España está desaprovechando una de las mejores palancas de que puede disponer para garantizar su progreso económico y un mayor bienestar de los ciudadanos: aprovechar el talento de los inmigrantes. Uno de cada dos extranjeros universitarios que trabajan en el país (el 54%) está sobrecualificado: su nivel de estudios es superior al que requiere su empleo. Son casi un millón de los 1,8 millones de extranjeros con formación universitaria. España es, tras Italia y Grecia, el tercer país europeo con más inmigrantes sobrecualificados, según una investigación de varios medios, entre ellos EL PAÍS, a partir de los datos de la Encuesta Europea de Población Activa. La diferencia con los nacidos en España es de casi 21 puntos, la quinta brecha más alta de Europa, y se ha mantenido estable a lo largo de la última década.
Pese a las obsesiones de la derecha identitaria en todo el mundo, casi nadie concibe hoy que una economía moderna pueda desarrollarse con la aportación exclusiva de sus nacionales. No es simplemente una cuestión de rechazar la xenofobia o de solidarizarse con quienes dejan sus países en busca de un futuro mejor, sino de pura necesidad en unas sociedades occidentales con baja natalidad, intenso envejecimiento y creciente esperanza de vida —que impone un mayor gasto social—, y un costoso Estado de bienestar. Sin la mano de obra importada, sus sistemas productivos se bloquearían. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, recalcó este jueves el valor de la inmigración para el crecimiento económico, citando el caso de EE UU. En España, sin los trabajadores extranjeros en conjunto (el 18,8% del total, que contando a quienes tienen doble nacionalidad suponen unos cuatro millones), hubiese sido imposible alcanzar el récord de un mercado laboral con 21 millones de empleados.
Para aprovechar todo el potencial de la mano de obra inmigrante es necesario un esfuerzo especial por facilitar que el talento que llega de fuera tenga el mejor desarrollo. Distintos handicaps confluyen para estancar este problema en el país con la tasa de paro más alta de Europa (11,5%), pero las dificultades en su resolución no pueden suponer una parálisis.
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Uno de los principales obstáculos reside en la homologación de los títulos universitarios no nacionales. El nuevo sistema puesto en marcha por el Gobierno hace algo más de un año ha agilizado el proceso, pero necesita un rediseño de toda su gestión, como reconoció recientemente la ministra de Universidades, Diana Morant. El año pasado se resolvieron 18.000 homologaciones, pero con un volumen de solicitudes desbordante (entre 4.000 y 5.000 al mes) y un proceso burocrático criticado por muchos inmigrantes pues la situación no avanza lo que sería preciso.
Los extranjeros con estudios superiores también sufren más desempleo, tienen menores ingresos y están infrarrepresentados en los sectores con mayor valor añadido. La brecha resulta más preocupante en el caso de las mujeres.
La inmigración y los desafíos que abre es uno de los grandes y más complejos debates de nuestro tiempo, en el que no existen respuestas fáciles. No ayuda en este aspecto el sesgo contra el inmigrante (especialmente si es de otra etnia) latente en tantos españoles y también las empresas, aunque no quieran reconocerlo. Pero el hecho, según los cálculos de la investigación, de que España pierda casi un punto del PIB por el desperdicio del talento extranjero debe instar a la reflexión para que se remuevan los obstáculos que contribuyen a un inexplicable despilfarro.
