El precio de hablar
Denunciar un delito en México siendo migrante no está exento de riesgos. Además de las trabas administrativas, muchos viajeros que son víctimas de delitos optan por no hablar. Bien sea por miedo a represalias por parte de los grupos criminales o por temor a ser deportados si acuden a las autoridades, pues su prioridad sigue siendo llegar a Estados Unidos explica Mónica Oehler, investigadora experta en migración de la oficina de Amnistía Internacional en Ciudad de México.
“Perder el tiempo en hacer una denuncia, lo que implica toda la parte burocrática que eso tiene en México, pues no es algo que les llame la atención, no saben cómo hacerlo”, dijo Oehler. “Ni siquiera está en su cabeza cuando uno les pregunta: ‘¿Y tú denunciaste todo esto?’”. Agrega la investigadora.
A pesar del temor y el desconocimiento, entre 2016 y 2023, poco más de 6,000 personas migrantes reportaron ante las autoridades mexicanas haber sido víctimas de algún delito en su paso por México. Casi la mitad sufrió robos, y 3 de cada 10 personas denunciaron haber sido víctimas de tráfico ilícito, y más de 700 personas denunciaron haber sido víctimas de secuestro, según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación.
En el caso del tráfico de migrantes en tráileres, los principales estados por donde transitan estos vehículos no necesariamente son donde más se investiga este delito. Veracruz, Chiapas y Nuevo León, por ejemplo, son los estados donde más tráileres detectaron las autoridades —al menos 106 casos— y donde hubo más muertes de migrantes en estos viajes entre 2016 y 2023, según muestra nuestro análisis. Pero en Veracruz, la Fiscalía General de la República solo abrió tres investigaciones por tráfico de personas a bordo de este tipo de vehículos, mientras que en Chiapas y Nuevo León no hay registro de ninguna investigación a nivel federal, según datos entregados por esa entidad.
Según datos entregados por el Poder Judicial, entre 2016 y octubre de 2023 los juzgados de distrito del país dictaron 58 sentencias por casos de tráfico de personas. De ellas 35 fueron condenas y en los demás casos los acusados fueron absueltos o sobreseídos.
“Es muy raro que ocurran (las denuncias por tráfico ilícito) y es muy raro que el Instituto favorezca el proceso jurídico”, explica Guillén. De su etapa como comisionado, recuerda situaciones “extremas” que reflejan la red de complicidades y complejidades que azotan las instituciones mexicanas.
Uno de los casos que recordó Guillén se dio en Veracruz, en 2019, cuando agentes del Instituto interceptaron un camión que transportaba personas de forma clandestina. Los funcionarios del INM interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público veracruzano y cuando quisieron darle seguimiento a la acusación, el caso “se complicó”, recuerda Guillén. Según el ex comisionado, funcionarios judiciales de Veracruz emplazaron a los agentes migratorios por un presunto mal procedimiento en la detención de los coyotes. “(El caso) se invirtió y ya estaban los agentes del Instituto amenazados por haber hecho un procedimiento incorrecto”, dijo.
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“En vez de que el Ministerio Público subsanara la falla, no lo hace y decide ignorar el evento de tráfico y la presentación misma de las personas (detenidas). Esa situación de “llegar como parte ofendida y terminar como parte ofensora” es un indicador del ambiente en el que se mueven los agentes, agregó Guillén.
El segundo inconveniente que enfrenta la persona migrante víctima o testigo de un delito es la falta de mecanismos de regularización que le permita quedarse en México para participar del proceso judicial. La Ley de Migración vigente dice que toda persona que ha sido víctima de un delito tiene derecho a recibir una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), un documento que permite permanecer en México de forma legal hasta por un año.
Sin embargo, son pocos los viajeros que saben cómo pedir esta tarjeta: “Es una realidad que una vez la persona sale de la estación migratoria, no recibe ningún tipo de acompañamiento o de orientación jurídica para regularizarse. Nada más los liberan a su suerte”, explica Axel González, abogado en la Clínica para Refugiados de la Universidad Iberoamericana.
Con esta apreciación coincide la abogada Yesenia Valdez, coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado, quien afirma que el Instituto Nacional de Migración “nunca” da acompañamiento jurídico a los migrante. “Ni siquiera le explican a la gente cuáles son sus opciones para regularizarse”, dice.
Consultado por estas críticas de los abogados, el Instituto Nacional de Migración no contestó.
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Una valoración que comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Matías: “El único mecanismo (para regularizarse) es pedir refugio. Pero ni nosotros lo entendemos”, resume Brenda Ochoa, quien fue directora de la entidad hasta hace poco. Ella destaca que los requisitos burocráticos cambiantes y poco estandarizados generan una gran confusión en los viajeros. Citó problemas como que las autoridades migratorias destacadas en la frontera con Guatemala no atienden a los solicitantes de refugio —según la agencia para los refugiados de la ONU, los solicitantes tienen derecho a realizar su solicitud desde una agencia migratoria— sino que les remiten a la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas, situada a más de 20 kilómetros de la frontera.
Pero esas mismas autoridades no les permiten la entrada al país, explica Ochoa, sino que “prácticamente les inducen a que pasen de manera irregular por el río para que puedan pasar”.
Y si los migrantes logran llegar a la oficina de la Comar, allí se enteran que no les atienden sin una cita, explica Ochoa. “Les orientan hacia otra ruta que también es otra valla, es una situación burocrática porque hay un rezago enorme de solicitudes”, explica la abogada.
