Son el “guardadito bajo el colchón” con el que cuenta un Estado para hacerle frente a cualquier emergencia de forma inmediata. Economistas señalan a la deficiente gestión fiscal del gobierno, con muchos más gastos que ingresos, como un factor.
El Salvador es el país de Centroamérica con las menores reservas internacionales y es, además, el único que presenta niveles menores a diciembre de 2019, justo antes de la pandemia de COVID 19, que significó un golpe para todas las economías del mundo. Esto según datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA).
Las reservas internacionales de un país corresponden “a los activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos”.
En términos más sencillos, según el economista José Luis Magaña, son ese “guardadito bajo el colchón” con el que cuenta un Estado para hacerle frente a cualquier emergencia, para la que, lógicamente, necesitará contar con fondos para enfrentarla de manera inmediata. Confieren, por tanto, un margen de maniobra para los países.
La pandemia de Covid 19, por ejemplo, fue una emergencia devastadora, y casi todos los países del mundo echaron mano de sus reservas para responder a las necesidades de sus ciudadanos. Por eso, se entiende que en ese periodo, hayan disminuido. Sin embargo, lo esperable es que, con la mejora de las economías, estas se robustezcan. ¿Qué ha pasado con El Salvador?
Las condiciones actuales
Las reservas internacionales de El Salvador, a enero de 2024, son de $2,761 millones, $1,175 millones menos que en el periodo previo a la pandemia, cuando eran de $3,936 millones. Es decir que la reducción ha sido casi de un tercio del total.
Esto es diferente a la realidad del resto de la región, que ahora presenta montos superiores a los de diciembre de 2019.
El caso más llamativo es el de Nicaragua, que en ese mes contaba con solo $2,209 millones en sus reservas internacionales. Es decir, un poco más de la mitad que las de El Salvador. Pero para enero de 2024, la realidad es la contraria, pues Nicaragua tiene $5,472 millones en ese apartado, es decir, casi el doble que las de nuestro país. Nicaragua ha mejorado en este rubro, por tanto, en un 147 %.
Como se dijo, todos los demás países de Centroamérica han tenido mejoras en importantes porcentajes: Honduras (27 %), Guatemala (44 %) y Costa Rica (61 %).
Según el exvicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Otto Boris Rodríguez, la diferencia de El Salvador es que su entorno económico es difícil, sin acceso por parte del Gobierno al mercado financiero internacional y con sectores (como el industrial y la agricultura) que no se han podido levantar después del golpe de la pandemia.
“El foco de atención no ha estado en políticas sectoriales, que les dé créditos, que les dé financiamiento, que les dé, en fin, luz por donde ir”, dice Rodríguez. Otro factor determinante es la deficiente gestión fiscal del gobierno, con gastos muy superiores a sus ingresos.
La economista Julia Evelyn Martínez explica, que como El Salvador es un país dolarizado, sus reservas internacionales son reservas en divisas propiedad de los bancos privados y estas dependen de algo llamado “encaje legal”, que es el porcentaje de depósitos en dólares que los bancos deben mantener en el Banco Central de Reserva (BCR) para hacer frente a tres meses de importaciones.
“Este encaje ha ido disminuyendo por decisión del Ejecutivo, para permitir que puedan usar esos dólares en compra de Letras del Tesoro (LETES) y Certificados del Tesoro (CETES), para solventar sus gastos corrientes y el pago de vencimiento de deuda”, comenta la economista.
Los LETES y CETES son compromisos de corto plazo, por lo común de menos de un año, y tienen intereses altos porque los fondos se entregan de manera muy rápida. Por eso son conocidas como las “tarjetas de crédito” del Estado.
Para febrero de 2024, este tipo de deuda había alcanzado los $2,222.3 millones, el 6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Y la administración de Nayib Bukele ha contribuido activamente en mantener en raquitismo esas reservas. El Gobierno de El Salvador realizó, el 21 de septiembre de 2020, la emisión de Certificados del Tesoro por un monto $645.8 millones , a una tasa del 7% fija, a un plazo de 360 días.
Su objetivo prioritario era proveer de fondos al Estado salvadoreño para que este entregara a micros, pequeñas y medianas empresas recursos para que pudieran seguir funcionando después del cierre de la economía que significó la pandemia de Covid 19 en 2020.
Para cancelar este monto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le entregó a El Salvador un préstamo con una tasa del 2.6 % de interés. Así, la administración de Nayib Bukele podría cancelar el préstamo de los CETES, que debía pagar solo 360 días después de la emisión, es decir, el 21 de septiembre de 2021.
Pero, ¿usó el gobierno todos estos fondos para este destino? La respuesta es no, pues un tercio, $200 millones, fueron desviados para la financiación de la adopción de Bitcoin en El Salvador. Estos constituyen un alto porcentaje del dinero del préstamo del BCIE usado para “obligaciones generales del Estado”: $425 millones.
Sorprende que un país con un gobierno como el de Daniel Ortega, que comparte rasgos autoritarios con el de Nayib Bukele, sí haya visto mejoras en este apartado. Para Martínez, esto es porque la diferencia no reside en el tipo de gobierno, “sino que depende de las dimensiones de la crisis fiscal y de la forma de financiamiento de esta crisis”.
