Las cuestiones vinculadas a la sostenibilidad y el cuidado de los ecosistemas se han vuelto cada vez más prioritarias para los ciudadanos. Aunque los políticos lo saben, ni sus contadas apelaciones en favor de promover la defensa de los recursos naturales y los derechos humanos se traducen nunca en acciones consecuentes. “Ni con este Gobierno ni con los anteriores. En México no existe ningún compromiso político con el medioambiente”, sostiene Leticia Merino, académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y coordinadora de la Agenda Socioambiental 2024. Esta iniciativa, en la que han participado más de una treintena de especialistas de universidades públicas, instituciones y organizaciones civiles, analiza temas prioritarios y expone los retos más urgentes con el fin de que la próxima Administración trate de revertir la degradación ambiental que se ensaña con el país.
Como señalan los expertos, a pesar de que México cuenta con una de las riquezas naturales más eminentes del mundo, ninguna de sus últimas administraciones ha tomado las medidas necesarias para manejarla de manera sustentable y con una visión de largo plazo. “Por el contrario, nuestra biodiversidad está siendo destruida, sobreexplotada y amenazada principalmente para beneficiar intereses privados. ¡Este sexenio ha sido catastrófico para el medio ambiente!”, denuncia Merino.
La iniciativa que lidera visibiliza, entre otros aspectos, las resistencias que han encontrado los cambios progresistas impulsados por la ciudadanía para favorecer la sustentabilidad, la salud pública y los derechos humanos; en algunos casos promovidos de la mano con instituciones y actores del Gobierno actual. Una lucha obstaculizada por las grandes corporaciones, los legisladores de oposición e incluso del partido en el poder y de funcionarios de diversos niveles. “Hicimos este mismo ejercicio de análisis hace seis años y desde entonces no hemos avanzado nada!”, asegura la socióloga de la UNAM.
Los datos recopilados por los investigadores muestran cómo la tendencia de degradación ambiental que venía de administraciones pasadas sigue el mismo curso, agravada aun más por factores como el cambio climático y el debilitamiento institucional. “El modelo de sobreexplotación de la naturaleza no ha cambiado ni se ve como un problema desde los altos poderes. El presupuesto para el medio ambiente se fue hasta el suelo y no existe plan de ningún tipo para dar solución a esta crisis. ¡El panorama es verdaderamente preocupante!”, alega Merino.
Con el fin de revertir los daños ecológicos, el grupo de expertos ofrece una ruta crítica, viable y con una visión a largo plazo, que tiene como primera recomendación el impulso de una reforma integral que atienda la grave crisis hídrica que enfrenta México, garantice el acceso equitativo al agua y que impulse avances significativos en la materia. De acuerdo a su informe, las mejoras que ha llevado a cabo la actual administración —con la aprobación de normas que establecen límites de la calidad del agua y las descargas residuales—, son todavía muy insuficientes. “La gestión responsable de los recursos hídricos sigue siendo uno de los mayores pendientes del Gobierno saliente. Es terrible que hasta el 70% del agua concesionada esté en manos de unas pocas corporaciones enormes, o que todavía se mantenga la terrible corrupción al interior de la Conagua”, denuncia Merino. Para la experta resulta prioritario que la próxima legislatura reemplace la Ley de Aguas Nacionales, que mercantiliza los bienes hídricos del país, por una centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento. “Una propuesta que pensábamos que esta Administración iba a cumplir”, lamenta.
Otro de los retos impostergables en la ruta hacia un México más justo y sostenible es la regulación de la minería, un sector regido por leyes que han favorecido la destrucción salvaje de tantos territorios y provocado por décadas graves conflictos socioambientales. Aunque el marco legal que regula la actividad extractivista fue modificado el año pasado, los autores del informe denuncian la continuación de tierras devastadas por los megaproyectos, el mantenimiento de las concesiones mineras en áreas naturales protegidas y la ejecución de técnicas peligrosas como la minería a cielo abierto o los pozos de carbón. “Después de todo el esfuerzo para que la ley del 2023 saliera adelante, ahora luchamos contra el riesgo de que la Suprema Corte la declare inconstitucional y la eche por tierra”, declara Merino, para quien “la sensación continua con este Gobierno” es que dan “un paso para adelante y dos para atrás”: “La pausa en la decisión de prohibir el glifosato es otro asunto que nos preocupa mucho”.
Tras la promulgación de un decreto que vetaba el uso de este plaguicida, y que tenía que entrar en vigor el pasado 1 de abril, el Gobierno mexicano decidió a finales de marzo posponer la prohibición del glifosato por no contar con alternativas viables que garantizaran el buen desarrollo del sector agrícola en el país. Una decisión que, en palabras de Merino, “supone un retroceso en el camino de impulsar políticas restrictivas con el uso de este plaguicida y tantos otros peligrosos para la salud”.
México tiene en la actualidad más de 200 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados en su territorio, de los cuales 154 están prohibidos en otros países. Entre ellos los insecticidas que están causando alta mortalidad de polinizadores. Por ello, es urgente que el nuevo Gobierno incorpore una política para su prohibición gradual y que mejore la estrategia de transición hacia una agricultura sustentable, exponen los expertos. También demandan al Gobierno una mejora en la regulación de la gestión de los residuos, a la que tildan de “fragmentada, desigual y objeto de una captura institucional”, así como a un cambio profundo en el sistema energético mexicano, representado en más del 80% de la oferta energética por los combustibles fósiles. Frente al predominio de un modelo obsoleto que acentúa la crisis climática, el grupo de académicos y ambientalistas proponen una transición energética que apueste por las fuentes renovables locales y que se acompañe de medidas como la prohibición de la obsolescencia programada o el fomento de la movilidad sustentable, entre otras propuestas.
La conservación de los ecosistemas es otra de las prioridades en la agenda propuesta para el futuro Gobierno. Los científicos y ambientalistas denuncian la pérdida de biodiversidad causada por la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos forestales y pesqueros, la degradación de suelos y cuerpos de agua, la contaminación y otros factores que tienen graves consecuencias para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud humana, la vulnerabilidad a desastres o las posibilidades de adaptación al cambio climático. “En la legislación actual no hay ni una sola medida para proteger a los océanos y estamos padeciendo más incendios que nunca”, manifiesta Merino. Según denuncia, mientras el presupuesto oficial para la protección y apoyo al manejo sustentable de los bosques a cargo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) cae drásticamente, los territorios forestales experimentan presiones y amenazas cada vez mayores debido al cambio climático, pero también a la tala ilegal y al crimen organizado: “El 70% de estas áreas están abandonadas y en manos de la delincuencia. Y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no cuenta con recursos para operar”.
Para revertir este dramático escenario, en la agenda socioambiental proponen que, además de incorporar criterios y buenas prácticas de conservación en los sistemas de producción agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros, se reconozca la existencia entre el estrecho vínculo de la conservación de los ecosistemas y la política social. “Recordemos que las regiones con más biodiversidad suelen ser las más pobres, marginadas y amenazadas por megaproyectos, el despojo de recursos, las injusticias y los conflictos socioambientales”, puntualiza Merino.
Los gobernantes no pueden olvidar que la desigualdad económica se traduce en desigualdad ambiental, concluye de forma tajante: “Al final, son las poblaciones con menos recursos quienes más expuestos están a los agrotóxicos, a la pobreza energética, a las sequías, las inundaciones y huracanes. Y son, precisamente, a quienes menos se les escucha. Por eso es hora de que el Gobierno deje de apostar por políticas de desarrollismo a costa de los ecosistemas y de la salud de la gente y tome de una vez en serio la voz de su ciudadanía”.
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