ROSARIO. Para evitar pérdidas mayores ante posibles operativos antidrogas de fuerzas federales, Héctor Quispe decidió minimizar riesgos. Empezó a trasladar la cocaína que cruzaba con su pareja desde Bolivia hasta Aguas Blancas y Salvador Mazza, en Salta, en motos hacia el centro del país. El destino del estupefaciente era Rosario y la provincia de Buenos Aires.
Las “mulas” viajaban por rutas alternativas, en paralelo a la 34, hacia la provincia de Santa Fe y San Nicolás, en el norte bonaerense. Lo hacían cada 15 días y llevaban la droga en mochilas y escondida en los cuadros de las motos, una forma bastante novedosa para los investigadores judiciales, que comenzaron a seguir los rastros de los proveedores de un narco rosarino y se toparon con esta particularidad.
Quispe es considerado un proveedor de bandas de Rosario, San Nicolás y La Plata. En esas ciudades tenía sus clientes, que a su vez estiraban la droga –que tenía un alto nivel de pureza– y la distribuían en distintos puntos de venta minorista.
Este salteño, que estaba bajo la lupa de la Justicia desde hace tiempo, no hablaba por teléfono con los compradores, sino que hacía el trabajo de los antiguos viajantes. El mayorista hablaba en persona con sus clientes, y eso lo obligaba a viajar de manera frecuente. Esta manera de vincularse “a la vieja usanza” hizo complejas las tareas de investigación que realizaron los fiscales federales Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Claudio Kishimoto, de Rosario.
El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que “se desbarató la cadena entera de comercialización de estupefacientes y se identificó a los miembros de la red criminal: desde las personas que traían la droga desde Bolivia, quienes la ‘enfriaban’ en la provincia de Salta y aquellos que la transportaban acondicionada en motos, como novedad investigativa”.
Esta maniobra implicó un gran desafío para los detectives, ya que los traficantes en moto podían tomar rutas alternativas e incluso caminos rurales para evadir eventuales controles. Los investigadores encontraron en la figura mitológica del centauro una analogía del motociclista como un jinete salvaje, forajido de la ley. Por eso, el procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que demandó 30 allanamientos, fue bautizado Operación Centauro.
La investigación comenzó hace tres años y medio, en diciembre de 2020, y fue un desprendimiento de una causa en la cual la PSA realizó diez allanamientos, detuvo a ocho personas y secuestró drogas, armas y vehículos. Desde ese momento, la fuerza de seguridad federal acumuló 90 legajos de informes, con 11.000 horas de escuchas telefónicas y seguimientos interprovinciales que demandaron varios días cada uno.
Considerando el modus operandi, este domingo los policías aeroportuarios interceptaron a un motociclista en una estación de servicio ubicada en el cruce de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 65, en la localidad de San Genaro, Santa Fe; estaba viajando desde el norte del país.
Al requisar la moto, los efectivos encontraron que su cuadro y su tanque de combustible habían sido modificados para ocultar nueve paquetes rectangulares de distinto tamaño. Evidentemente, eran “panes” de cocaína. Al retirar los envoltorios de nylon se observó que uno de los “ladrillos” llevaba impreso en bajorrelieve una hoja de trébol y otros dos tenían impresas la figura de un delfín.
Esa era la marca de origen de Delfín Reynaldo Castedo, preso desde julio de 2016, cuando fue detenido tras haber estado prófugo durante una década, y condenado por narcotráfico y por el asesinato de Liliana Ledesma, una productora rural salteña que se opuso a sus operaciones ilegales. Conocido como El Patrón del Norte, Castedo era considerado el “dueño” de la frontera caliente entre Salta y Bolivia. Había adquirido campos de miles de hectáreas tanto en Salvador Mazza como en Yacuiba, al otro lado del límite internacional. Por allí pasaban los camiones con cocaína.
El 21 de septiembre de 2006, el homicidio de Ledesma, de una familia de productores agropecuarios de la zona, expuso a este jefe narco que tenía aceitadas conexiones políticas y judiciales, entre ellas, con el exjuez federal de Orán Raúl Reynoso. Días antes de ser asesinada, Ledesma había denunciado públicamente a los hermanos Delfín Reynaldo y Raúl Amadeo Castedo y al entonces diputado provincial Ernesto Aparicio –fallecido en 2013– por haber cerrado un camino vecinal que unía Salvador Mazza con Bolivia con el objetivo de utilizarlo para traficar drogas.
Las motos de la gente de Quispe se las arreglaban para eludir los retenes en las rutas principales y llegar hasta Rosario. El principal comprador de la cocaína era Gerardo Alberto P., un hombre que no tenía relación con las bandas narco más conocidas que siembran el terror y manejan con violencia el negocio de las drogas en la mayor ciudad santafesina.
Transitaba su vida en el universo criminal con bajo perfil, y sin generar conflictos con nadie. Eso lo hizo poco visible. Este intermediario, que tenía contacto directo con Quispe y su organización, abastecía a vendedores locales como Alberto Celestino T., exbarrabrava de uno de los clubes rosarinos que había involucrado en este negocio ilegal a su hijo, Alberto Ezequiel T., que jugó al fútbol en equipos de la zona, entre ellos, Atlético Empalme Central, de Villa Constitución.
Según la investigación de la PSA, se pudo establecer que cambiaba divisas para capitalizarse y para financiar la compra de estupefacientes (en dólares) a través de un conocido restobar del microcentro rosarino. Así se perfeccionaba, además, la maniobra de lavado de activos.
Alberto Celestino T. también distribuía la cocaína que traía la gente de Quispe en sus propias motos en San Nicolás. El año pasado se detectó que la cantante de trap Brenda Leguizamón, La Diabla, había copado la provisión de estupefacientes en esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, usando un local de venta de ropas –llamada “Bichota Girl Femenina”– como fachada de sus operaciones.
La Diabla es la hermana de Brisa Milagros Leguizamón, protagonista junto a su pareja, Esteban Rocha, que el 29 de enero de 2022 se hicieron famosos en todo el país por su narcoboda, que terminó en una masacre cuando un grupo de sicarios emboscó, al término de la fiesta, a Iván Giménez, acribillado en un Audi TT junto a su pareja Érica Romero y la hija de ambos, Elena, de un año.
La investigación que llevó adelante la Procunar derivó en decenas de allanamientos en las provincias de Salta, Santa Fe y Buenos Aires, donde 18 personas quedaron detenidas. Se secuestraron 11,4 kilos de cocaína; 11,5 kg. de marihuana, 529 gramos de metanfetamina crystal, más de 17 millones y medio de pesos, 18.000 dólares, 465 euros, 12 armas de fuego, 13 autos, ocho motos, una balanza de precisión, dos máquinas contadoras de billetes, 35 celulares, notebooks, un frasco con lidocaína y una bolsa con magnesio. Estos últimos insumos hacen presumir que la cocaína se adulteraba para estirarla y que tuviera mejor rentabilidad en la venta.
En uno de los lugares donde mayor cantidad de droga se secuestró fue en la casa de la pareja de Quispe en Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia. Allí la Policía de Seguridad Aeroportuario (PSA) que llevó adelante la investigación incautó en la casa de Lina María S., que quedó detenida, 5 kilos de cocaína, 600 dólares y un revolver calibre 38.
