llevamos tiempo en el país, todos los días también contribuimos al engrandecimiento de Estados Unidos, pero nos quieren echar”.
Parole y permisos de trabajo
“Es un grupo de unas 50 personas, familiares indocumentados de ciudadanos estadounidenses algunos de los cuales llevan muchos años en nuestro país y piden ayuda para que el presidente Biden tome acción ejecutiva en una materia que el Congreso no ha actuado”, dice Juan Pachón, de FWD.us, una organización que defiende los derechos de los inmigrantes y fue creada por líderes de la industria de alta tecnología.
El dirigente precisó que el grupo lo integran familias “de todos los rincones del país” y que todos ellos “se beneficias de las medidas que tome el presidente”.
Por su parte, Gustavo Torres, director de la organización CASA, dijo que, además del parole humanitario que se le pide al presidente, “estamos solicitando que se extienda el Programa de Protección Temporal (TPS) para las personas que califican de unos 10 países, beneficiando a unos 2.7 millones de inmigrantes indocumentados”.
“Sería una decisión correcta”, asegura Torres. “Una ampliación del TPS ayudaría a por lo menos 1.2 millones de indocumentados de Guatemala, miles de hondureños, colombianos, ecuatorianos y venezolanos, además de indocumentados originarios de África que vinieron a Estados Unidos en busca de ayuda”.
El activista dijo además que “debido a la situación política en sus países o por diversas catástrofes, todas estas personas califican para un TPS o para una autorización de empleo”.
Visita es parte de una campaña
Organizada por más de un centenar de organizaciones locales y nacionales, la estrategia está enfocada en en pedirle a la Casa Blanca que conceda permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en Estados Unidos, pagan impuestos y carecen de antecedentes criminales.
La presión a Biden ha ido en aumento desde enero del año pasado, cuando el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), activó un programa de perdón humanitario (parole) para que inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (este último participa desde octubre de 2022) entren a Estados Unidos con una visa temporal por dos años previa autorización de un patrocinador.
En este programa también están incluidos inmigrantes provenientes de Ucrania y Afganistán quienes, una vez admitidos, los recién llegados tienen derecho a un permiso de trabajo temporal válido por dos años.
Las demandas por soluciones migratorias “las tenemos presentadas al presidente Biden desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 2021”, dice Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “Están en su escritorio de la Oficina Oval donde llevan mucho tiempo y estamos esperando que use su poder ejecutivo y responda a nuestras demandas”.
Legisladores enviaron carta a Biden
Además de la presión que ejercen organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, la tercera semana de abril un grupo de congresistas demócratas envió una carta Biden para pedirle que use su poder ejecutivo y conceda, por medio de un decreto, autorizaciones de empleo a cientos de miles de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país, muchos de ellos casados con ciudadanos estadounidenses.
Si bien no hay garantías de que la Casa Blanca responda afirmativamente en las próximas semanas al pedido, uno de los autores de la iniciativa, el representante Jesús “Chuy” García (demócrata por Illinois), dijo a Univision Noticias que la razón de mayor peso para actuar del presidente, “es debido a la inacción del Congreso con el tema de la reforma migratoria”.
El principal blanco de la petición a Biden son “los cónyuges de ciudadanos americanos. Calculamos unos 1.4 millones de indocumentados. Y luego está otra clase de personas, que son la gente que tiene DACA o se ha graduado de la clase de DACA que han perdido su estatus, y otros inmigrantes que también llevan 10, 20 o hasta 30 años en Estados Unidos cumpliendo con las leyes y aportando a la nación”, indicó García.
“Otros muchos indocumentados han salvado vidas y contribuyen a la nación a diario, a la economía, carecen de antecedentes criminales y pagan sus impuestos”, precisó el legislador.
